El gobierno argentino se maneja con un esquema ideológico "setentista"

OBJETIVO/ Kirchner pretende renacionalizar los servicios privatizados mediante la incorporación de capital nacional estatal y privado

El gobierno argentino se maneja con un esquema ideológico “setentista”

El sector empresarial está siendo violado con impuestos para que el Estado pueda financiar un gasto público corrupto y clientelista

Lo único rescatable pero vital de la actual política económica es que Argentina dejó atrás medio siglo de desastres fiscales que le hicieron perder el tren de la historia y pasó a tener superávit fiscales primarios altísimos, que representan más de 5% del PIB. Si bien la política de resultado fiscal es correcta, no estoy nada de acuerdo con que esté basada en un gasto público récord porque eso implica un grado de presión impositiva sin precedentes en nuestra historia y en el mundo actual sobre el sector privado, expresó el economista argentino José Luis Espert, a ECONOMÍA & MERCADO. A continuación se publica un resumen de la entrevista.


—¿Cómo evalúa la situación económica de Argentina?

—Argentina está creciendo a una tasa extraordinariamente alta, similar a la de China, después de haber sufrido el peor colapso de toda su historia. La magnitud de la caída en 2002 y el actual crecimiento se parecen mucho a la crisis y recuperación que tuvo Chile a mediados de los años setenta cuando estuvo a punto de caer en manos del comunismo De todas maneras, el caso argentino no es una excepción. En los últimos quince años se han visto fenómenos similares en una veintena de países emergentes, en donde luego de caídas abruptas también hubo grandes recuperaciones. Hoy las grandes interrogantes están planteadas con respecto a la duración y el grado de los niveles de crecimiento de la actividad económica de Argentina.


—¿Coincide con la proyección de un crecimiento de 4% del PIB en 2006 estimado por el gobierno cuando se presentó el Presupuesto para el año próximo?

—La tasa prevista de 4% es un piso y, por consiguiente, el crecimiento podría llegar a ser más alto. Me parece razonable que el gobierno tome algunos recaudos en función de que hay un cambio levemente negativo en la situación financiera y en los precios de los commodities en el mundo, al mismo tiempo que la inflación y la presión impositiva son demasiado altas en Argentina.


Política económica

—¿Qué opinión le merece la política económica del gobierno de Kirchner?

—Lo único rescatable pero vital es que con Duhalde, primero, y Kirchner, después, Argentina dejó atrás medio siglo de desastres fiscales que le hicieron perder el tren de la historia y pasó a tener superávit fiscales primarios altísimos, similares a los de Turquía, que representan más de 5% del PIB. Este logro es lo que nos permite discutir temas mucho más civilizados que antaño como, por ejemplo, la proyección de la tasa de crecimiento del producto en vez de andar adivinando la fecha del posible estallido de un programa económico debido a un déficit crónico en las cuentas del Estado. Hasta ahora —aunque en Argentina nunca digas nunca— hemos dado un salto de índole cultural importante. Por lo tanto, la política de resultado fiscal es correcta. Pero no estoy nada de acuerdo con que esté basada en un gasto público récord porque eso implica un grado de presión impositiva sin precedentes en nuestra historia y en el mundo actual sobre el sector privado. Por otra parte, en materia de reformas estructurales se está haciendo un verdadero desastre. Por ejemplo, el piquetero, que protegido por el gobierno corta calles y rompe autos y edificios, tiene más derechos que el que trabaja y paga sus impuestos; los objetivos de política monetaria del Banco Central cambian todos los días; no hay reglas de juego ni competitivas ni estables para invertir ya que todo se consigue en base al lobby y la presión sobre el gobierno; además, se está cerrando cada vez más la economía y eso que prácticamente acabamos de devaluar.


—¿Cuál es el actual nivel del gasto público y cómo se lo financia?

