Argentina quiere blindarse ante todo

25 May
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En Argentina, cuidar las reservas internacionales del Banco Central se ha convertido en la nueva política de Estado, a pesar de que hace poco más de un año, cuando los commodities exportados por el país alcanzaban precios récord y la economía internacional todavía crecía, el stock de reservas en el Central llegó a los US$ 50.000 millones.

A partir del segundo semestre de 2008, el cambio en la coyuntura internacional, que redujo sensiblemente el valor de las exportaciones y los desaciertos en términos de política económica del Gobierno, como la estatización del Sistema Previsional, provocó una caída de las reservas internacionales de US$ 3.500 millones, con lo que a fines de 2008 quedaron en el mismo nivel de diciembre de 2007. En lo que va de 2009, sólo disminuyeron 18 millones. En casi un año y medio, con un saldo comercial récord, las reservas se mantienen prácticamente constantes.

En la actualidad, tanto la economía nacional como la internacional están en recesión, con precios de exportación 40% menores al máximo en 2008 y una fuga de capitales que no cede desde abril del año pasado y que se encuentra en un promedio mensual de US$ 1.200 millones. De ahí la preocupación del Gobierno argentino por demostrar fortaleza monetaria.

Debido a ello, muchas de las políticas llevadas a cabo últimamente por el Estado buscan proteger a toda costa las reservas internacionales. Las restricciones al comercio y al movimiento de capitales, además de ayudar a cumplir este objetivo, están en línea con la retrógrada ideología de la Cepal de Prebisch, con el desarrollo industrial y su proteccionismo para la sustitución de las importaciones como estandarte.

Los empresarios industriales, por su parte, posan frecuentemente en la foto con la Presidente y son acérrimos defensores de la idea del "Vivir con lo Nuestro". Tal y como era de esperar de un sector que históricamente ha mantenido un espíritu contestatario con los productos que vienen del exterior.

Durante los noventa, cuando Argentina tenía un régimen de convertibilidad de su moneda (dólar fijado por ley del congreso más respaldo en divisas del 100% de la emisión monetaria del Banco Central), se encareció tanto en dólares debido a que la inflación llegó a niveles internacionales recién a fines de 1995, que directamente le importaba a países ricos como Estados Unidos y Europa, razón por la cual tenía grandes déficit comerciales con el primer mundo. Era una etapa de importantes superávit comerciales con Brasil y luego de 1995, con el Mercosur.

Cuando en 2002 el peso argentino se devaluó 60% en términos reales, transformando al país en una auténtica fábrica de pobres, a las únicas naciones del planeta que le podíamos comprar productos importados eran a nuestros vecinos. De esta manera, durante el modelo productivo Argentina tuvo grandes déficit en su comercio exterior con el Mercosur y superávit con Estados Unidos y Europa. La situación inversa a la de los noventa.

Así, los industriales argentinos, al igual que el Gobierno de turno, siempre encuentran a alguien para usar de chivo espiratorio. Antes se quejaban de la invasión importada proveniente del país del Tío Sam y el Viejo Continente. Hoy lloran amargamente por la "depredación" que sufren a manos del Mercosur y de China.

Por supuesto que los Kirchner no hicieron oídos sordos a este reclamo, utilizando la actual crisis internacional para justificar sus acciones. Por medio de un sinnúmero de resoluciones, totalmente opuestas al espíritu del Mercosur (al igual que las retenciones) y por la caída en el consumo interno, han logrado que las importaciones se contraigan un 36% a/a en el primer trimestre de 2009, una cifra que permite a Cristina Kirchner continuar haciendo propaganda sobre el abultado superávit comercial, a pesar que las exportaciones cayeron un 26% a/a en el mismo período.

La otra pata de esta visión de industrialismo setentista de la economía, es que los alimentos y el petróleo están sólo para alimentar y dar energía a los argentinos y mientras menor su precio, menor serán los costos para las industrias y de esta manera aumentará su competitividad, dado que los pocos que pueden producir los tan preciados dólares en Argentina son las industrias que compiten con las importaciones.

