El caso del periodista Julio Nudler y una fundamentada solicitada crítica del Colegio de Abogados de Buenos Aires en estos días han remarcado un clima enrarecido en el país más allá de lo económico. Las palabras «intento hegemónico» se escuchan y leen en muchos lados, incluido el Congreso Nacional.
Tenemos ayunistas de 39 días. Están exiliados dos ex presidentes constitucionales. Una es Isabel Martínez de Perón, a quien este gobierno jamás invita a ningún acto -ni a los de recordación de su fallecido esposo- y la ignora como si no hubiera asumido con urnas legítimas. El otro no menos constitucional y en comicios más sanos que el último vivido por el país- es Carlos Menem, acusado de hechos no probados, lo cual llevó al gobierno de Chile a rechazar, por jurídicamente ridículo, un pedido de extradición por un juez argentino. La persecución y obligado exilio a este ex mandatario constitucional fue calificada de «exagerada» hasta por Eduardo Duhalde, su adversario que le entrampó la última interna, que el riojano hubiera ganado, y con ello la presidencia que hoy ostenta Néstor Kirchner. La cuenta en Suiza fue admitida por el exiliado por lo cual, por ejemplo, es ciertamente ridículo que un juez quiera interrogarlo y más estando justificado que el monto original de esa cuenta proviene de una indemnización reparatoria que le pagó el Estado nacional por 5 años de detención injusta, dispuesta por los militares del Proceso. Por tanto, está exenta de carga impositiva de ganancias no declaradas ya que no corresponde ese pago en indemnizaciones (ya hemos dicho que Menem es el argentino con más años de prisión por razones políticas en la Historia Argentina después del general José María Paz, durante la dictadura de Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX). El juez actuante logró, con el auxilio de desconocidos «expertos», algo imposible de determinar por la infinidad de variables del que opera en inversiones: cuánto pudo rendir en intereses el monto original de la indemnización durante 15 años de inversión. Todo análisis de ese tipo es subjetivo y por tanto ilegal ya que nadie puede ser condenado por algo aleatorio. Lo único que le correspondería saldar a Menem es el poco serio «impuesto a la riqueza» (un «argentinismo» inexistente en otros países, que significa doble imposición al ganar el dinero y luego al mantenerlo como legítimo ahorro, mientras que quien lo dilapidó en juego o vicios entonces no paga nada). En consecuencia por «riqueza», emanada de esa cuenta, el ex mandatario debería una nimiedad. Como es endeble y política la acusación -la Justicia argentina lo sabe por lo cual no insistió ante Chile- se trata de resucitar otro invento político: «venta de armas a Ecuador», tema burdo del cual el riojano ya fue absuelto hasta por fallo vinculante de la Corte Suprema.
• Censurados
Hay también en estos días dos periodistas censurados Jorge Lanata y ahora Julio Nudler. Otro importante sigue silenciado, Claudio Escribano. Hay un director de diario ya con casi 60 días de prisión domiciliaria, Héctor Ricardo García, por presunta «evasión impositiva» cuando nada menos que un nuevo miembro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, también cometió evasión impositiva y se negó a regularizarla para asumir con el planteo de estar en desacuerdo con cómo el Estado gasta lo que recauda en impuestos.
Hay, para contribuir a ese clima enrarecido, revistas repudiadas desde la Casa Rosada, como «Noticias». Hay decenas de periodistas a los que se les niega información oficial. Hay hombres que difunden opiniones, como Mariano Grondona, José Espert, Daniel Artana, Miguel Broda, Juan Bour y otros, denostados por la Casa Rosada. No se respira bien hoy la libertad.
Los enviados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que vendrán a informarse al país, aunque se limitarán a «prensa», son ejemplo de esa creciente imagen de alteraciones a la Democracia que vive la sociedad argentina.
