Vivir con Déficit Cero. Salarios caídos. Deterioro de la capacidad de ahorro. Congelamiento del consumo y del crédito. Pago ajustado de la deuda externa y el gasto público como prioridades básicas. Sólo se gasta lo que ingresa. Llegó la hora de pagar el despilfarro y el clientelismo político. Un desafío doloroso, aparentemente inevitable. ¿Por qué se llegó a esta virtual cesación de pagos y corte del crédito?
El gasto público consolidado de la Argentina es de casi 100 mil millones de dólares, dos veces y media lo que representaba hace una década y mucho peor gastado que entonces.
Más del 60 por ciento de ese presupuesto anual se lo devoran la seguridad social, las provincias y las universidades, que desde siempre han sido los rubros que encubren las “cajas políticas”, tanto del oficialismo como de la oposición, no importa las épocas. Otro 22 por ciento está representado cada año por los servicios de la deuda externa, intereses y sucesivas refinanciaciones. Apenas el 12,5 por ciento corresponde a los salarios del Estado.
Ajuste a medias.
El postulado Déficit Cero con el que Domingo Cavallo (55) piensa poner en caja al inmanejable gasto público empieza a cortarse por la parte más delgada del hilo: por eso, precisamente, el ajuste difícilmente consiga equilibrar las cuentas en el corto y mediano plazo. No contempla una reforma seria de la burocracia del Estado. Pero genera expectativas imprescindibles en los mercados, que pueden terminar surtiendo el efecto de un bumerán.
Si el recorte no las satisface rápidamente, se podría acelerar la debacle: cesación de pagos o devaluación, o peor aún, ambas bombas reaccionando en cadena.
El mismísimo Roberto Alemann (77), que pregona el achicamiento del Estado desde hace más de 30 años, opinó esta semana que “el ajuste propuesto en su momento por Ricardo López Murphy (49) era más equitativo que el lanzado por el ministro actual”.
“Al final, Ricardo tenía razón. Ahora habrá que hacer lo mismo pero de manera más sangrienta”, comentó un colega ortodoxo. Es que ninguna salida resulta tranquilizadora en medio de esta crisis. O se va a un déficit cero a cualquier costo, social, político, económico, o el fantasma del “default” (cesación de pagos) se hará realidad.
Para los ortodoxos, el esfuerzo hay que hacerlo sí o sí. Para los moderados “keynesianos”, en cambio, el ajuste del gasto no soluciona nada porque, aun con Déficit Cero, será imposible que la Argentina pueda asumir los costos del servicio de la deuda.
Proponen, en cambio, modificar drásticamente el destino del gasto y crecer con las exportaciones para que sean las divisas frescas, y no la emisión de deuda, las que sostengan las acreencias de la Argentina. Es el escenario menos imaginado por los mercados, pero el que produciría un menor costo social en un país con 16,4 por ciento de desocupación y 14,9 de subocupados.
Quién puede.
La posibilidad de que la Argentina consiga llegar a un Déficit Cero -y mejor aún, al superávit fiscal- no es tan remota como parece. Se trata de saber quién se atreve políticamente a terminar con un “deporte nacional” del que ha vivido el sistema en todos estos años. Claro que provocará un altísimo costo social que deberá pagar el que se anime a tomar el toro por las astas, y esto asusta sobremanera a la clase política argentina, acostumbrada a sostener su actividad partidaria, por derecha o por izquierda, con fondos del Estado.
El ministro Cavallo tuvo que hacerse cargo del problema por obligación y no por convicción. El presidente De la Rúa, a pocos días de asumir su mandato en diciembre de 1999, recibió en su escritorio un extenso y profundo informe sobre el descontrolado gasto público elaborado por un grupo de reconocidos economistas de distintas corrientes.
Algunos de ellos recuerdan hoy que aquel trabajo estaba acompañado por una promesa más que tentadora: “Presidente, si usted logra bajar el gasto público a cero, se transformará en un ídolo nacional”, le dijeron. El Presidente resignó el “bronce” al que lo candidateaba un sector del “establishment” y prefirió hacer la plancha y evitar conflictos. Así estamos.
Escenario 1.
Los economistas más ortodoxos se frotan las manos. Por primera vez en mucho tiempo, un gobierno se embarca en una promesa de bajar el gasto público más o menos potable a sus intereses. Presionan a Cavallo y al Gobierno para que vayan hasta el hueso, sin concesiones, todo y de una vez por todas. Los amparan los fríos números.
Según datos de la Fundación Norte y Sur, en 1989 el Estado reunía 1.996.373 millones de empleados públicos, entre Nación, provincias y municipios, y el gasto total rozaba los 30.000 millones de dólares. Hoy, son 1.932.106, es decir sólo 64.267 empleados menos, pero el gasto asciende a casi 100 mil millones. La cuenta que hacen es sencilla: si en esta última década la masa empleada se redujo un 3,2 por ciento y el gasto total creció más del 230 por ciento, algo está funcionando decididamente mal. Incluso, pese a las privatizaciones que desguazaron el Estado.
Orlando Ferreres (56), el ex viceministro de Economía durante la primera etapa de la gestión menemista, fue uno de los primeros en volver a pregonar el Déficit Cero durante la gestión de la Alianza, mucho antes que Cavallo. Ferreres agrega al drama del despilfarro, por una mala asignación de recursos, el sorpresivo aumento de los salarios estatales: “A partir del ’91, el sueldo de cada empleado público creció anualmente entre un 3 y un 5 por ciento.
Algo inadmisible en una economía sin inflación y cuando los salarios privados están entre un 50 y un 70 por ciento por debajo. Por eso, cuando le escucho decir a Alfonsín que hay que sacarle a los que más ganan, interpreto que se refiere a los empleados públicos”, ironiza el economista.
