Las provincias, fábrica de pobres

¿Cómo es posible que después de 6 años de puro distribucionismo para garantizar la "movilidad social ascendente", casi todos los gobernadores de provincia que hoy se reúnen con la Presidenta pidan más plata, entre otras razones, para luchar contra la pobreza (ya en 35%)? A tal punto llega la paradoja que hasta Francisco de Narváez, el gran ganador de las elecciones del domingo 28 de junio, ha dicho a quien quiera escucharlo que hoy, el principal objetivo de la política económica debería ser la lucha contra la pobreza y la indigencia.

¿Qué hicieron los progresistas kirchneristas con casi $340.000 millones de más gasto público ($190.000 millones la Nación y $146.000 millones las provincias) respecto del momento previo a que comenzara "el período de crecimiento económico más importante en toda la historia de la argentina" como no se cansa de repetir la Presidenta, para que el tema de la pobreza siga al tope de la agenda política y económica?

El problema de fondo es que la manera de combatirla por parte de nuestros gobiernos, no hace más que perpetuarla. Es el intervencionismo distribucionista el que, al cerrar la economía, agrandar al Estado hasta límites inimaginables, distorsionar todos los precios con personajes como Guillermo Moreno y depredar ahorros (depósitos y jubilaciones de capitalización) de manea serial, genera mucho empresario rentista del Estado, políticos corruptos, un pueblo con poca propensión al esfuerzo y continuas crisis económicas.

Específicamente, en el plano fiscal, el intervencionismo distribucionista crea películas cargadas de cinismo como las que vemos hoy en el diálogo político: gobernadores que no recaudan nada a nivel provincial, que viven de la coparticipación federal de impuestos y las transferencias que a discreción les gira la Nación (las reciben sin hacer ningún esfuerzo serio) y sin embargo, piden cada vez más y más dinero al gobierno central argumentando alguna ley o decreto que la Casa Rosada no ha respetado a pie juntillas en el pasado, por lo que se ha devengado una supuesta acreencia a favor de la provincia.

Hipocresía.

Entre 2003 y 2009 y a precios constantes, las Provincias van a recibir $441.000 millones de ingresos por coparticipación, $151.000 millones más (suba del 52%) que en los 7 años previos (1994-2000). Además, por transferencias discrecionales desde el gobierno central harán caja por otros $131.000 millones, $72.000 millones (120%) más que entre 1994 y 2000, totalizando la enormidad de $223.000 millones adicionales.

Sin embargo, los gobernadores andan penando por cuanto despacho oficial se les abra en Buenos Aires porque parece ser que la Nación no les giró varios miles de millones que les correspondían, cosa que de ninguna manera está claro porque desde 1992, se han hecho tantos cambios (siempre avalados por los hoy quejosos gobernadores y la escribanía del Congreso) que ya no se sabe a ciencia cierta cómo debería repartirse la torta de los impuestos que se recaudan a escala federal (IVA, Ganancias, Cheque, etc.). Es más, este reclamo ya ocurrió cuando la convertibilidad languidecía y antes también con Alfonsín, o sea, desde casi siempre.

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La verdad, a los gobernadores de provincia, nunca les alcanza ningún dinero. Y el centro del problema es que, en promedio, el 60% de los ingresos de las Provincias los perciben sin necesidad de que gasten ningún esfuerzo recaudatorio porque les gotea de manera automática desde el Banco Nación o porque le juran fidelidad eterna al presidente de turno. Lo que se gana sin esfuerzo se dilapida.

Además, cuanto más pobre es la provincia, más profunda es la redistribución de impuestos, cosa que agrava el desmanejo de los recursos. Por ejemplo, Chaco, medalla de bronce de la redistribución fiscal, históricamente a nivel local sólo recaudó entre el 9%/10% del total de sus ingresos (90% le llegan "de arriba”) y sin embargo siempre ha tenido los registros más altos de pobreza e indigencia del país (a los cuales ahora hay que agregarles el dengue).

O sea, a pesar de la redistribución de impuestos que hay entre provincias, la sociedad chaqueña sigue empobrecida y sus gobiernos se suceden sin solución de continuidad proponiendo la lucha contra la pobreza como elemento central de su política económica. Hay muchos otros ejemplos como el del Chaco (Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, etc.) y todos tienen, como mínimo, dos denominadores comunes: no recaudan casi nada a nivel local y sufren de manera lacerante la pobreza y la indigencia.

Entonces, si recibir dinero sin esfuerzo ayuda a perpetuar los sistemáticos reclamos provinciales por mayores fondos del gobierno federal y al mismo tiempo no soluciona los problemas que debería, por ejemplo, la subeducación y la pobreza ¿porqué no cambiar?

Por ejemplo, ¿porqué no eliminar la coparticipación de impuestos y las transferencias discrecionales desde la Nación a las Provincias ($100.000 millones en 2009), bajar alícuotas o eliminar algunos impuestos federales, atender la educación de manera centralizada (piedra preciosa para el crecimiento sostenido) y luchar contra la pobreza en las provincias con transferencias directas desde el gobierno central a las familias pobres en vez de que las administren los gobernadores y su séquito de punteros, asesores y amigotes? Luego, si a ellos les gusta tener enormes gabinetes o legislaturas con miembros que ganen como Leo Messi, que les cobren impuestos de manera salvaje a los ciudadanos que después se va a cruzar por la calle todos los días, a ver si pueden.

Obvio que la eliminación de todo el sistema de transferencias habría que hacerlo en el marco de un nuevo programa económico, opuesto al "modelo productivo", que les permita a las provincias (cuna de la producción agropecuaria) disfrutar de los precios internacionales de los bienes que producen y la libertad de comerciar, para lo cual habría que eliminar las retenciones a las exportaciones y las prohibiciones y limitaciones a exportar que hoy existen. Es cierto que esto blanquearía un desempleo encubierto en las provincias cercano al 4% de la PEA, con lo que el desempleo verdadero no estaría en el 13% de hoy sino en el 17% (obviamente lejos de la ilusión del INDEK de 8,4%). Para esto es que deben existir subsidios…explícitos y transitorios.

Sin embargo, cuando nuestros políticos hablan de "apoyar a las economías regionales" lo hacen en el sentido de sacarle dinero a la Nación a cambio de votos a favor del presidente de turno, para luego ir a su provincia, repartirla y que el sector privado les prenda una vela (y algo más) todos los días. De esa manera, el político del interior, jamás pedirá para su provincia el desmantelamiento del infierno de regulaciones para exportar que los Kirchner han armado. Eso es clientelismo y del bien retrógrado. No es progresismo.

En Argentina, al revés de los que tratan de hacernos creer los Kirchner y todos sus satélites públicos y privados, no hay política económica más progresista que la liberación del comercio exterior porque en las provincias está el núcleo de la generación de materias primas básicas y los mayores niveles de pobreza.

(*) Nota publicada en La Nación, página 6 Sección Economía & Negocios, el 09-08-2009