Deberían los investigadores de la SIP averiguar quién es hoy el periodista que más dinero gana en la Argentina porque delinea bien la situación. Si lo hacen, se encontrarán con el nombre de Horacio Verbitsky. Cobra desde una fundación norteamericana alimentando todavía el fantasma de los militares latinoamericanos golpistas como sucedió hace tres décadas. Además, percibe por una columna dominical -dicen que sólo en parte redacta- como si fuera una colaboración exclusiva mundial cuando menos del escritor Umberto Eco. Es comprensible: Verbitsky le asegura al diario «Página/12» tanta publicidad oficial, pese a su reducida venta de ejemplares, como si fuera el «The New York Times argentino». Este «Página/12», llamado «El boletín oficial» o el «Pravda criollo», con el máximo de avisos oficiales y de poco costo de edición -salvo Verbitsky, claro- por su baja tirada de ejemplares, es ahora y ha sido antes un diario corrupto. En 1999 -tres meses antes de que el menemismo finalizara su gestión- «Página/12» entró en el negociado concretado ante el Estado nacional -nunca lo investigan por el nombre de los implicados- de adjudicación directa, sin licitación, de ondas de baja frecuencia junto a Héctor Magnetto de «Clarín», Samuel Liberman y otros. Pero volviendo a Verbitsky, éste hoy designa funcionarios en el Estado como un subsecretario José Vásquez Ocampo en el Ministerio de Defensa; Alicia Oliveira -además, su abogada-en Cancillería, Gabriela Cerrutti (autora de «El jefe» contra Menem) con subsidio bonaerense y muchos más que lo abastecen de información del Estado y -algo gravísimo- maneja fondos públicos incontrolables destinados a cultivar «memorias» sobre el pasado setentista -los años ’70 son la principal fuente de enriquecimiento hoy de Verbitsky-. Inclusive mueve fondos públicos con denuncias comparables a lo que siempre estigmatizó con una pluma ensañada, la corrupción. Lo denunció Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien, a su vez, recibía imputaciones del periodista por haber designado un hijo, Remo Carlotto, en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, cargo que Verbitsky también quería para su protegido Hugo Cañón.
Una sorpresa política que ha traído al país la asunción de un gobierno de centroizquierda, por un camino electoralmente tortuoso, es ver encaramarse tumultuosa y ávidamente al Estado a severos críticos anteriores, desde «progresistas» hasta marxistas, que aplican las mismas prácticas que antes repudiaban. Verbitsky es el ejemplo más nítido pero no el único. Su viejo libro, contra funcionarios menemistas, «Robo para la corona» se debería transformar, en una nueva versión, como «Robo para la patrona». Las censuradas «manzaneras» de Chiche Duhalde han sido reemplazadas por las «margaritas» de Alicia Kirchner. El clientelismo del duhaldismo para mantener poder poco y nada dista del populismo actual de Kirchner, que además tiene más fondos por el momento excepcional del sector externo. La corrupción hoy no tiene aún el grado del final de la era Menem -aunque Julio Nudler dijo en «Hora Clave» que el «tarifario» de los funcionarios kirchneristas tiene hoy precios mayores- pero es evidente que crece. Los tribunales de control de la corrupción en el Estado han sido copados, como nunca, por allegados de los propios funcionarios actuantes que deberían ser controlados.
Queda en evidencia que en la crítica anterior del «progresismo» hacia los gobiernos había más envidia que búsqueda de purificación. Un diario como Ambito Financiero pasó 10 años de gestión de Carlos Menem sin entrar a manejar fondos públicos, ni imponer una sola designación en el Estado. Menos aún entró en un negociado ni negocio- con aquel gobierno al que apoyaba por su libreempresismo y acción privatizadora.
Obsérvese, en cambio, el enriquecimiento de «Página/12» en sólo 15 meses de un gobierno de centroizquierda. El contraste es notable y además el diario que dirige Ernesto Tiffenberg se queja de que «hay una campaña» en su contra…
• La realidad
En el caso de la libertad de prensa, ni con el duhaldismo ni con el menemismo se ejercieron las presiones que hoy se observan. Casi tampoco con el radicalismo -aunque Raúl Alfonsín impuso una semana el Estado de sitio contra periodistas- por lo cual la situación actual de los medios es inédita en la democracia recuperada hace 21 años.
Pero hay que razonar el alcance de lo que sucede. Veamos:
• No es cierto que el gobierno -lo afirmó «Noticias»- haya creado volúmenes de publicidad oficial sólo para sojuzgar a la prensa. Quienes lo conocían de antes saben que al matrimonio Kirchner lo obsesiona su imagen pública y necesitan mostrar lo que consideran sus logros sin arriesgarse a que los medios los interpreten a su modo. De paso se puede hacer presión sobre algún medio o enriquecer a otro, pero es una derivación del fin primordial.
• El enriquecer a «Página/ 12», pese a su escasa circulación en la opinión pública (fuera de los adictos al «progresismo», obvio) se hizo a partir de un punto del acuerdo del gobierno con el monopolio «Clarín» al sancionarle la «ley cultural» (aquella que impuso que, pese a su endeudamiento, no puedan tomarle más de 30% del capital accionario los acreedores extranjeros a un «bien cultural argentino»). En realidad, el acuerdo lo inició gente de Duhalde, pero lo perfeccionó la presidencia de Néstor Kirchner. Dice que de los elevados aportes en dinero a «Página/12» nada podrá retirar en calidad de dividendos el dueño original del diario, hoy cedido al uso del gobierno, que es Héctor Magnetto de «Clarín». Para el monopolio, la «Ley Cultural». Para «Página/12», fondos públicos para pagar a periodistas que hagan obsecuencia oficialista, comenzando por el hoy muy caro Horacio Verbitsky.
