Siete años después de la crisis económica, política y social más profunda de la historia argentina el escenario actual permite ver similitudes y diferencias respecto de lo acontecido en aquel entonces.
El bienio 2001-2002 fue la conclusión de cuatro años de recesión y del modelo de la convertibilidad. A causa de la irresponsabilidad fiscal financiada en el exterior, se sucedió la consecuente apreciación del tipo de cambio y déficit de cuenta corriente. Cuando en 1997 la crisis del sudeste asiático modificó la percepción de los inversores acerca de las economías emergentes, se cortó el flujo de capitales hacia los países en desarrollo. Argentina por supuesto no fue la excepción. Finalmente sucedió lo inevitable y de manera simultánea: ajuste fiscal, devaluación y default de la deuda pública.
La actual administración parece haber olvidado las causas de aquella crisis y cometió, durante seis años, los mismos errores. Sin embargo, gracias a un contexto internacional más que favorable, recién en 2008 comenzaron a sentirse los efectos de las insostenibles políticas económicas del Gobierno K.
Para empezar, en el presupuesto 2009 el Gobierno ha proyectado un exagerado superávit de US$ 8.400 millones (3% del PIB). Pero, el gasto primario debe crecer sólo al 10% anual para que se cumpla este pronóstico. Un escenario que parece más bien de una película de ciencia ficción, dado que desde que asumió el matrimonio Kirchner, el gasto público nunca se incrementó en menos del 25% anual. Además, hay que destacar que cada tres años duplicaron el gasto nominal. Un logro que sólo es superado, en los últimos treinta años, por la trágica dupla Menem-Cavallo en los noventa.
Por ello, es cada vez menos probable que se repita el superávit primario de los ejercicios anteriores. Un verdadero mamarracho considerando que la recaudación creció entre 2003 y 2008 nada menos que US$ 52.500 millones (10% del PIB).
Las provincias argentinas no se encuentran en mejor posición que el gobierno nacional. Entre 2003 y 2006 sus ingresos aumentaron US$ 33.000 millones (3,2% del PIB). En 2009, a menos que los gobernadores se inmolen políticamente con un menor crecimiento del gasto, pueden llegar a tener un déficit de hasta US$ 3.800 millones (1,4% del producto).
Al igual que sobre el final de la convertibilidad, el Gobierno está quebrado fiscalmente. Están tan comprometidos que en marzo del 2008, tras la resolución 125 (proyecto para aumentar, en la práctica, los derechos de exportación al maíz, trigo, soja y sus derivados), iniciaron una confrontación suicida con el campo que derrumbó su imagen y dio los primeros avisos de una fuerte desaceleración de la actividad. Al fracasar el intento por confiscar las ganancias del agro y con el valor de la soja a menos de la mitad, en octubre, optó por robar la plata de los ahorros en las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).
Con esta maniobra el Estado se hizo de US$ 23.400 millones (8,4% del PIB) de activos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, US$ 4.700 millones (2% del producto) de recaudación de las ex AFJP y US$ 1.600 millones (0,6% del PIB) por el ahorro en vencimientos de capital e intereses de la deuda pública. Pero el manejo discrecional de las reglas de juego y la burla a las instituciones tuvo sus costos. Solamente en octubre de 2008 se fugaron capitales por un 15% del PIB. Esto sumado a la disminución de los precios de los commodities exportados por el país y la contracción del comercio internacional en cantidades, puso a la economía en recesión durante 2009. La caída en el producto compensará la ganancia originada por la eliminación del sistema de capitalización.
Pero esto tampoco fue suficiente, por lo que entre enero y febrero de 2009 se llevó a cabo un canje de Préstamos Garantizados, del cual su primera fase fue una colocación de nuevos bonos de manera cuasi compulsiva y los resultados no fueron otra cosa que pura publicidad. De todos modos, neto de los pagos de las nuevas obligaciones (Bonar 2014), el Gobierno logró ahorrarse US$ 1.460 millones (0,5% del producto) de menor pago de deuda en 2009, pateando los vencimientos para quien sea Presidente en el próximo mandato.
A pesar de estos esfuerzos, tampoco se llegaba a las elecciones legislativas de octubre con el aire necesario para soportar el gasto de la campaña electoral. De ahí la necesidad de adelantar los comicios al 28 de junio y no porque "la crisis internacional (…) hace aconsejable acortar ese espacio de propaganda electoral" como se afirma en el mensaje del proyecto de ley enviado al Congreso.
