La Herencia de Duhalde
En los tres meses iniciales el próximo gobierno deberá buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, encarar la negociación de las tarifas con las privatizadas y responder a las demandas urgentes de los bancos.
El Gobierno saliente se esmera en mostrar el crecimiento en la actividad económica luego de cuatro años de recesión a la cabeza de una lista de méritos que incluye haber evitado la hiperinflación. Empresarios, banqueros, entidades del campo y gremiales se ocuparon el último mes de confeccionar la otra lista, la de las cuentas que quedan pendientes par la nueva administración.
Según de qué lado se mire, la herencia del gobierno de Eduardo Duhalde es la de una economía en recuperación gracias a la sustitución de importaciones y el veranito de las exportaciones o un cúmulo de problemas que se barrieron debajo de una alfombra que tendrá que desempolvar el próximo gobierno.
Durante su gestión, la desocupación superó el 20 %, la pobreza llegó al record del 54% y arrastró 19 millones de personas, de las cuales 9 millones son indigentes. La deuda pública mantuvo la tendencia de los gobiernos de Carlos Menem y, antes, Raúl Alfonsín: siguió creciendo y hoy los analistas coinciden en ubicarla cerca de los 190.000 millones de dólares.
A esta urgencia para el próximo gobierno se suman otras: reforma un sistema financiero en crisis, resolver la reestructuración de la deuda, garantizar el superávit fiscal, realizar una reforma tributaria y encarar la demorada negociación por los contratos y las tarifas con las empresas privatizadas de servicios públicos.
Desempleo. La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad económica de febrero creció un 5,8% con respecto al mismo mes del año pasado y un 1,8 % frente a enero y también que la cantidad de obreros ocupados en las fábricas creció durante el primer trimestre de 2003 un 1,9% en relación al cierre de 2002. La cifra (1.291.517 personas ocupas) es un 30% menor a la de 1997, el año previo al comienzo de la recesión.
Es que el crecimiento de hoy es, en realidad, una recuperación en relación al año previo al comienzo de la recesión. Y pese a todas las promesas de campaña que incluyen desde planes públicos de forestación para generar empleos hasta reducciones en los impuestos patronales al trabajo- el desempleo es y será uno de los problema más difíciles de revertir para el próximo gobierno. Principalmente porque los niveles de ocupación crecen de una forma mucho más lenta que los de la actividad económica.
Si bien oficialmente se habla de un 17,8 por ciento de desempleo, los economistas coinciden en ubicarlo por encima del 20 por ciento, porque incluyen lo que el Indec no toma en cuenta: a los beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar. En un arco que incluye desde la ortodoxia hasta la izquierda, ningún analista se atreve a pronosticar que se pueda llevar el desempleo a un dígito en menos de una década.
Mientras en la Sociedad de Estudios Laborales calculan que con un crecimiento de 4% del PBI se lo puede reducir entre uno y dos puntos por año, en la Central de los Trabajadores Argentinos pronostican que es necesaria una década creciendo a un ritmo del 7 por ciento anual para bajar los números de la desocupación a la mitad.
A esta delicada situación social se sumarán los reclamos por los sueldos depreciados tras la devaluación y los aumentos de precios. La gestión de Duhalde tiró la pelota afuera con los aumentos no remunerativos de 150 y luego otros 50. El conflicto ferroviario del mes pasado anuncia lo que podría estar por venir.
La deuda. Son cien los días que tendrá el próximo gobierno para negociar con los organismos de crédito. El actual acuerdo con el Fondo vence el 31 de agosto y el 9 de setiembre la nueva administración deberá enfrentar un pago de 3.000 millones de dólares. Los vencimientos con el Banco Mundial y el FMI acumulados entre 2003 y 2004 suman 14.000 millones.
La deuda no dejó de crecer desde la declaración del default hace 16 meses. Y a pesar de que los datos oficiales anclados en setiembre de 2002 indican un monto de 129.794 millones, hoy el Ministerio de Economía se habla de mas de 150.000 millones. La llegada esta semana de John Dodsworth, actual subdirector para el hemisferio occidental del fondo, para encarar las nuevas negociaciones con el gobierno sólo tiene un antecedente, que fue la crisis rusa. El dato sirve para medir la magnitud del problema y también la dureza que tendrán los negociadores del FMI a la hora de exigir metas a cambio de una reprogramación de los pagos o una quita una opción muy mencionada durante las campañas- en el monto de la deuda.
La reestructuración del sistema bancario y garantizar el superávit fiscal estarán entre estarán entre esas exigencias.
La otra amenaza es la del comportamiento que podrán manifestar los tenedores de bonos de la deuda, entre los que se encuentran desde jubilados japoneses hasta fondos de inversión de los llamados buitres. El fallo contra el Estado argentino emitido la semana pasada por un juez de Nueva York por un grupo de acreedores agregó un nuevo frente en la cuestión de la deuda.
Superávit. Según informó el gobierno la semana pasada, las metas en este punto no sólo fueron alcanzadas sino que además se superaron: durante el primer trimestre de este año, el superávit primario fue de 1.788 millones de pesos, 288 millones más que lo exigido por el FMI.
En febrero último, la recaudación tributaria superó en un 55% la del mismo mes del año pasado. Pero este logro es también lo que los críticos señalan como un punto débil de la gestión Duhalde: semejante aumento en la recaudación se debe a la restauración de las retenciones a la exportación, una carga que quienes piden una reforma tributaria consideran excesiva. La eliminación de la retenciones es a la vez uno de los reclamos más fuertes del sector productivo.
Bancos. El gran presente griego que el actual gobierno le deja al próximo es resolver la cuestión de las compensaciones a los bancos por los costos de la pesificación y la indexación asimétrica entre depósito (ajustados por inflación) y préstamos (según la variación salarial) . A esto se podría sumar un fallo redolarizador de la Corte Suprema que se extendiera a todos los depósitos reprogramados. Serán el Congreso el que deberá decidir qué hacer con este paquete que, reclaman los bancos, suma unos 10.400 millones de pesos.
Si el analista José Espert exagera o no cuando dice que los banqueros le van a tirar las llaves de los bancos por la cabeza al próximo gobierno se verá pronto. En la city se espera un fallo de la Corte que les permita pagar los plazos fijos acorralados con un bono público compulsivo. El 60 % de los activos de los bancos, dice Espert, está integrado por deuda pública.
La reestructuración del sistema, que ya se considera inevitable, implica que aquellos bancos que tengan sus números en rojo, deberán capitalizarse, fusionarse o cerrar.
Privatizadas. En lo que va del año se retiraron del país los grupos extranjeros que manejaban la distribución de energía eléctrica en cinco provincias. La renegociación de los contratos con las privatizadas y la discusión sobre un aumento de tarifas es un tema postergado desde hace diez meses.
En febrero de 2002 el Gobierno creó una comisión con ese fin, que tenía que resolver la tarea en 180 días, pero hasta hoy la cuestión sigue pendiente, luego de dos intentos frenados por la justicia de subir las tarifas. El 10 de diciembre, de todos modos, vence el plazo fijado por la ley de Emergencia Económica para llegar a un acuerdo.
Quien asuma, tendrá poco tiempo para festejar el triunfo electoral antes de que empiecen a quemar las papas. ¿Alcanzará la incipiciente y módica recuperación de la economía para apagar tantos incendios?.