—Desde que Argentina devaluó su moneda en enero de 2002, el gasto público ha aumentado casi 60.000 millones de pesos. Ha venido creciendo a una tasa del 23% anual, equivalente al 1% del PIB por año, y ya está a un nivel del 25% del mismo, igual que en diciembre de 2001, que ha sido el punto máximo desde la Segunda Guerra Mundial. También los ingresos fiscales están en niveles récord ya que equivalen al 30% del producto. Pero como los impuestos son pagados por sólo dos tercios de los que trabajan y producen —porque el otro tercio los evade—, la carga tributaria de los que realmente cumplen con sus obligaciones fiscales representa el 45% del PIB, que supera en un 10% del producto a la media de las naciones emergentes y en un 5% del mismo al promedio de los países más desarrollados del mundo.
Desde 2002 la recaudación ha aumentado un 25% en términos reales, lo que equivale al 6% del PIB. No sólo es una cifra altísima sino que, además, contiene elementos muy distorsivos como la reaparición de las retenciones a las exportaciones como impuesto indirecto a las ganancias de los productores de bienes exportables, el impuesto al cheque, el no ajuste por inflación de los balances de las empresas, ni del mínimo no imponible en ganancias, etc. En resumen, el sector privado en Argentina está siendo violado con impuestos para que el Estado pueda financiar un gasto público corrupto y clientelista, que nunca fue tan alto como en la actualidad, y generar simultáneamente un superávit fiscal de 2.5% del producto después del pago del intereses para poder cancelar deuda con el FMI dado que el gobierno, luego de “defaultear” el acuerdo firmado en setiembre de 2003, ha decidido no reflotarlo.


—¿Continuará la política fiscal apuntando a la obtención de un excedente fiscal primario de 5% del PIB, lo que significa un superávit global del 2.5% del producto?

—Sí. El gobierno argentino se maneja con un esquema ideológico “setentista aggiornado” —recordemos a los montoneros en Argentina que son contemporáneos de los tupamaros en Uruguay— que ve al FMI como un cuco del imperialismo y, por tanto, no quiere firmar acuerdos con ese organismo; pero Kirchner tampoco le hace un default a esa deuda para evitar enemistarse con el Grupo de los Siete. En consecuencia, la única solución es el pago de las obligaciones que tiene Argentina con dicha institución, lo que requiere un nivel de superávit fiscal muy elevado que, a su vez, exige someter al sector privado formal a una carga impositiva monstruosa. Todo esto ayuda a que el programa sea consistente en la macroeconomía básica, pero esté a años luz de generar tasas de crecimiento similares a las de China, ni siquiera a las de Chile.


—¿Cómo calificaría a la actual política monetaria de Argentina?

—Como concepto general resulta difícil calificar a la política monetaria actual porque no existe como tal al haberse optado nuevamente por un régimen de tipo de cambio prácticamente fijo. Por consiguiente, Argentina tiene una política monetaria de dinero pasivo. El 75% de la acumulación de reservas que hace el Banco Central para dotar de un blindaje al programa económico lo termina realizando mediante la colocación de deuda remunerada en el mercado abierto, aunque dé la apariencia de que emite pesos continuamente. El riesgo no es cuán inflacionaria puede ser la política monetaria ya que sería absurdo pensar que un régimen de tipo de cambio fijo es inflacionario en sí mismo, sino cuánta desaceleración en la actividad económica puede provocar la suba en la tasa de interés que acarrearía la acumulación de reservas contra la deuda pública.


Inflación

—¿Cuál es la situación de Argentina en materia de inflación?

—La inflación subyacente en términos anualizados ronda el 12% desde hace casi un año. Esta cifra es baja si se la compara con las tasas de inflación que se registraron en los últimos treinta años y mucho más todavía contra la hiperinflación argentina de 1989. El problema es que hoy casi todos los países del mundo le han ganado la batalla a la inflación; entonces, una tasa de dos dígitos nos coloca entre las economías más inflacionarias del planeta, lo que constituye una muy mala noticia ya que ahuyenta a cualquier inversor sensato.
Además, la economía argentina se muestra muy sensible al aumento del índice de precios después de haber sufrido un fenómeno de hiperinflación no hace tanto tiempo. Eso quedó demostrado en el primer trimestre de este año porque, cuando la inflación anualizada llegó al 17%, la actividad económica dejó de crecer, habiéndose estancado por completo con respecto al cuarto trimestre de 2004 en términos desestacionalizados, aunque creció a un buen ritmo en la comparación interanual. Cuando en el segundo trimestre la inflación bajó, la economía volvió a crecer.


