El Gobierno intenta ganarle a la crisis

“La Argentina está mal", admitió el viernes el presidente Fernando de la Rúa, al cabo de lo que fue la peor semana financiera de los últimos años. Entre otras razones lo atribuyó a "la crisis política interna" en una clara desmentida a quienes incluso hasta pocos días atrás, no sólo negaban las dificultades económicas, sino que decían que la crisis política no se reflejaba en la economía.
De la Rúa agregó que esa crisis política interna sumadas a la fragmentación social y al contexto externo desfavorable "es una combinación que puede llevar a nuestra economía a una verdadera catástrofe si no actuamos bien y rápido".

Así, por primera vez, el propio presidente asumió la gravedad de la situación económica, social y financiera de la Argentina, que la colocó virtualmente orillando la cesación de pagos. A comienzos de la semana, ante el cierre de los mercados internacionales, el Estado tuvo que salir a financiarse en el mercado doméstico pagando tasas del 13 al 16% anual. Los títulos públicos bajaron de cotización, lo que llevó la tasa de riesgo de la Argentina en torno a los 1.000 puntos, lo que significa un 10% adicional por sobre la tasa internacional. Y el "call", la tasa para los préstamos a cortísimo plazo, trepó al 23%.

En estas condiciones el presidente anunció que habrá una ayuda internacional especial a través de un préstamo extraordinario que actúe como un seguro que permita que el crédito vuelva a tasas razonables o, directamente, que le permita a la Argentina soslayar los mercados.
Aunque enumeró medidas y reformas, el Presidente reconoció que "el déficit de este año será algo mayor al previsto" y también que es posible "que aumente el déficit presupuestario del año que viene" porque la Argentina crecería menos. Por esa razón anunció que se reformará el Presupuesto del 2001 y propuso "reformar la Ley de Solvencia Fiscal" que, tal como está, exige que en el 2001 el rojo fiscal no supere los 4.825 millones de pesos.

La única verdad es la realidad

Paradójicamente, el jueves por la noche, con el voto de Acción por la República y partidos provinciales, la Alianza aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto dando luz verde al proyecto oficial que ahora será retirado por el Gobierno y reformulado. La velocidad de los acontecimientos descolocó a los legisladores que quisieron dar con ese voto favorable una muestra de disciplina política. Ahora, el Gobierno termina por reconocer dos hechos:

· Que el paquete impositivo de comienzos de año, más el ajuste de mayo (corte de los sueldos del sector público) y las medidas pro inversión de octubre no mejoraron las cuentas públicas porque plancharon la economía y fueron superados por el aumento de los intereses de la deuda. Esta semana Economía estimó que en el tercer trimestre el PBI subió apenas el 0,8%, y que para todo el año el crecimiento sería del 0,5/0,7%, muy por debajo del 4% estimado en el Presupuesto del 2000. Por su parte sigue el proceso de desinversión como lo evidencian los 9 trimestres de caída consecutiva de la inversión bruta.

· Que las medidas propuestas no mejorarán en el corto plazo las cuentas públicas con relación a lo proyectado hasta ahora. Este es el punto nodal de la nueva situación. Incluso algunas medidas, al menos en lo inmediato, le restan recursos al Estado, agravando el rojo fiscal. Por ejemplo, la eliminación del impuesto a los intereses, a partir del 2002, representa una pérdida de ingresos para el Estado de 900 millones de pesos. Aún así, esas propuestas tienen que pasar por el acuerdo con los gobernadores y por el Congreso. Se corre así el riesgo de que los anuncios terminen devorados con la misma rapidez con que quedaron absorbidos los anteriores.

Es que sin más ni más el Gobierno propone ahora congelar por cinco años, sin considerar los intereses de la deuda pública, el gasto tanto de la Nación como de las provincias.
Sin embargo, el llamado gasto público primario (sin los intereses) no solo no está aumentando sino que hace años que viene cayendo.
Por ejemplo, de acuerdo a lo ya aprobado, sin contar los intereses y las transferencias a las provincias, el gasto de la Administración Central de este año no superará los 35.204 millones de pesos, una cifra menor a los 35.425 millones gastados en 1997; a los 35.585 millones de 1998 y a los 36.115 millones de 1999.
Por su parte, sin los intereses, los gastos provinciales sumarán este año 33.398 millones de pesos, una cifra menor a los 33.866 millones gastados en 1998 y a los 34.561 millones de 1999.
De acuerdo a las cifras oficiales, el gasto primario consolidado de la Administración Central y las Provincias del 2000 sumaría 68.602 millones por debajo de los 70.666 millones gastados en 1999.
El aumento del gasto público consolidado se explica por el aumento de los intereses que desde 1998 en adelante están creciendo a razón de unos 1.500/2.000 millones por año. Así pasaron de 7.851 millones en 1998 a 9.656 millones en 1999 y se estima que sumarán 11.800 millones en el 2000 y más de 13.500 millones en el 2001.

El motor del crecimiento del gasto está dado por el aumento de la carga de la deuda pública. Ahora, como se admite que deberá aumentar el déficit fiscal tanto del 2000 como del 2001 se acrecientan las necesidades de financiamiento de la Argentina y con ello el peso de los servicios de la deuda, en un contexto en que el país obtiene ese financiamiento a tasas elevadas.
Además, como sube el endeudamiento y la economía crecerá menos, se deteriora aún más la relación deuda/PBI, un indicador clave que miran los inversores y acreedores.

