Ingresos. El aumento a estatales y jubilaciones mínimas representan un costo fiscal que, según los economistas, no hace peligrar las metas de superávit
Especialistas aseguran que la recomposición salarial no debe superar lo anunciado para evitar que el gasto público se dispare
¿Cómo se financian los aumentos y qué costo fiscal tienen? fue la pregunta que le dispararon al ministro de Economía Roberto Lavagna cuando esta semana el gobierno anunció el incremento salarial de 150 pesos para los empleados públicos que cobran menos de 1.000 y de 40 pesos para las jubilaciones mínimas. Rápido de reflejos, el titular Hacienda salió a aclarar que "la medida se solventa con recursos genuinos" con lo cual "no hay razones para pensar que deben aumentar las presiones inflacionarias".
Desde la más variada gama de enfoques económicos y políticos, los economistas en algo coinciden: la recomposición -que fue cuantificada en 550 millones de pesos para lo que va del año por el gobierno- no pone en peligro las cuentas públicas de la Argentina y mucho menos los compromisos pautados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de superávit, en lo inmediato.
Aún así, algunos prenden la luz de alerta ante el incremento del gasto público que no sólo representa esta medida, sino el resto de iniciativas que está encarando el Ejecutivo entre otras cosas para promoción de inversiones, política de seguridad o reducción de impuestos.
"Impacto fiscal tiene, pero el aumento no hace peligrar el cumplimiento del superávit pautado, ya que incluso con esto se superará holgadamente", disparó el economista de Fundación Capital, Eduardo Rodríguez Diez.
La Argentina pautó con el organismo internacional una meta de superávit consolidada de tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y se prevé que por el aumento en la recaudación esta cifra no sólo se alcanzará sin inconvenientes sino que se superará ampliamente.
"Estamos hablando de 500 millones -que anualizado puede superar los 1.000 millones- en una economía cuyo PBI es de 400 mil millones de pesos", agregó Rodríguez Diez para cuantificar el peso de esta medida.
Por otra parte, "si uno mira a qué sector se le dio el aumento, diría que en el caso de los jubilados está más que justificado, habida cuenta que si uno mira el desagregado de gastos de la Nación, el rubro jubilaciones es el más atrasado históricamente", agregó.
El incremento salarial involucra a 105 mil empleados públicos nacionales que llevan trece años con los sueldos inamovibles que sumados a los jubilados que cobran el haber mínimo alcanzan el 1,7 millón de personas.
El impacto
A priori Economía estimó que para el fisco nacional, el aumento de sueldos a los agentes públicos representa una erogación de 105.261 millones de pesos, mientras que el de las jubilaciones asciende a los 442 millones de pesos.
"Esto no representa algo que impacte de tal manera como para que los números fiscales se descarrilen o haya alguna amenaza de inflación", dijo el economista Marcelo Lascano, quien recordó al respecto que en los dos últimos meses los precios crecieron sin este aumento. "No tiene sesgo de peligro", aseveró.
Aunque los especialistas no desconocen que esto representa un costo fiscal directo, en rigor consideran que no es lo suficientemente cuantitativa como para preocupar. "No hay truculencia fiscal con esto", apuntó el economista Eduardo Curia, quien, sin embargo, advirtió que esto se dará en la medida que el gasto no se generalice.
Al respecto indicó que "aunque el superávit se prevé será enorme tal como viene la recaudación, los excedentes se esfuman enseguida y hay que estar atentos, ya que la Argentina tiene que atender temas como la crisis energética que probablemente requiera fondos extras, medidas como rebajas del impuesto a los débitos y créditos bancarios o aquellas de estímulo a la inversión".
Por eso, lo que todos aconsejan es que el gobierno ponga el pie en el freno y trate de "aguantar lo más posible" los reclamos que seguramente comenzarán a surgir de otros sectores también postergados en materia de ingresos.
Un informe elaborado este mes por el Ministerio de Economía sobre precios y salarios indica que "se está consolidando una sostenida recuperación de los salarios promedio de la economía" y explica que "la recuperación de los del sector privado registrado (formal) ha sido apuntalada por una serie de aumentos dispuestos por el gobierno que se efectivizaron en julio de 2002 y enero de 2003".