—¿A qué atribuye la tendencia ascendente de la tasa de inflación en el tercer trimestre de 2005?

—La inflación es el emergente de varios factores a saber: una demanda de bienes y servicios que crece a muy alta velocidad merced a que la salida de capitales de residentes argentinos hacia el exterior se detuvo a fines de 2002, a la fuerte entrada de capitales de extranjeros a la Argentina que se está registrando en 2005, a los aumentos de los salarios privados decretados por el gobierno, de las remuneraciones de los empleados públicos y de las jubilaciones, al incremento de la obra pública y, por otra parte, como no hay estado de derecho en Argentina sino un feudo manejado por un patrón de estancia que todos los días tiene un capricho distinto, la oferta crece a una baja velocidad. Además, el gobierno está cerrando la economía. Por lo tanto, la mayor tasa de inflación no obedece a un problema fiscal o monetario; se debe a que el programa económico es intrínsecamente inflacionario.


—¿Qué medidas antiinflacionarias podría imponer el gobierno luego que la semana pasada el presidente Kirchner reclamó a los empresarios “esfuerzo y madurez” en materia de fijación de precios?

—De hecho ya las ha impuesto y las va a mantener. Las retenciones a las exportaciones son una medida antiinflacionaria porque los precios de los comestibles son hoy mucho más baratos de lo que serían sin dicho impuesto a la exportación. Si las ventas al exterior de los alimentos, que son commodities exportables, no estuvieran gravadas con una retención, sus precios serían similares a los del mercado internacional. También hay control de precios en Argentina ya que el gobierno ha convocado a muchos sectores de la actividad económica a firmar acuerdos en esta materia so pena de mayores retenciones, como han sido los casos de los sectores avícolas, petroleros, frigoríficos, pollos, leche, etc. Otro recurso de la actual administración ha sido desempolvar investigaciones iniciadas hace una década por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor acerca de la existencia de una concentración excesiva en ciertos mercados, lo que ha llevado a imponer multas a aquellas empresas que suben sus precios como ocurrió con las cementeras.


Tarifas públicas


—Una de las medidas que el FMI le ha solicitado al gobierno argentino es que autorice el reajuste de las tarifas de los servicios públicos. ¿Es factible que se acepte esa recomendación teniendo en cuenta la actual tendencia alcista del índice inflacionario?

—Si bien algunos funcionarios del FMI han hecho declaraciones a la prensa acerca de la necesidad de un reajuste de las tarifas públicas, no hay ningún documento oficial en donde figure el pedido de suba en esos rubros. Pero lo cierto es que en el acuerdo firmado con el FMI —hoy caído— se establecía que Argentina iba a reformular todos los contratos con las empresas privatizadas para promover al máximo posible la inversión privada, lo que suponía un ajuste de tarifas. No obstante ello, el gobierno seguirá con la estrategia actual que consiste, por un lado, en subir las tarifas a las industrias mientras les aprueba políticas activas que les permiten acrecentar su rentabilidad a cambio de que no trasladen a precios los mayores costos y, por otro lado, en aumentar apenas la tarifa residencial.

—¿Cuáles han sido los motivos de esa estrategia del gobierno argentino?

—Cuando Kirchner asumió la presidencia en mayo de 2003 era consciente de que había ganado las elecciones con sólo el 22% de los votos emitidos gracias al apoyo de Duhalde. Dada su debilidad original supuso, con razón, que el poder político que tenía no le era suficiente para sostener una lucha con el FMI. Entonces, en setiembre de ese año prefirió acordar con el organismo multilateral de créditos sin oponer mayores reparos a las condiciones pactadas —entre ellas, se incluía un punto dedicado a la regularización de todos los contratos con las empresas privatizadas— porque, seguramente, pensaba dejar de cumplirlo una vez que la economía argentina estuviese estabilizada y él contase con una base política más firme. La ausencia de una autorización de esa naturaleza hasta la fecha no es un hecho casual o circunstancial, sino que es un medio para lograr el objetivo de que el capital extranjero que ingresó a la Argentina en la década de los noventa a través de las privatizaciones sea reemplazado por capital nacional estatal y privado.


—¿Qué evidencias le permiten hacer esa afirmación?

