El Senado de Argentina convirtió este jueves en ley la polémica estatización de las pensiones privadas, que -según algunos observadores- podría acentuar el aparente aislamiento financiero del país.
Con la nueva norma, las contribuciones de 9,5 millones de trabajadores a las llamadas AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), que totalizan US$28.000 millones, pasan al sistema público de retiro. Se conforma así un régimen previsional único administrado por el Estado.
La presidenta Cristina Fernández afirmó que la medida era necesaria para contrarrestar el impacto negativo que ha tenido la crisis financiera global sobre las jubilaciones.
También dijo que se buscaba abandonar un sistema que calificó de "resabio" del neoliberalismo de la década de los años 90, cuando se crearon los fondos privados de pensiones.
La ley, considerada clave por el gobierno, ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados a principios de noviembre. El Senado le dio luz verde mientras Fernández realiza una gira de una semana por el norte de África.
Resistencia
El gobierno debió sortear una fuerte resistencia política y de las AFJP para sacar adelante su proyecto.
La oposición argumentó que la presidenta Fernández intentaba "saquear" las jubilaciones privadas para utilizarlas con fines políticos o financiar los próximos vencimientos de la deuda externa, que suman unos US$28.000 millones.
Sin embargo, la ley establece que los fondos únicamente podrán ser usados para pagos de beneficios del sistema previsional y que su administración estará sujeta a la supervisión de una comisión bicameral y un consejo integrado por empresarios, trabajadores, jubilados, funcionarios, bancos y legisladores.
Por su parte, las AFJP cuestionaron el cambio propuesto por el gobierno afirmando que "no tiene una visión de largo plazo, sino que está basado en un hecho coyuntural, que es la crisis de los mercados financieros".
Según estas empresas, el sistema privado de pensiones fue planteado con una perspectiva de décadas y sus fondos -invertidos en acciones, bonos del Estado y depósitos bancarios a plazo fijo- cumplen con las regulaciones oficiales y pueden recuperarse una vez que pase la turbulencia global.
Mientras tanto, muchos de los 10.000 empleados de las AFJP se han mostrado preocupados por su futuro, si bien el gobierno les aseguró que "no se quedarán en la calle" y serán absorbidos por empresas ligadas a las aseguradoras o por el Estado.
Las AFJP fueron creadas en Argentina en 1994 a semejanza de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas. En la actualidad hay diez compañías operando en el mercado.
¿Más aislamiento?
Los observadores se preguntan si la ley de estatización de las pensiones privadas perjudicará, en términos financieros, la imagen de Argentina en el resto mundo.
"Yo creo que esta norma aísla al país más de lo que ya está, porque los inversores perciben que se pone en duda el derecho de propiedad, algo que para ellos es sagrado", dijo a BBC Mundo el analista económico José Luis Espert.
"Por eso no sorprende que en octubre, cuando el gobierno anunció su plan de eliminar las AFJP, se haya acentuado la fuga de capitales de Argentina", añadió.
OTRAS REESTATIZACIONES
2008: Aerolíneas Argentinas
2006: Aguas Argentinas
2005: Correo Argentino
Según cifras oficiales, tan sólo ese mes los inversores internos y externos sacaron del país US$4.500 millones, el doble que en septiembre.
"Eso es nada menos que el 15% del Producto Interno Bruto", advirtió Espert, y no descartó que la situación pueda empeorar.
La estatización de las pensiones llevó, asimismo, a las calificadoras internacionales de riesgo a bajar el puntaje de Argentina en su medición del grado de seguridad de las distintas economías para los capitales extranjeros.
La iniciativa también ha producido roces en la relación con España -uno de los mayores inversores en Argentina-, que la ha considerado perjudicial para sus empresas con participación en las AFJP.
Por otra parte, la Justicia de Estados Unidos bloqueó hace un mes fondos que las aseguradoras de pensiones tienen depositados en ese país, en respuesta a una demanda entablada por acreedores de bonos de la deuda argentina que reclaman el pago de US$553 millones.
"Hoy existe la percepción de que Argentina es poco previsible y tiene antecedentes complejos", comentó el analista político Sergio Berensztein, de la consultora Poliarquía.
Y recordó que el país tiene cerrado el acceso al financiamiento externo desde que declaró la moratoria de pagos de su deuda externa en 2001, en momentos en que sufría una de las peores crisis económicas de su historia.
"La forma en que se ha manejado la reestructuración de la deuda y una serie de estatizaciones, como la de las AFJP, no parece haber mejorado el panorama, sino al contrario", completó Berensztein.