• Que «Noticias» suponga que un tradicional «figurador» pero no propietario, Fernando Sokolowicz, sea aún «dueño» de «Página/12» oficialista en un error. Es Magnetto aunque entregó hoy el medio al gobierno en canje por favores para «Clarín».
• Casi todos ahora entienden algo que en Ambito Financiero dijimos hace mucho: un gobierno con partidas presupuestarias fuertes para publicidad oficial domina fácilmente a medios casi en su totalidad fuertemente endeudados y financieramente agonizantes algunos tras 4 años de recesión en el país. No se justifica éticamente, pero explica el ceder a tales presiones. Desde ya, no todos los medios.
• No es correcto lo que dice un ex periodista de «La Opinión», Mario Diament, hoy viviendo en Miami con dos visitas por año al país, sobre que «un gobierno no puede publicitarse como si fuera un dentífrico con avisos oficiales». Un gobierno debe gastar en publicidad ( licitaciones, calendarios impositivos, advertencias públicas sobre salud, educación o seguridad y también de sus proyectos). Lo contrario sería creer que los medios de difusión son servicios públicos sin costos de edición. ¿O acaso en Francia no se los subvenciona directamente para que subsistan los máximos posibles y de distinta ideología para que el público tenga acceso a la información y opinión desde la mayor diversidad posible? ¿La BBC y la RAI no poseen un impuesto directo a su favor en Gran Bretaña? Claro, discriminar tales sostenes es otra cosa).
En un país como la Argentina más aún se justifica el gasto estatal en medios, sobre todo prensa gráfica, por tres motivos: a) el Estado es socio -único caso en el mundo- de diarios privados como «Clarín» y «La Nación» en la producción de papel (en la empresa semiestatal Papel Prensa), por lo cual debe compensar al resto que no goza de ese privilegio. No olvidemos que hace 4 meses, aparte de todo lo que ha pagado el gobierno al monopolio «Clarín» por su actual oficialismo, le permitió cancelar deuda con el Estado utilizando los bonos defaulteados a su valor nominal, algo que no tiene precedentes en el país como privilegio y menos ante los bonistas acreedores. ¿Por qué no le permiten hacer lo mismo al director de «Crónica», Héctor Ricardo García, hoy preso..?; b) la»ley cultural» para el endeudamiento de «Clarín», al negarle al extranjero tomar parte accionaria del medio deudor más allá de 30%, significó el sacrificio de todos los restantes diarios que perdieron automáticamente el crédito y hoy deben importar papel con riguroso pago al contado, algo que agrava su situación financiera. Es comprensible: para el exterior dar crédito es no tener garantía, más allá de 30%, por la penosa «ley cultural»; c) no debe olvidarse tampoco que el ministro Domingo Cavallo le impuso el IVA que no tenían los diarios y medios en general, o sea le restó el principal apoyo estatal que tenía la prensa (por esa implantación del IVA está detenido Héctor Ricardo García). Cavallo no entendió la función vital del periodismo frente a la sociedad.
• El periodismo sano se queja por el ocultamiento de información oficial y presión o «canje» («te doy tal primicia pero favoreceme con este enfoque») desde el gobierno y no tanto por discriminación publicitaria. El periodismo «progre» es el más quejoso porque son innumerables las revistas que hay y quieren crearse más, de tiradas casi insignificantes, y todas con la misma especulación: quieren depender del dinero del Estado. Se suman los incontables programas televisivos, igualmente «progres», que hastían a la gente y también quieren fondos públicos. Admitamos que también hay un periodismo que jugó «de duro» contra Kirchner para someterse luego a mejor precio.
• El caso «Noticias» es distinto. Irrita a éste o a cualquier gobierno porque no sabe hacer otro periodismo que no sea de «oposición». Además, jamás reconoce nada positivo, lo cual no hace creíble su pertinaz crítica. Agrada a los editores de «Noticias» leer que «cada viernes (cuando aparece) hay temor por lo que va a denunciar». Pero hay que comprender que a los Kirchner, a De la Rúa, a Menem, a cualquiera le preocupa un medio que tiene, desde sus orígenes, la tendencia a meterse en la vida privada de los hombres públicos -sus mujeres, ropas, conflictos, hijos- y lo arrastra desde ese pasado, cuando obligaba a sus periodistasa revolver los tarros de basura de famosos para contar intimidades.