El corazón del shock

El plato fuerte de las medidas es el previsional porque se elimina para los futuros jubilados la Prestación Básica Universal (PBU) que es el haber básico a cargo del Estado para todos los que se jubilan con más de 30 años de aportes, pertenezcan al sistema público o privado. Hoy ese haber es de 200 a 230 pesos por mes.
Con esta medida el Gobierno bajaría de manera significativa el gasto previsional futuro. Pero en lo inmediato, este ahorro sería muy pequeño.
Si rigiese desde el 2001 y estimando que a lo largo del año se podrían jubilar unas 70.000 personas, representarían menos de 100 millones de pesos. Hacia el 2002 podría representar una baja del gasto de 200 millones y así de corrido. Se trata de una medida que baja de manera abrupta el gasto previsional comprometido para el mediano y largo plazo y de ahí la persistencia del Fondo Monetario en eliminar esa Prestación.
Aunque el Gobierno presentó este paquete como "solidario", se trata de una medida que perjudica más a los que menos ganan. Así una persona que debería jubilarse con 600 pesos, pasará a jubilarse con 400 pesos, lo que representa una poda del 33,3,% en su derecho jubilatorio. En cambio, quien tenía derecho a 1.500 pesos de jubilación, cobraría 1.300 pesos, lo que significa una reducción del 13,3%.

El Gobierno anunció la abolición de la jubilación estatal para los nuevos trabajadores. Se trata de una medida netamente política porque en los hechos, por el sistema implementado, más del 95% de los nuevos trabajadores queda afiliado a las AFJP. Aún así, el Gobierno pierde recursos porque dejará de cobrar los aportes personales de los podrían afiliarse al sistema público. Con la derogación del régimen estatal el Gobierno quiere ponerle un punto final a la presión de los propios legisladores de la Alianza que planteaban la posibilidad de que los afiliados a las AFJP pudiesen volver al sistema estatal.

Otro cambio es que las pensiones graciables tendrán un tope de 120 pesos mensuales y las ya otorgadas deberán adecuarse al nuevo valor. Hoy las pensiones no contributivas, en promedio, son de 165 pesos por beneficiario por lo que el ahorro no sería significativo.
Las otras medidas, como el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres a partir del 2002 o la incorporación de las FF.AA. y de Seguridad a un régimen de capitalización, similar al de las AFJP, para los nuevos militares, tampoco tiene efecto inmediato.

En el caso de los militares implica un aumento del gasto porque al comienzo el Estado deberá seguir afrontando el déficit actual de las cajas militares y aportar al nuevo régimen de capitalización.
El anuncio de que desde enero del 2001 ningún jubilado mayor de 80 años cobrará menos de 200 pesos es claramente "cosmético" porque para los que ganan el haber mínimo y tienen más de 67 años rige un "subsidio a la pobreza" que lleva la jubilación total a los 200/220 pesos.

Puntos de vista

ROBERTO ALEMANN
Ex ministro de Economía

Los bancos abusaron de su posición de fuerza. Vieron que el Estado necesitaba refinanciarse y se aprovecharon de eso para cobrarle el 16%, una tasa desmedida que no guarda ninguna relación con la verdadera situación del país. Es una actitud irresponsable. Los bancos son referentes importantes del país. Son inversores institucionales y de mucha importancia. Si en un momento de necesidad por "dimes y diretes", con una crisis política que está buscando su solución, los bancos se aprovechan, le están brindando un mal servicio al país.

JOSE DAGNINO PASTORE
Ex ministro de Economía

Esta dificultad de financiamiento del Estado proviene del círculo vicioso en que hemos caído, donde la falta de crecimiento impide mejorar la situación fiscal. Las tasas que está pagando el Estado es una manifestación de este círculo vicioso. Hay una crisis de confianza con el "managment" de la Argentina, en el procesamiento político de las medidas para romper este círculo vicioso. Hay que salir con un shock. De los tres paquetes anunciados, el que mejor "cayó" en los mercados fue el de mayo (rebaja de sueldos, desregulación de obras sociales).

PEDRO RABASSA
Dto. Económico del Scotiabank

El alza de las tasas se debe a que hay temores de que se cierre el financiamiento al Estado. Ante esta situación, este sale a proveerse de fondos en el sistema financiero y eso hace que las entidades compitan en momentos en que los depósitos no crecen. Así, aunque el sistema no tiene problemas de liquidez inmediata, se prepara para una menor liquidez futura si persiste el cierre de los mercados internacionales. Y eso le da volatilidad al "call". La evolución de las tasas dependerá de las medidas que se tomen para bajar la incertidumbre.

JOSE LUIS ESPERT
Consultor económico

Estamos en cesación de pagos. Los acreedores saben que la Argentina, por más ajuste que haga, no podrá cumplir con los compromisos, porque a este ritmo los intereses de la deuda en los próximos años trepan a los 20.000 millones de dólares anuales. El escenario más probable es que se vaya a una reprogramación de la deuda que no podrá soslayarse aunque haya un eventual crédito de apoyo internacional. Quizás tengamos un respiro pero luego los mercados volverán a pasar por encima. Habría que hacer un ajuste de baja de gasto muy severo.