De haberse respetado los tiempos establecidos, los pagos de deuda relevantes (sin intra sector público ni el capital a Organismos Internacionales que se refinancian en su mayor parte) eran US$ 6.200 millones (2,2% del PIB). Si el oficialismo logra imponerse y adelanta las elecciones, entonces la cifra desciende a US$ 2.300 (0,8% del producto), o lo que es lo mismo, son US$ 3.900 millones (1,4% del PIB) menos. Un alivio más que importante para un Gobierno que no tiene un peso partido al medio.
Así las cosas, parecería ser que el 28 de junio marca el fin de los tiempos para los Kirchner, pero ellos están dispuestos a poner toda la carne al asador para alzarse con la victoria. Sin embargo, mal que les pese al matrimonio K, el mundo va a seguir girando luego de los comicios. Después de esa fecha el Gobierno se va a encontrar con un amargo cóctel formado por una fuerte recesión (no menos de 3% de caída del producto), la desaparición del superávit primario (a menos que se lleve a cabo un brutal ajuste fiscal) y con pagos, entre julio y diciembre, por US$ 6.500 millones (2,3% del PIB). Una reprogramación de la deuda pública parece ser una opción cada vez más posible, pero hace falta también, como mínimo, un congelamiento del gasto público.
A este sombrío panorama hay que sumarle que el tipo de cambio se encuentra casi tan fuera de su nivel sostenible como hace ocho años. Durante el modelo productivo la inflación argentina (200%) fue cuatro veces y media la internacional (45%), la presión impositiva en la actualidad (33% del PIB argentino) supera en diez puntos porcentuales del producto a la de 2001 (23% del PIB), los salarios industriales en dólares están 25% por arriba del momento previo al fin de la convertibilidad y el desempleo, sin las mentiras del Indec, ya está otra vez en 13%. Situación a la que se llega después de la megadevaluación nominal del 67% en 2002 y del 40% de shock favorable de términos del intercambio.
De todas formas, los actuales desajustes fiscales no se comparan con los de la convertibilidad. En el "uno a uno" los vencimientos de deuda pública (capital más intereses) llegaron a ser el 73% de las reservas internacionales del BCRA y el 29% de los ingresos de la nación y las provincias. Al día de hoy sólo son un 28% y 14% respectivamente. Aunque hay que recordar que las reservas se mantienen hace cinco meses prácticamente constantes y un eventual conflicto con el campo, como el del año pasado, puede hacer que caigan en picada.
El hecho que el desajuste sea menor, hace que la devaluación necesaria para volver al sendero de "equilibrio" del tipo de cambio sea más baja que el 67% del 2002. Además, dado que todos los contratos han sido pesificados, una depreciación más fuerte que la que se está dando por medio de la política de flotación administrada del Banco Central no provocaría tanto ruido.
Finalmente y no menos importante, está la cuestión política. El partido que gobierna hoy es el peronismo, el mismo que ayudó para que cayera el gobierno de Fernando de la Rúa. Además, la oposición se encuentra fragmentada como para presionar con suficiente fuerza para lograr una salida adelantada de los Kirchner del poder.
En conclusión, el modelo productivo no fue más que una mentira sustentada por un escenario internacional excepcional. Hoy se hace evidente que los mediados del 2008 marcaron el comienzo del fin de la era K. Cada vez hay más tensión con sectores que han sido ultra-kirchneristas y beneficiarios directos del ineficiente modelo productivo, como los sindicalistas e industriales. También el conflicto con el campo provocó un acelerado desgaste, que continuó luego de la expropiación de las AFJP en octubre, de la imagen y confianza del público sobre el Estado.
En materia económica, en 2009 habrá una caída de los ingresos derivados del comercio exterior y la recesión que afectará la recaudación de impuestos ligados a la actividad como IVA y DGI. A esto se le suma un gobierno que no tiene ningún tipo de incentivo para disminuir el gasto público antes de las elecciones, pero tampoco después.
Menores erogaciones para hacer frente a los pagos relevantes de deuda luego de los comicios implicarían una mayor contracción del producto y mayor desempleo. Esta última opción no parece viable para un gobierno que depende de los votos y el apoyo sindical para mantenerse en el poder. Además, ya han demostrado que las deudas representan, para ellos, poco más que un papel pintado.