• El caso Julio Nudler es especial. Es un correcto periodista, no ideologizado ni encaramado a las mieses del gobierno. Denunció antes y ahora. No escribe para ganar más usufructuando a este gobierno. No vende su pluma.
• Pantallas
En la época de oposición y desde el llano, Horacio Verbitsky pergeñó otra de las tantas entidades que utiliza, como el llamado CELS. En ese caso se le ocurrió la iniciativa de crear la ONG «Periodistas», de obvio uso ideológico de izquierda, donde incluyó gente que no lo es porque su nombre «suena». Además, sumó a periodistas libreempresistas y proclives al manejo democrático y racional de la cosa pública (caso de Ignacio López y Joaquín Morales Solá, que aprovecharon la discusión del caso Nudler para amenazar con irse). De estos no ideologizados junto a Verbitsky algunos aceptaron sólo para «balancearse» en imagen; otros para que no le revuelvan algún pasado; y otros, directamente, por temor al «progresismo», algo que todavía ocurre. Se da el caso de que lo halagan temerosos pero nadie le hace una nota o una crítica a Jorge Lanata sobre el estrepitoso fracaso con su película «Deuda», que no soportó más de una semana en cartelera por desinterés del público. «Periodistas» es tan sesgada que no incluye ningún hombre de Ambito Financiero (ni nunca lo invitaron). Actúa con autoritarismo: Verbitsky y amanuenses «expresan» a la entidad. El que no está de acuerdo debe expresarlo después de difundido el dictamen. Como en Cuba, primero la condena en juicio sumarísimo y luego que se entere el mundo y proteste sobre los presos. Mostrada así esta entidad amorfa llamada «Periodistas» pareciera difícil coincidir en algo con ella. Peor aún coincidir con Verbitsky y «Página/12». Sin embargo, en el caso Nudler tienen razón. Que el editor no publique la nota de un periodista -como fue el caso de Julio Nudler- es una actitud no criticable. ¿O a alguien le publicarían una nota sobre los monopolios de prensa en la Argentina en «Clarín»? ¿O contra el agro en «La Nación»? No publicar la nota de un periodista no es coartar la libertad de prensa porque ésta no se sustenta en que un medio sea un mosaico de opiniones distintas -aunque voluntariamente puede el editor incluirlas- sino en que haya muchos medios con opiniones diversificadas. El pluralismo de medios, con distintos enfoques, es lo que asegura a una sociedad poder informarse con amplitud.
La contracara con Nudler es que su análisis no publicado por «Página/12» estaba muy bien fundamentado contra Claudio Moroni, un nuevo funcionario que por los antecedentes de corrupción que Nudler expone en detalle, y que dice puede probar ante cualquiera, de ninguna manera está capacitado para presidir la SIGEN, el organismo de control precisamente de la corrupción dentro del Estado. «Es poner al zorro a cuidar las gallinas», dijo Nudler por TV con Mariano Grondona.
Claro, si Zaffaroni hoy domina la Corte Suprema tras haber aceptado ser evasor impositivo y consumidor de cocaína y donde está por asumir la Dra. Carmen Argibay que se declaró «atea militante» (significa perseguidora de ciudadanos creyentes en cualquier religión) es difícil que Nudler vaya a lograr la renuncia que correspondería de Moroni. Es sabido que el presidente Kirchner cree que aceptar un error y corregirlo le resta imagen y nunca lo hace aunque se perjudique el país. Pero la postura de queja pública de Nudler y el contenido de su nota han logrado una difusión general que no hubiera obtenido publicada, sin escándalo alguno, en un medio como « Página 12» sólo para adictos.
Hay prensa y periodistas que ceden a presiones del gobierno por su complicada situación financiera; hay otros, animadores de televisión, que recibieron beneficios impositivos del gobierno, que no tienen entonces ese apremio económico pero también se autocensuran por complicidad dentro ya de las miserias de la profesionalidad en medios. Hay otros que se atemorizan fácilmente y se entregan.
Hay encuestadores -como investigará la comisión de la SIP- que impunemente falsean encuestas para el gobierno -y lo peor-hay medios que las publican sabiéndolas adulteradas, para congraciarse con la Casa Rosada y permitirse así alguna crítica que los exponga como «independientes».
La SIP deberá distinguir entre diversas formas muy peculiares de prensa y medios de difusión en Argentina