Según el detalle de la masa salarial pagada por el Estado nacional en enero pasado (sin incluir provincias ni municipios), sus 249.218 empleados cobran, en promedio, unos 1.209,5 pesos por mes. Si a esta cifra se le suma el proporcional del sueldo anual complementario (SAC), el aguinaldo, las horas extras y las asignaciones familiares, el promedio asciende a 1.447,9 pesos.
En las provincias y municipalidades, y aunque los datos no son oficiales, el promedio del salario es levemente inferior, y rondaría según las estimaciones los 1.100 pesos. Las cifras, efectivamente, indican que el promedio del salario de un empleado público es superior al de uno del sector privado. El análisis salarial aporta otra precisión: de los casi 250.000 empleados nacionales, sólo el 7,9 por ciento (19.602 personas) cobran menos de 500 pesos, promediando un sueldo de 386,61 pesos mensuales. El rango de salarios entre los 501 y los 1.000 pesos representa el segmento más numeroso: 41,4 por ciento (103.221 empleados), que en promedio reciben 780,15 pesos mensuales.
Son en verdad, los más castigados por el sistema. Sin embargo, los que cobran entre 1.001 y los 2.000 pesos redondean el 40,8 por ciento (101.506 empleados), y promedian un sueldo de 1.380,12 pesos.
Para Ferreres, la solución no admite medias tintas ni negociaciones correctivas: “Es bueno que Cavallo haya propuesto una rebaja generalizada del 13 por ciento de todos los salarios públicos, pero una mejor solución sería ajustarlos un 20, aunque excluiría de plano a las jubilaciones porque no hay margen para seguir ajustándolas”. A la distancia, aquella famosa declaración de López Murphy (49) -de mediados del ’99-, en la que recomendaba una reducción generalizada de salarios públicos del 10 por ciento, suena hoy como un cuento de hadas, sobre todo teniendo en cuenta que un gran sector de estatales debió resignar en el último año un 25 por ciento de su salario (12 por ciento en la era Machinea, y 13 ahora).
La new age ortodoxa recurre a los exitosos ejemplos de Déficit Cero impulsados en la década pasada por dos naciones europeas: Irlanda y Suecia. Acuciadas por desbordados gastos públicos, altísimas tasas de desocupación y crecientes deudas externas, aplicaron férreos controles fiscales de Déficit Cero.
Terminaron creciendo a un ritmo desmesurado de casi el 10 por ciento anual.
Los dos casos son emblemáticos porque lograron emerger de la crisis de endeudamiento, pese a la aplicación de remedios recesivos. Claro, abundan las diferencias: sus estancamientos fueron coyunturales, cuentan con poblaciones más pequeñas y proporcionalmente más calificadas en términos laborales y nunca dejaron de estar rodeadas de una Europa rica y poderosa. Pese a todo, sus habitantes perdieron calidad de vida.
Escenario 2.
“En una depresión, lo que se necesita es más gasto.” En las tensas horas que corren, cualquiera podría pensar que esta frase es parte de la declaración de algún político argentino de pura cepa. Sin embargo, la escribió en “The New York Times” el prestigioso economista Paul Krugman, a quien ningún representante del establishment local podría animarse a tachar de alfonsinista, ni mucho menos.
Lo que Krugman plantea, más allá de la frase puntual, es por qué los Estados Unidos, y sus más fieles representantes, “los mercados”, reclaman a la Argentina y a otros países emergentes la aplicación de recetas económicas tan rígidas -y, hasta ahora, inconducentes- que jamás se animarían a aplicar fronteras adentro. “¿Por qué el keynesianismo es bueno sólo para los Estados Unidos, pero malo para el resto?”, se pregunta el respetado profesor de la Universidad de Princeton.
Hace un año fue “The Economist” quien consideró una locura intentar salir de la recesión con más ajuste. El mismo cuestionamiento se hacen algunos economistas locales, que no ven con malos ojos una reestructuración del gasto pero en términos más razonables y estructurales que los de Cavallo.
Las dos líneas de pensamiento tienen argumentos atendibles. Pero es imposible una receta a medio camino. La cirugía sin anestesia es dolorosa.
Pero la posibilidad de seguir viviendo con un tumor maligno, es demasiado riesgosa. Encima, son pocos los que se animan a ir contra la corriente ultraliberal dominante y plantear un reestructuración de la deuda externa consensuada con los acreedores, como lo han hecho otros países no hace mucho (Brasil y México, sin ir más lejos), que hoy son más fuertes y confiables que la Argentina.
De hecho, Cavallo se enojó en su momento contra la nueva línea de economistas allegados al presidente George Bush. que diagnosticaron la eventual imposibilidad del pago de la deuda por parte de la Argentina.
Plantean default, renegociación y empezar de cero. Según ellos, el Déficit Cero no es incompatible con un default ordenado.
¿Podrá este Gobierno, inmovilizado por sus propias carencias y por las interminables internas, llevar adelante un ajuste del gasto público que nunca nadie se atrevió a hacer en los últimos 50 años? Y más aún, ¿se animará alguien a debatir la reestructuración de la deuda externa en las condiciones actuales? Tal vez sea demasiado para un país quebrado y al borde del abismo.
RECUADRO:
“Hay que convivir con la globalización en vez de utilizarla como prestamistas. Tratar de que nos compren nuestros productos. Al argentino, en cambio, le gusta vivir de arriba, el grueso del gasto publico es por la clase media ineficiente y además tenemos un atraso cambiario insostenible”.
JOSE LUIS ESPERT
Economista.