El caso paradigmático es el mercado del trigo. Desde hace tres años que se vienen estableciendo subsidios (financiados con aumentos en los impuestos a las exportaciones agropecuarias) dirigidos a los molinos que lo procesan para el consumo interno y la imposición de permisos para exportar emitidos por la Secretaría de Agricultura argentina. A su vez, el criterio de esta oficina estatal para expedirlos, es calcular la producción de cada año, estimar luego el consumo interno y recién por diferencia establecer el máximo saldo exportable. Cualquier parecido con la planificación soviética del siglo pasado no es sólo casualidad.

La intervención del Estado en el mercado llega al absurdo de que en situaciones en las que escasea el trigo ya sea por malas cosechas como por exceso de demanda, su precio baja en vez de subir porque las exportaciones se restringen de tal manera que termina "sobrando" del dorado grano. Un poco de eso está ocurriendo hoy en Argentina.

Parecería ser que en el oficialismo no están familiarizados con la teoría de los incentivos, cuestión que provoca que luego de la extraordinaria cosecha de la campaña 2006/2007 de 12 millones de toneladas, se pase a las 8,5 millones de toneladas (30% menos) en 2007/2008. Como el consumo interno está en las 5,5 millones de toneladas, el saldo exportable llega a insignificantes 3 millones de toneladas. Para peor, se estima que la superficie sembrada en 2009/2010 será casi un millón de hectáreas menor (3,7 contra 4,5 de 2008). Sumado a los bajos rindes por la sequía, es probable que el país que en el pasado ha sido el granero del mundo tenga que importar trigo para el abastecimiento de su pueblo. Una realidad lamentable.

El sombrío panorama que presenta 2009, sumado a las ya probadas ineficientes políticas públicas para amortiguar la recesión, genera gran incertidumbre en los agentes. Muestra de esto es la aceleración de la fuga de capitales durante marzo y abril, que alcanzó 12% y 7% del PIB respectivamente. Pero en este ámbito la maquinaria K también se puso en marcha.

A fines del año pasado, para evitar la sangría de dólares por parte del sector privado (que llegó al 15% del PIB en octubre luego de la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el BCRA impusieron trabas al "contado con liqui". La operación era simple, los inversores argentinos compraban con pesos argentinos acciones de empresas o bonos que cotizaban en algún mercado en el exterior para luego vender rápidamente los títulos y hacerse de dólares en el extranjero. Por esta vía se evitaba el mercado único y libre de Cambios (MULC) regulado por el Central.

A partir de la comunicación "A" 4.864 del BCRA del 3 de noviembre y las posteriores resoluciones de la CNV, se estableció que las entidades e intermediarios financieros deberán mantener los títulos en su cartera por lo menos 72 horas. De esta manera se agrega un componente de riesgo a la transacción, haciéndola menos atractiva. Además de la limitación en la cantidad diaria permitida para girar dólares (disminuyó de US$ 600.000 a US$ 100.000) y en el máximo mensual, bajándolo a US$ 2 millones.

A estas restricciones estatales a la libre elección de portafolios hay que agregarle la resolución 554/09 de la CNV del 8 de mayo y la comunicación "A" 4.940 del BCRA de 12 de mayo. Por medio de ellas las entidades e intermediarios financieros no podrán llevar a cabo operaciones bursátiles en países que se encuentran listados en el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias (1.344/98), entre los cuales figura Uruguay.

El argumento oficial para justificar estas últimas medidas es que se adaptan a los pedidos en la última reunión del G-20 acerca de profundizar la lucha contra la evasión impositiva, penalizando a las regiones llamadas "paraísos fiscales", aunque Uruguay no figura en la lista oficial de la OCDE. Es más, ante la posibilidad de estar incluido ha comenzado llevar a cabo cambios en las leyes para la prevención y el control del lavado, pero todavía no se avanzó sobre el secreto bancario, como pretende Argentina.

Sin embargo un Gobierno como el de los Kirchner, que le ha declarado la guerra a las instituciones internacionales, en especial al FMI, que en propio suelo americano ha recomendado a la principal potencia mundial que debería pensar un "plan B", que no ha respetado ni de cerca los principios por los cuales se creó el Mercosur, con la imposición de retenciones y aranceles a las importaciones, difícilmente lleve a cabo medidas para respetar lo pautado en la cumbre internacional del G-20. La razón es claramente otra. Tanto las restricciones al comercio como las referidas al libre movimiento de capitales están orientadas a evitar la pérdida de reservas ante ataques de desconfianza de los inversores, que parece ser la única fortaleza que aún le queda a un modelo anacrónico.

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