Las provincias licuaron pasivos por U$S 11.000 M

El canje de deuda por el que las provincias delegaron en la Nación el pago del 90% de sus pasivos con entidades financieras y más del 50 % de sus títulos públicos, ambos previamente pacificados, le permitió al conjunto de las gobernaciones licuar su deuda en dólares en unos U$S 9.700 M.

Si además se considera el rescate de los $4.500 M de cuasi monedas que será financiado por e BCRA, la licuación sumaría otros U$S 1.500M.

La comparación surge de los últimos datos sobre la deuda de las provincias que dispone la Secretaría de Hacienda. Alí surge que el stock de pasivos al 31 de diciembre de 2002 era de $68.531 M, lo que tomando en cuenta a un tipo de cambio a $3,37 implica un total de U$S 20.335 M. La licuación surge evidente al comparar contra los U$S 30029M que las jurisdicciones adeudaban al cierre de 2001.

Así, las provincias lograron una engañosa mejora de su perfil de endeudamiento, fruto de haber pacificado a $1,40 un total de U$S 14.000 M que fueron incluidos en el canje nacional en el que se emitieron los préstamos garantizados (U$S 9.500 M de pasivos bancarios y U$S 4.500 M de bonos)

Esta operación se concretó merced a los compromisos asumidos por la Nación en el último pacto fiscal del 27 de febrero de 2002 en el que el ex presidente Eduardo Duhualde hiciera numerosas concesiones a los reclamos provinciales.

El virtual maquillaje de este indicador clave del consolidado provincial viene a cerrarse justo cuando las jurisdicciones atraviesa su mejor momento fiscal en los últimos años, ya que el aumento de la recaudación nacional les permitió lograr durante el 1er. Trimestre un superávit de $420 M, siendo que el FMI toleraba que registren un déficit máximo de $350 M.


En la visión de José Luis Espert, tanto la operación de canje como el rescate de las casi monedas implican "un escándalo que pasó desapercibido en medio de la crisis".

"¿Cuál es el incentivo de los gobernadores a ser responsable en el manejo de los recursos públicos si la Nación se hace cargo de los desaguisados?", se pregunta Espert.

Si bien las provincias deben responder los cupones que Nación pague a través de retenciones a la coparticipación, Espert lo considera como una "nacionalización", porque sospecha "compensaciones posteriores".