—Los aumentos de tarifas que se han dado a las empresas privatizadas han ido a parar a fideicomisos manejados por el Estado para, desde ahí, decidir las inversiones. Por ejemplo, el Correo Argentino volvió a ser estatal, lo mismo pasó con una aerolínea, Lafsa, idéntica situación ocurrió con todo el sistema de radarización que estaba en manos privadas, se ha creado nuevamente una empresa pública de energía, Enarsa, y los ferrocarriles comienzan a estar en manos del Estado como el Belgrano Cargas.
Por otro lado, al mantener “defaulteados” los contratos con las empresas privatizadas, el gobierno está logrando su objetivo: en Edenor, Transener y, recientemente, en Aguas Argentinas, el capital extranjero se está yendo del país y entran empresarios amigotes de Kirchner. Después tenemos a los que viven de la obra pública que realiza el gobierno y los que han obtenido pingües ganancias con el cierre de la economía en el medio de un boom de demanda interna como el que vivimos. Hoy diez años después de haber circunscrito la apertura de la economía al corralito del Mercosur, la industria argentina ni siquiera puede competir con la brasileña. El gobierno ha tenido que establecer una serie de trabas aduaneras para detener las importaciones de textiles, automóviles, heladeras, lavarropas, zapatos, baterías, etc. procedentes de ese país, con el agravante de que cualquier sector que plantee una queja recibe protección oficial.


Deuda pública


—¿Es factible que Argentina pueda emitir nueva deuda en el mercado internacional mientras continúen en default U$S 20.000 millones de acreedores privados?

—El gobierno puede emitir deuda, pero tiene que ajustarse a la realidad del mercado. El 21 de setiembre pasado no pudo colocar U$S 800 millones de bonos con vencimiento en 2015 porque el mercado no le convalidó la tasa de interés que pretendía pagar. Mientras que los inversores estaban dispuestos a adquirir los títulos con una TIR (tasa interna de retorno) del 8.8% anual, las autoridades argentinas obcecadamente exigieron un nivel de 8.5%. Así fue que la licitación terminó desierta y si ahora se volviera a realizar, habría que pagar un interés cercano al 9% porque la situación financiera internacional empeoró.


—Si bien hoy Argentina encuentra dificultades para conseguir financiamiento, ¿es conveniente que intente endeudarse con acreedores privados para desendeudarse con el FMI?

—Me parece absurdo querer endeudarse a tasas del 8%-9% en el mercado global cuando se tiene la posibilidad de acordar con el FMI, lo cual habilitaría al gobierno a refinanciar deuda con un interés del 4%, que es la tasa de un préstamo stand-by a tres años que tomó Argentina en setiembre de 2003. Sin embargo, hay que tener presente que Kirchner siempre ha dicho que él no va a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y estas se dan “de patadas”, al menos por ahora, con lo firmado por el propio presidente en aquella fecha y con los objetivos que tiene para el futuro.


—¿Por qué cayó el acuerdo firmado con el FMI en 2003?

—Ese acuerdo cayó porque Argentina se comprometió a renegociar, lógicamente en buenos términos, los contratos con las empresas privatizadas para que el capital extranjero permaneciera en el país y, de hecho, aumentara. En cambio, el gobierno mantuvo el default de dichos contratos para que los titulares de las compañías de servicios públicos fueran reemplazados por empresarios nacionales. Kirchner también prometió sancionar una ley de responsabilidad fiscal que fijara un límite muy claro al gasto público, pero la normativa aprobada bien podría llamarse de “irresponsabilidad fiscal”. No se puede calificar de otra manera a una legislación que apunta a poner un límite al gasto público, pero que al definir dicho gasto excluye prácticamente a todo aquel sujeto a límite. Asimismo, el gobierno acordó que iba a comenzar a eliminar las retenciones a las exportaciones a partir del 1º de enero de 2005. Sin embargo, hasta ahora, no han desaparecido ni lo harán desde ningún punto de vista porque, lamentablemente, ese instrumento es para este gobierno una de las claves para mantener los precios bajo control y alcanzar el superávit fiscal. Finalmente la renegociación de la deuda a la que Argentina se comprometió fue una que lograra una deuda sostenible —luego de una quita, como es obvio— y una amplia participación de los acreedores, que cubriese a un 90% de ellos aproximadamente como ocurrió en las reestructuraciones soberanas que hubo en la última década. Si bien se logró una quita en valor presente del 55%, la aceptación sólo fue del 76%. Además, la estrategia para los hold-outs (bonistas que no entraron en la renegociación de la deuda) ha sido darlos de baja de las estadísticas oficiales, lo cual el FMI no aceptará nunca.


