Analistas consideran que el incremento en la recaudación impositiva le da espacio al Gobierno para elevar las erogaciones
El superávit fiscal no se vería mayormente afectado por el aumento del 13% previsto para los jubilados a partir de enero porque la suba de la recaudación impositiva da un espacio para elevar el gasto. Esa es la visión en la que coinciden economistas de diferentes espectros consultados ayer por LA NACION. No obstante, algunos ponen una señal de alerta en el aumento del gasto público.
El economista justicialista Eduardo Curia le restó dramatismo a la medida: “Con los aumentos en la recaudación, el Estado también va a tener una cantidad de recursos que ayuden a no alterar el superávit”. Añadió que el crecimiento va a estar subestimado en el presupuesto, con lo que puede haber más recursos disponibles. “Es una presión, pero no será un elemento desencadenante de ninguna tragedia”, apuntó.
Según el diputado Claudio Lozano (CTA-Capital), la carga del aumento es para el próximo año y no hay ningún problema fiscal real con la medida. Señaló que la Anses tiene acumulados $ 9400 millones para el tema previsional que no han sido aplicados. “Por lo tanto, hay recursos, la pena es que no los usen”, indicó.
Para Lozano, el aumento del 13% es el previsible y está en línea con la suba de la inflación, entonces no supone una recomposición de haberes, tampoco tiene en cuenta el tema del achatamiento y no resuelve el problema de la movilidad. “En conclusión, esta medida no toma en cuenta el fallo de la Corte”, resumió.
Desde otra línea de pensamiento, el analista Aldo Abram expresó que si al superávit fiscal se lo mide en términos del PBI, el año que viene el superávit primario va a caer. “Pero dada la prioridad que da el Gobierno a la cuestión fiscal, no habrá caída del superávit nominal”, estimó.
El economista consideró que es un “aumento factible”, teniendo en cuenta que la recaudación va a seguir creciendo y los que subieron estos dos últimos años son los gastos de capital (infraestructura y viviendas), que crecerán igual o menos, y así dan un espacio para que aumenten las remuneraciones vinculadas con la seguridad social.
No obstante, deslizó una señal de alerta: “El gasto público está en niveles altísimos en términos del PBI. Esto es factible por la presión tributaria, que también está en un récord histórico”.
José Luis Espert recordó que el gasto público en promedio desde 2002 ha aumentado $ 23.000 millones por año. Y agregó que este año, en cambio, está creciendo en 30.000 millones, y como el año que viene es electoral, seguramente se mantendrá esa cifra.
“Es decir que este aumento a los jubilados debe estar contemplado en el aumento extravagante del gasto del año que viene”, amplió. Espert consideró que es “una locura” lo que está aumentando el gasto público. Y concluyó: “Estamos en franca caída del superávit fiscal, por más cacareo oficial de que es una prioridad para el Gobierno”.
Fausto Spotorno, economista jefe del estudio Orlando J. Ferreres & Asociados, indicó: “El impacto fiscal no nos parece tan grave. Con el crecimiento que tiene la recaudación en agosto, parecería que el Estado tiene espaldas para aguantar esta suba”.
Según Jorge Vasconcelos, economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, el Gobierno buscó un aumento en los haberes que mantuviera un equilibrio entre “este reconocimiento necesario a los jubilados” y el mantenimiento de un nivel de superávit razonable para el año próximo.
Sin embargo, Vasconcelos dijo que, en un contexto en el que el aumento en el gasto, tanto provincial como nacional, ha drenado el excedente fiscal, “por el que compiten las transferencias a las provincias, los subsidios a los colectivos y los aumentos para jubilados, entre otras variables”, la información actual es insuficiente para estimar cómo cerrará el año próximo.
Nota Original: LA NACIÓN | 09/09/2006