Inflación es general (pero se puede frenar)

Para desacelerar la inflación, el gobierno tiene que parar con el aumento del gasto público, no hacer más paquetes fiscales tipo Plan Navidad, no aflojar más las condiciones para que los bancos presten, abrir la economía, dejar de fijar salarios por decreto y parar de enviar a los “gordos” de la CGT para que “aprieten” a empresarios. Los acuerdos de precios son absurdos porque 85% del IPC ya tiene inflación .

Por más que le duela en el alma a nuestro retrógrado progresismo, fue el ajuste fiscal ortodoxo de Duhalde primero y Kirchner después el que evitó la hiperinflación causó una violenta caída en la salida de capitales por u$s 20.000 millones (casi 20% del PIB) que, desde fines de 2004, ya está siendo acompañada por entrada de fondos de extranjeros.

Pero para el gobierno no era suficiente, faltaba más. Era necesario demostrar que el 20% de votos con los cuales asumió constituían una amarreta demostración de su ascendiente en la sociedad, que había cortado el cordón umbilical con Duhalde y que su proyecto transversal era posible. Entonces un primer objetivo central de política era crecer mucho, a tasas chinas de ser posible, no importaba cuánto tiempo.

Por eso, el gasto público incluido los intereses de la deuda y las Provincias, ya creció $31.000 millones y “pinta” para redondear otros $20.000 millones a la luz del presupuesto nacional y el de las provincias para 2005.

Pero tampoco alcanzaba esto para Kirchner. El crédito bancario al sector privado que había llegado a caer hasta 30% anual hacia fines de 2002, en mayo de 2004 tímidamente comenzaba a crecer y hoy ya se está expandiendo al 35% anual. Encima, desde que asumió Martín Redrado en el BCRA, se han relajado muy fuertemente las normas para el otorgamiento de préstamos al punto que el gran “castigo” que recibe quien defaulteó un crédito bancario es el otorgamiento de una nueva facilidad para que se pueda poner al día.


Protecciones

En el medio aparecia un segundo objetivo político que consistía en desarrollar un capitalismo de origen nacional basado en la sustitución de importaciones. Han habido protecciones para textiles, autos, termotanques, heladeras, lavarropas, calzados, juguetes, etc.

El tercer objetivo que Kirchner se propuso fue la restauración de la “movilidad social ascendente” o lo que es lo mismo pero en criollo: mejorar la distribución del ingreso. De paso, se insuflaba más “gas” a la demanda doméstica. Para el pintoresco progresismo local al capitalista hay que sacarle todo lo que se pueda vía impuestos y luego redistribuirlo a favor de los que no tienen porque lo que le sobra al empresario argentino después de pagar sus gastos y consumos, lo fuga al exterior (afectando negativamente la demanda interna) y mucho peor todavía si ese capitalista es un extranjero.

Así es que desde 2002 el gobierno ha recaudado un fenomenal impuesto sobre la inflación en los balances de los empresarios al no ajustarlos por inflación en un monto cercano a los $5.000 millones, que crece a los $5.500 millones al sumarle que el mínimo no imponible en bienes personales no fue ajustado luego de la devaluación y llega a los $16.000 millones si agregamos las retenciones a las exportaciones.

Pero faltaban aun más y lo más importante : el aumento de salarios. Desde mediados de 2002 el gobierno decretó 6 sumas fijas no remunerativas (julio 2002; enero, marzo y mayo de 2003; enero de 2004 y enero de 2005) de las cuales 2 fueron incorporadas al salario bruto (en julio de 2003 la de mayo 2003 por $200 y en abril de este año la de enero pasado por $50) y 8 veces subió el salario mínimo para llevarlo de $200 en julio de 2003 a $450 en setiembre de 2004, lo cual implicó una suba del costo laboral de $22.000 millones más de 6% del PIB que sumados a los $16.000 millones anteriores da un total de $36.000 millones de transferencias para mejorar la distribución del ingreso que, además, en la lógica del gobierno también serviría para acelerar el crecimiento.

Tampoco fueron suficientes 14 aumentos de salarios por decreto. Hacía falta más. Entonces el gobierno mando a los gordos de la CGT a negociar salarios con la UIA, mientras que el Ministerio de Trabajo participaba y participa en las negociaciones como un abogado de los derechos de los trabajadores y no como un árbitro. Es juez y parte . Así es que vino un segunda ola de aumentos de salarios en el segundo trimestre del presente año.