Mercado de capitales


—¿A qué obedece el ingreso masivo de capitales que han hecho disparar hacia arriba las cotizaciones de los bonos y acciones en Argentina?

—Hay un elemento que generalmente no se tiene en cuenta. En la actualidad, las cifras de capitales que ingresan al mundo emergente son semejantes a aquellas que marcaron records a mediados de la década de los noventa antes de la crisis del sudeste asiático, seguida después por las de Rusia, Ecuador, Brasil, Turquía y Argentina. Mientras que en 1996 el monto de capitales privados que ingresaron a los países emergentes era de U$S 350.000 millones anuales, últimamente su nivel ha estado en los U$S 300.000 millones, que están muy cerca del máximo histórico después de haberse reducido a un mínimo de U$S 50.000 millones en 2002. Ese es un fenómeno internacional y no un fenómeno particular de Argentina.
En realidad, la pregunta que nos deberíamos formular es por qué sólo ingresa en Argentina un tercio de los capitales que llegaban en los mejores años de la convertibilidad. De todos modos, esos fondos han reactivado significativamente al mercado local de títulos que están ajustados por inflación. Paradójicamente, hoy, una noticia negativa como es la tendencia alcista de los precios internos al consumo ha provocado en el corto plazo una valorización extraordinaria de algunos papeles. En resumen, el optimismo del mercado de capitales, por un lado, responde a un fenómeno mundial —aunque hoy se ha debilitado— y, por otro, es el resultado de una “bicicleta” financiera, por la cual más inflación genera un alza de los bonos en pesos ajustados por dicha variable.


Difícil acuerdo con el FMI


—¿Se podrían acelerar las negociaciones con el FMI luego de las elecciones legislativas y provinciales del 23 de octubre?

—Creo que no porque la negativa a tener un programa avalado por el FMI representa un hito de la política económica del gobierno, que puede mostrar que no se somete a “los dictados del representante del imperialismo mundial”. Sin embargo, Kirchner necesita alcanzar un acuerdo con ese organismo internacional si quiere pasar tranquilo un año electoral como el de 2007 con un programa financiero holgado. Dado el cronograma de vencimientos de capital que tiene el programa de la deuda con el FMI, Argentina puede postergar algunos pagos de capital en 2006, pero los mismos se transforman en impostergables al año siguiente. Ello significaría la acumulación de unos U$S 5.000 millones entre intereses y vencimientos de capital que no podrían trasladarse para el año 2008 de no firmarse un nuevo acuerdo.

La confianza se basa en el superávit fiscal


—¿Qué méritos ha hecho el gobierno de Kirchner para restaurar la confianza empresarial?

—El mérito de Kirchner es haber profundizado la política ortodoxa de resultado fiscal —aunque no de gasto público— que ya había comenzado Duhalde en 2002. A partir de esa consolidación fiscal Argentina pudo evitar la hiperinflación que era el fenómeno que todos esperaban en aquel año de la megadevaluación. Ese impacto positivo permitió que el gobierno actual lograra una ganancia de credibilidad muy grande al comienzo de su mandato. Esa es la base de la confianza en Argentina por parte de los inversores al menos en el corto plazo.


—¿Tiene el presidente Kirchner verdaderas intenciones de avanzar en las reformas estructurales que requiere la economía argentina?

—Si los objetivos de la actual administración consisten en desarrollar un capitalismo de origen nacional con bases espurias como el default de los contratos con las empresas privatizadas, el incremento del gasto público a través de la obra pública y el cierre de la economía al comercio exterior, más vale que no haga ninguna reforma estructural. En ese sentido, Argentina necesita la inversa, o sea, respeto de los contratos, estado de derecho, presión impositiva y gasto público bajos, apertura de la economía, etc.