Entre el negreo que hay en el mercado de trigo y maíz y la posible colusión entre procesadores de cereales, no habría que descartar que el subsidio a los alimentos básicos anunciado por el gobierno no provoque ninguna baja de precios al consumidor, sea un intento de blanquear y constituya un nuevo impuestazo a la soja para financiar cualquier otro gasto público.
Desde los cursos básicos de finanzas públicas se enseña a los economistas que puede ser inexistente la conexión entre a quienes decide el legislador o el gobierno dar un subsidio y los que se terminan beneficiando del mismo (incidencia). Por ejemplo, por más que las autoridades deseen quedar «fenómeno» con los consumidores y más con gobiernos populistas y en años de elecciones decidiendo un subsidio a los alimentos básicos, es posible que los que se apropien del mismo, en su totalidad, sean los productores.
Esto ocurriría en el caso de bienes exportables para los cuales, por definición, los precios que enfrentan sus oferentes locales son un dato (mal que le pese al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno) que viene desde el exterior. A ese precio, venden todo lo que producen y cualquier subsidio al consumo terminará siendo captado íntegramente por el productor que expandirá su producción para engordar sus ganancias.
Entonces, una de las condiciones necesarias y no suficientes para que un subsidio al consumo termine beneficiando a los consumidores, es que el bien subsidiado tenga algo de no comerciado internacionalmente, o sea que su precio se determine localmente. ¿Cuánto sacará de provecho el consumidor?
Dependerá inversamente de la sensibilidad (elasticidad) de la demanda de ese bien a la baja de precio possubsidio pagado por los consumidores. Si sube mucho, el precio de mercado subirá mucho también y el grueso del subsidio al « consumidor» terminará en los bolsillos de los productores.
El gobierno de Kirchner anunció hace unos días un subsidio al «consumo» de derivados del trigo, maíz, girasol y soja, que se determinará en base a la diferencia entre su precio de mercado (precio internacional menos la retención transformado luego a pesos) y el «precio de abastecimiento interno» que fijarán diariamente los «sabios» de la Secretaríade Moreno, multiplicado por la cantidad de toneladas que los procesadores de esos granos hayan elaborado para el mercado interno. El monto de esa cuenta será pagado por Hacienda a los procesadores o usuarios de trigo, maíz y girasol, o sea, a los molinos harineros (trigo), productores avícolas (maíz) y los « feedloteros» (maíz) con los fondos obtenidos de las retenciones al complejo sojero que subieron 4% y generarán aproximadamente u$s 400 millones anuales.
Por lo tanto, de subsidio al consumo lo único que tiene el anuncio del gobierno es el « título» porque el cheque irá a la cuenta del procesador de granos, o sea que inicialmente el subsidio es a la oferta y no al consumo. Para que una parte del subsidio incida positivamente en los precios de mercado que pagan los consumidores de fideos, pizza, pollo, carne vacuna y carne de cerdo (todos bienes poco comerciados internacionalmente) y termine siendo «algo» de subsidio al consumo, se tiene que verificar que ante el mayor precio/menores costos que pasan a cobrar/pagar los procesadores de cereales (precio de mercado más/menos el subsidio) aumenten «algo» la oferta de cereales procesados, que baje su precio y ello se traslade a los precios finales del pan, los fideos, la pizza, el pollo, la carne vacuna y la de cerdo. Salvo los procesadores avícolas que han sido bastante enfáticos en afirmar que los pollos van a bajar entre 6% y 7% cuando comiencen a cobrar el subsidio al maíz, los demás beneficiarios del sistema ( molineros y feedloteros) han sido muy cautos, por no decir «amarretes» (al gusto oficial), en cuanto a la contundencia con la cual prometieron bajas de precios a los productos finales después del anuncio oficial. Algunos, incluso, las descartaron de plano: primero tratarán de recuperar la rentabilidad perdida por la suba de los cereales.
Entonces, si bien los bienes básicos cuyos precios quiere bajar el gobierno tienen bastante de no comerciados (no así su insumo) y por lo tanto un subsidio a la producción puede favorecer (incidir) a los consumidores, no habría que descartar que el subsidio a la demanda, instrumentado por el gobierno como uno a la oferta, termine favoreciendo (incidiendo) mucho a esta última-(por su baja elasticidad) y muy poco con bajas en los precios de mercado para los consumidores de pan, fideos, pizza, pollos, carne vacuna y de cerdo.
Más aún, el mercado negro que hay en el trigo y el maíz (los grandes subsidiados dado que la soja se exporta casi toda), es un secreto a voces que es escandaloso. Así, en el inicio, la cantidad de subsidiados que podrían anotarse sería pequeña (en toneladas y en comparación con el consumo interno) con lo que no habría que descartar que el subsidio esté pensado como un « gancho» para primero blanquear y recaudar y recién después subsidiar.
De esta manera, todo el show del subsidio a los alimentos terminaría siendo (al menos hoy) un nuevo y vulgar aumento de las retenciones al complejo sojero para engrosar las rentas generales, frente al cual el agro tiene que sonreír porque es una ofrenda a nuestra nueva «diosa»: la redistribución del ingreso.
Algo de esto debe haber. El gobierno considera ( absurdamente) que la suba de los precios en Chicago tiene que ser compartida por los productores agropecuarios porque no es fruto de su esfuerzo o eficiencia. Lástima que no piense lo mismo de las superrentas de algunos textileros que no sólo gozan de inadmisibles proteccionismos arancelarios y paraarancelarios, sino también de los «beneficios» de la contratación de mano de obra boliviana esclava. O las de los constructores de obras que asustaron hasta a un Roberto Lavagna con el cuero curtido de tantos años de militar en política
