Acuerdo con el FMI- problemas de timing y de fondo

El gobierno argentino salió con los tapones de punta contra el FMI, acusando al organismo de interferir en la negociación de la deuda con los acreedores externos, cuando el FMI no debía intervenir en dicho proceso. ¿ Cuál es la intervención del FMI, si estos no han realizado declaraciones referentes al tema de la deuda? El gobierno argumenta que al no aprobar la 3ra revisión del acuerdo, los acreedores externos no van a aceptar la propuesta del gobierno por lo cual pierde todo sentido el “road show” del gobierno.

Sin embargo, las acusaciones del gobierno no son justificadas: el FMI tiene argumentos validos para no aprobar la tercera revisión del acuerdo. La aprobación o no de una revisión depende del cumplimiento de los criterios de performance fijados en los Memorandos de Política Económica y Financiera; la realidad indica que Argentina está incumpliendo por cuestiones de plazo y/o de fondo con tres criterios de performance.

·Coparticipación federal. El cronograma inicial estipulado en el Memorando de Política Económica del 10 de septiembre 2003 fijaba tres metas en el tema de la coparticipación federal, que se mantuvieron sin cambies en las revisiones del 10 de enero y del 10 de marzo

1)Fines de marzo: acuerdo con los gobernadores provinciales

2)Fines de junio: presentación en el Congreso de la legislación de la reforma de la coparticipación federal de impuestos

3)Fines de agosto: sanción de la nueva ley

Las dos primeras metas que constituyen criterios de performance de la tercera revisión han sido incumplidos. Sin embargo, el problema no termina ahí. En el caso de que se presente en el Congreso el proyecto que está en discusión, el FMI tendría reparos en dar este criterio como cumplido. El memorando de política económica del 10 de septiembre establece: El punto central de la reforma de las relaciones entre los gobiernos será con relación a las modalidades de Coparticipación….reformas tendientes al fortalecimiento de las capacidades de recaudación impositiva de las provincias. El proyecto mantiene el status quo respecto a la distribución de los recursos y no introduce verdaderas reformas, por lo cual viola lo firmado con el FMI.

·Renegociación de servicios públicos.

El Memorando del 10 de septiembre fijaba como criterio de performance la aprobación para fines de 2003 de la ley presentada al Congreso que prorroga el plazo de renegociación para fines de 2004, que faculta al Poder Ejecutivo a renegociar por medio de vía rápida y autoriza al Ejecutivo a acordar modificaciones de los contratos de concesión e introducir ajustes temporarios en las condiciones financieras. Dicho criterio fue cumplido.

El Memorando del 10 de enero establece como meta para fines de junio de 2004 la renegociación de 54 contratos (electricidad, gas, caminos interurbanos, ferrocarriles de carga, vías urbanas, de acceso a aeropuertos, terminales, agua y depuración). Para el segundo semestre quedaban la renegociación de ferrocarriles urbanos y telecomunicaciones.

Entre el 10 de enero y la firma del Memorando del 10 de Marzo, llegaron a su fin 13 concesiones. Por lo tanto, el criterio de performance se modificó debiendo renegociar los restantes 39 concesiones para fines de junio.

Desde ese entonces, el único acuerdo alcanzado ha sido con Aguas Argentinas, por lo cual este criterio de performance presenta un incumplimiento de plazo. Igual que en el caso anterior, los esfuerzos del gobierno para cumplir este acuerdo no son satisfactorios en lo que respecta al fondo de la cuestión. Para lograr la aprobación, las autoridades salieron a buscar acuerdos transitorios con las empresas. Estos acuerdos no logran crear las condiciones para asegurar la calidad del servicio y la rentabilidad de las empresas en el largo plazo, constituyendo un mero parche dejando sin resolver el verdadero problema.

·Selección de los asesores para el due dilligence del Banco Nación y el Banco Provincia.

El Memorando del 10 de Septiembre estipulaba que los asesores para el due dilligence debían estar definidos para fines de noviembre y febrero para el Nación y el BAPRO respectivamente. La finalización de los trabajos estaba fijada en junio y agosto, debiendo presentarse el plan de reestructuración de la banca pública para fines de septiembre de 2004.

Entre septiembre y enero la licitación correspondiente al asesor del Nación nunca tuvo lugar. El Memorando del 10 de enero aplazó las fechas, fijando la selección de los asesores en ambos casos para fines de abril, la conclusión del trabajo para agosto y la presentación del Plan para octubre.

En el Memorando del 10 de marzo, vuelven a modificarse las fechas, estableciendo como plazo máximo para la selección de los asesores fines de junio (criterio de performance). Los trabajos deberían finalizarse para septiembre (BAPRO) y noviembre (Nación), dando lugar a la presentación del plan a fines de diciembre.

El criterio de performance claramente fue violado.

·Ley de Responsabilidad fiscal

El cronograma relativo a esta ley coincide al de la coparticipación federal. En este caso, no se ha incumplido en el plazo de presentación de la Ley al Congreso. Sin embargo, existen dudas respecto a la aprobación del FMI del contenido de la Ley dado que como mencionamos en anteriores Weekly Reports, dicha legislación no establece limites reales al endeudamiento de las provincias (se excluye del calculo del déficit a los gastos de capital) y las sanciones son irrisorias (publicación de la violación en la pagina web del Ministerio de Economía).

Para que el FMI apruebe la tercera revisión, el jefe de la misión argentina deberá pedir un waiver al Directorio por cada uno de estos incumplimientos. El pedido de un waiver no es algo automático, sino que exige que el responsable del FMI en el país vea que hay motivos validos por los cuales no se cumplieron estos criterios y que se presenten planes serios de que van a ser cumplidos. Por otro lado, si bien el FMI no puede hacer un reclamo formal por los nuevos anuncios de gasto público (en virtud de que Argentina sí esta cumpliendo con las exigencias relativas a este punto), la actitud de la Argentina que aumenta el gasto público en 1% del PIB en un plumazo no debe caer bien.

Por lo tanto, no descartamos un escenario en el cual la aprobación de la tercera revisión se aplaza hasta la discusión con el FMI respecto al programa correspondiente al 2005. El aplazamiento sin embargo no implica que Argentina puede incumplir con los criterios establecidos. Tarde o temprano se exigirán los criterios dada la convicción del Fondo de que constituyen pilares elementales para poder establecer un marco que permita pensar en un crecimiento sostenible de largo plazo.