Ya se ha instalado el debate sobre cuál debería ser el rumbo económico para la segunda mitad del gobierno de Néstor Kirchner. El establishment junto a economistas de la city piden un giro a una mayor ortodoxia fiscal y monetaria. Desde la otra vereda, reclaman medidas para mejorar la distribución del ingreso.
En el día después de las elecciones legislativas, el debate económico será el de dar un giro a una mayor ortodoxia fiscal y monetaria, como pide el establishment junto a economistas de la city, o el de implementar medidas para mejorar la distribución del ingreso. Los aumentos salariales y de jubilaciones mínimas, el crecimiento de la ocupación y los avances en las negociaciones entre empresarios y sindicatos para recomponer los niveles de ingresos de los trabajadores durante el gobierno de Néstor Kirchner, tuvieron un leve impacto positivo en alterar la forma en que se reparte la torta. A mediados de los años ‘50, la participación de los asalariados en la economía era del 50 por ciento. Medio siglo después se redujo en más de la mitad: en el 2003 tocó su piso histórico del 22,9 por ciento y el año pasado tuvo una pequeña mejoría al llegar al 23,8 por ciento.
Desde el Gobierno enfatizan en que se está trabajando para mejorar el actual reparto de la riqueza. Algunos economistas de la vereda de la heterodoxia, en cambio, sostienen que hasta ahora poco se ha avanzado en esa cuestión. La incógnita pasa por ver cómo impactará la percepción de los funcionarios sobre el mapa político post-electoral a la hora de profundizar o no el debate en torno a la distribución del ingreso.
En lo que va del año, los trabajadores intensificaron sus medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. Y se prevén más conflictos en los últimos meses de este año. Mientras, los empresarios siguen insistiendo en ubicar al “fantasma de la inflación” como consecuencia inevitable de cualquier recuperación de los salarios. Y sostienen que sólo a partir de un incremento en la productividad podría aumentarse el sueldo de los trabajadores. Si no, se interrumpiría el crecimiento económico.
Desde la vereda de la ortodoxia, el economista José Luis Espert opinó ante Cash que “la inflación obedece a que la demanda de bienes y servicios está creciendo más que la oferta. Esto se debe a tres motivos: la demanda está inflada por el aumento del gasto público, por el aumento de los salarios vía decreto y porque la falta de reglas claras en la Argentina hace que la inversión crezca menos que la demanda”. Distinta es la opinión del director de Investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo, Alberto Robles, quien expresó que “el aumento salarial debería tender a reducir la brecha entre ricos y pobres, que es el problema más grave en la Argentina”.
Una investigación realizada por la especialista en Políticas Sociales, Irene Novacovsky (Rentabilidad empresaria y rentabilidad social), muestra que desde la salida de la convertibilidad las ganancias de las empresas aumentaron por encima del nivel de los salarios. La estimación surge de comparar el crecimiento de la rentabilidad de las compañías –mediante el Indice de Rentabilidad por Indice de Precios elaborado por un equipo de investigación del Grupo Unidos del Sud– y la caída del salario real, a partir de la devaluación.
En el sector empresario, los ingresos subieron un 90 por ciento y los costos, un 87 por ciento, entre diciembre del 2001 y junio del 2005. Una de las consecuencias de este aumento de la rentabilidad empresaria fue la caída del salario real. En el campo del trabajador, si bien en términos nominales los sueldos repuntaron por encima de la inflación durante la actual gestión, el salario real promedio cayó 10 por ciento desde fines del 2001 hasta agosto del 2005.
Un documento del Instituto para el Desarrollo Social Argentino afirma que en el 2004 los salarios aumentaron un 9 por ciento y los precios, un 6. Si el salario real mantuviera ese ritmo de crecimiento, los trabajadores recuperarían el ingreso de finales de 1998 dentro de siete años. A los que están registrados les llevaría un año alcanzarlo, mientras que los que están “en negro” tendrían que esperar quince años. Y recién en el 2025, los hogares pobres con un ocupado podrán comprar una canasta básica.
El abogado laboralista y asesor de la CGT, Héctor Recalde, afirmó que “es necesario plantearse una recuperación de los ingresos y darle estabilidada esa mejora”. Mientras en el 2001, el 36 por ciento de la población era pobre y el 11,6, indigente; en el primer semestre de este año, esos niveles llegaban a 38,5 y 13,6 por ciento, respectivamente. Además, la precarización del mercado laboral, característica de los ‘90, no se ha modificado sustancialmente con el actual modelo económico. A partir de la devaluación, la cantidad de puestos de trabajo se incrementó un 18,8 por ciento, sin considerar los planes sociales, pero una parte importante del empleo se creó fuera del sector registrado. Si bien durante el último año sólo 18 de cada cien puestos creados tienen características precarias, el 47,2 por ciento de puestos existentes en el sector privado son informales y sus salarios son hasta un 50 por ciento inferiores al percibido en el sector formal, señala el estudio de Novacovsky.
Después de la devaluación, la pobreza fue más sensible a la erosión de los salarios producto de la inflación –750 mil hogares cayeron bajo la línea de pobreza entre diciembre del 2001 y octubre del 2002–. Por el contrario, durante la década del ‘90, el aumento de la pobreza estuvo más relacionado con el deterioro del mercado de trabajo que con las remuneraciones. Según Luis Beccaria, especialista en economía laboral, “1990 fue la década del desempleo y la precarización laboral. En cambio, en el 2002 la inflación fue el factor que más influyó en el aumento de la pobreza”.
La caída en los ingresos reales, la persistencia de las altas tasas de desempleo y la permanencia de una alta proporción de trabajadores en situación de precariedad laboral hicieron que la distribución del ingreso se volviera más regresiva. No obstante, el estudio de Novacovsky reconoce que el actual gobierno viene aplicando una política redistributiva, en tanto el aumento de la recaudación impositiva se destina mayoritariamente a financiar los programas sociales. En diálogo con este suplemento, la autora estimó necesario ampliar en cobertura y monto los actuales programas sociales y agregó que “el incremento de la rentabilidad empresaria es tan importante que hay margen para implementar una reforma tributaria con mayor sesgo redistributivo que el actual, ya que en términos relativos se grava más a los más pobres. Además se debe continuar con el aumento de los salarios e impulsar la universalización de las asignaciones familiares y de las pensiones, que llegue a aquellos que no tienen inserción laboral o cuya inserción es precaria. Estos mecanismos deben ser permanentes y automáticos”.
