La política del Gobierno generó graves distorsiones en varios sectores económicos que ya exhiben en sus balances pérdidas de rentabilidad; los productores de bienes y las alimenticias son los más comprometidos
Con la amplia intervención del Gobierno fijando precios y salarios, la economía está tironeada por distorsiones de precios que han comenzado a crujir. Todo parece indicar que los buenos tiempos de los controles de precios están tocando su fin.
Las presiones no son nuevas, hay congelamientos que llevan más de cuatro años y hay control de precios hace 14 meses, que han incorporado más distorsiones. “La experiencia histórica indica que cuando se sale de períodos prolongados de controles de precios se produce un escalón inflacionario porque las correcciones nunca resultan de reducciones nominales de precios”, explica Manuel Solanet, de la consultora Infupa.
Los analistas económicos argentinos han dicho que los controles de precios no son las mejores armas pero que, si se usan, deben emplearse por un período muy corto para pasar luego hacia remedios de más amplio espectro, que ataquen a la inflación desde la raíz y no sólo a sus consecuencias.
El índice de precios implícitos del PBI se ubicará en el 15% anual, mientras que el índice de precios al consumidor estará cerca del 10% este año. “La diferencia se explica, naturalmente, por la inflación reprimida; el Gobierno procura evitar hoy los aumentos que se darán inevitablemente en algún momento de 2008 o 2009”, explica Eduardo Fracchia, director del área de Economía del IAE.
A principios de año se desató la primera crisis por el precio de la carne, que el Gobierno resolvió drásticamente cerrando las exportaciones. Los precios cayeron hasta 30% en el Mercado de Hacienda de Liniers, pero la baja que llegó a los mostradores de las carnicerías fue de un tercio, o menos. Resignándose a ese magro resultado, el presidente Néstor Kirchner reabrió parcialmente las exportaciones. Con este antecedente, pocos productores se animarán a invertir para mejorar su stock ganadero.
Luego se desplegó la actual crisis energética, aumentada por la escasez de gasoil. Siguieron las críticas de los productores textiles, que se enfrentaron con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, porque cuestionó sus precios. Tras patear para el año próximo los aumentos en los colegios privados, el Gobierno enfrenta ahora a las empresas de medicina prepaga, que ya no pueden absorber los aumentos de costos de sus prestaciones y han decidido aumentar un promedio del 20% sus cuotas a partir de enero.
“Los controles solos no hacen nada, además, el Estado mismo fue generando aumentos salariales y eso incide en los precios. En vista de los conflictos que hubo en las últimas semanas con varios sectores, se puede decir que las empresas no van a vender a pérdida, aunque por conveniencia política y para no quedar escrachadas en los medios quizás acepten ir a pérdida en alguna línea de productos”, repasa Camilo Tiscornia, de la consultora Castiglioni, Tiscornia y Asociados. Y advierte que “si llegan al límite de su rentabilidad, a las empresas no les importará lo que piense el Gobierno y aumentarán”.
Los sectores más comprometidos son el de energía eléctrica y de gas, indica Manuel Solanet, y sostiene que “tarde o temprano habrá que sincerar las tarifas o, eventualmente si hay preocupación por sectores de menores ingresos, subsidiarlos por el lado de la demanda atendiendo a un fin social. Pero de ninguna manera se debe continuar con una política distorsiva de congelamiento de tarifas que ha destruido la inversión y generado una crisis”.
Dentro de la actividad económica, las empresas que más sufren son las que tienen gran parte de su producción bajo controles de precios. María Castiglioni, de Castiglioni, Tiscornia y Asociados, realizó un seguimiento de la evolución de los márgenes de rentabilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa. De él se desprende que los sectores atados a precios controlados son los que están más comprometidos en su rentabilidad. “A los fabricantes de alimentos y a los productores de bienes les aumentaron los costos por aumentos de salarios y de energía, que subió para el segmento mayorista. Eso combinado con precios pinchados o congelados provoca la reducción de la rentabilidad”, explica la analista.
Los deterioros ya se traducen en los resultados de varias compañías. “La Serenísima y Sancor tuvieron que renegociar deuda que ya tenían renegociada y creo que en este sector, el de alimentos, se verán decisiones destinadas a reducir gastos”, dice Castiglioni.
No sólo las grandes empresas tienen problemas de rentabilidad. Las pymes industriales advierten que están perdiendo los beneficios de la devaluación y la sustitución de importaciones. La suba de costos salariales y de materias primas, la escasez de crédito para el sector y el estancamiento de las ventas son los principales factores que hicieron caer la rentabilidad, según lo detectó el último informe de la fundación Observatorio Pyme conocido anteayer.