A estos incrementos le siguieron la restitución del descuento aplicado desde 2001 a los salarios del sector público nacional (el famoso 13%) y subas más moderadas en mayo de 2003 y julio de ese año, con el aumento del salario mínimo vital y móvil y la incorporación al salario de la asignación no remunerativa otorgada anteriormente.
El informe agrega que "la industria, como sector económico líder de la recuperación del PBI también registró los mayores incrementos salariales", y "subieron mayormente en aquellas ramas Relativamente más trabajo intensivas, ya que buena parte de los sectores industriales se convirtieron de no transables a transables, siguiendo la señal de los nuevos precios relativos posteriores al derrumbe de la convertibilidad".
A no pasarse
A la hora de las advertencias el economista José Luis Espert salió al cruce de las últimas medidas del gobierno. "Apenas se consiguieron los tres puntos del superávit primario se empezó a gastar todo el excedente de la recaudación que generó", cuestionó.
Espert aseguró que "treinta días atrás, antes de esta sucesión de medidas -en las que incluyó no sólo el aumento a estatales y jubilaciones mínimas sino también incentivos a la inversión, entre otras- el superávit había llegado a los cuatro puntos del producto y el gobierno ya se gastó con todo esto un punto sobre la base anual, alrededor de 4.400 millones de pesos".
Por eso, a su juicio "está mal gastarse el exceso de recaudación en aumento del gasto público", porque la situación fiscal "está endeble" y el superávit la Argentina lo logró "en base a cosas extraordinarias desde el punto de vista internacional (altos precios de los commodities y bajas tasas de interés) y a dos impuestos altamente distorsivos como el del cheque y las retenciones".
El economista consideró "imprudente" gastar por encima de los tres puntos del superávit primario si es contra aumento del gasto público, aunque sí se mostró partidario de que se haga contra la baja de impuestos. "La presión impositiva formal en la Argentina es salvaje, impagable y muy distorsiva y creo que la gran reforma debería pasar por bajar impuestos".
Desde comienzos de 2002 hasta fines de este año, el gasto público alcanzará los 25 mil millones de pesos, con algún desfasaje más, la Argentina llegaría a los niveles que tenía previos al colapso financiero de 2001.
La decisión del gobierno de Néstor Kirchner de comenzar a destinar los fondos extras a los pautados con los organismos internacionales para recomponer los ingresos en el mercado interno son lo suficientemente tibias como para pensar que puede desatarse una presión inflacionaria.
En todo caso, los economistas prevén que la inflación puede dispararse pero razones de mayor peso como el límite en la capacidad instalada de muchas empresas que reducirá sensiblemente la oferta y las renegociaciones de las tarifas de los servicios públicos.
Claro está que todo ingreso adicional -en este caso mayormente se destina a consumo básico y retrasado- pone presión sobre la demanda agregada, pero "en la producción de bienes de consumo aún hay excedente de oferta", dijo Lascano para minimizar el impacto inflacionario.
A su juicio, "razones de política internacional como pueden ser las tasas de interés, el precio del petróleo, pueden llegar a inducir alguna inflación de tipo costo, que no tendría que ver con el nivel de consumo de los asalariados con este aumento", agregó Lascano.
A invertir en serio
En una economía que crece y con salarios que de a poco han recuperado cierta capacidad de compra, también se presenta el desafío de hasta dónde aguanta este esquema de alta demanda sin inversiones que permitan consolidar una oferta sostenible.
En este sentido, Curia explicó que "quizás se esté llegando a cierto tope circunstancial en el consumo que deberá tener una respuesta en materia de inversión". Caso contrario, "si no se invierte en serio para mejorar o expandir la capacidad de la oferta, puede haber presiones inflacionarias adicionales".
Ni tanto, ni tan poco. Así parece resumir el gobierno su política en materia de ingresos, trabajando esencialmente en mantener el equilibrio en las cuentas que no pongan en riesgo los acuerdos con el FMI, pero buscando aplacar los reclamos puertas adentro. Fundamentalmente atendiendo a recomponer la capacidad de compra de los salarios que quedaron devaluados junto con la moneda y que, de otro modo, no podrán ser el tren que empuje el consumo y el crecimiento