Según el estudio, si bien en el primer semestre el nivel de actividad y el nivel de ocupación se mantuvieron elevados, no hubo más rentabilidad. La facturación del sector, que venía creciendo a tasas superiores al 20% trimestrales, cayó al 13% en el segundo trimestre de este año.
Las empresas de este sector subieron sus precios un 14,8%, mientras que sus costos aumentaron más del doble, un 38,8 por ciento.
Debilidades del modelo
Paulino Caballero, economista de la consultora Economía & Regiones, le concede al Gobierno el éxito en la moderación de expectativas inflacionarias operando sobre todos los sectores. “Claro que estas medidas podrían complicar las tasas de inflación futuras si estas medidas no son acompañadas por una mayor moderación desde el lado de la política fiscal y monetaria.”
Luciano Laspina, de la consultora Macrovisión, cree que el modelo de moneda superdébil muestra signos incipientes de agotamiento. “En la medida en que la acumulación de reservas y el deslizamiento del tipo de cambio no se usan para fortalecer el ahorro público sino para acelerar la expansión del gasto, la consecuencia de esta mezcla es maximizar la expansión económica y acumular presiones inflacionarias.”
En ese escenario de presiones crecientes, el presidente Néstor Kirchner le puso fecha a la salida de los controles de precios. “El 10 de diciembre de 2007 van a confluir las políticas para que no necesitemos este sistema de acuerdos”, dijo.
¿Es posible una salida ordenada de estos controles sin un sacudón inflacionario? ¿Sucederá realmente en diciembre del año que viene?
Los analistas no están ciento por ciento convencidos de que se cumpla ese plazo. Al parecer la Argentina será por algún tiempo, y en palabras de Laspina, “una telaraña de distorsiones macroeconómicas”.
Para Eduardo Fracchia, el escenario es complicado: “Estamos en una situación que es delicada ya que si se prolonga en el tiempo las distorsiones serán todavía mayores, pero que ofrece todavía mucho margen para una evolución favorable. Todavía no estamos en un contexto de mercados negros generalizados o de desabastecimiento, con la excepción de productos como el caso del gasoil, que refleja que una política de represión de los precios de combustibles influye en la contención de la oferta”.
La economía del año próximo podría crecer por encima del 7% y, con un año electoral en el que el Presidente querrá exhibir inflación de un dígito, los economistas son poco optimistas sobre el cumplimiento de su promesa.
Según Mariano Lamothe, de Abeceb.com, la salida de este esquema es necesaria, aunque no cree que ocurra de un día para el otro. “Las empresas tratarán de no hacer una política de desesperación de ajuste porque si no tendrán penalizaciones”, explica. Y advierte que no será fácil desmontar el corset que se le ha impuesto a la economía. “Cada vez son más los diques de contención que se imponen y el trabajo de ingeniería importante tendrá que hacerlo el Gobierno. Hará falta un gran acuerdo para desarmar todo esto y no es una tarea fácil, pero no creo que las empresas se arriesguen a que se dispare todo.”
Acostumbrarse a los acuerdos de precios no es bueno porque se desalientan los incentivos a los productores de bienes, opina María Inés Santorum, coordinadora de investigación de la consultora EGES. Ella cree que el fin de los acuerdos podría generar saltos inflacionarios sólo si el nivel de inversión se mantiene bajo, y los niveles actuales están por debajo de los históricos: “Si la inversión se mantiene por encima del 20% no habrá saltos bruscos, sino un aterrizaje suave.”
Los economistas que hacen todas estas advertencias saben que no serán escuchadas. El Gobierno profundizará los controles, agitando frente a las empresas la amenaza de aplicar la ley de abastecimiento, que prevé duras sanciones penales para cualquier acción que se interprete como especulativa. La teoría de José Luis Espert es que el Gobierno no quiere que ingresen capitales extranjeros. “El Presidente no quiere que entre capital extranjero sino más bien que se vaya, para mantener la idea clientelista de que todo el mundo necesite de Kirchner para sobrevivir.”
Tampoco se descarta que, en su lucha contra la suba de precios, el Gobierno decida cambiar el termómetro para lograr que baje la fiebre inflacionaria. Un analista que sigue de cerca el tema confió a LA NACION que se estudia un cambio en la composición del índice de precios. “Seguramente vendrá con una mayor ponderación de los sectores que ya ajustaron sus precios y una menor ponderación de los servicios que falta ajustar”, pronosticó.
Nota Original: LA NACIÓN | 29/10/2006
