El viejo refrán que dice: “La mona, por más que se vista de seda, mona queda” se ajusta perfectamente bien a lo que está ocurriendo con el ajuste fiscal que se avecina. Se podrá decir que es para eliminar distorsiones generadas por las exenciones en IVA y Ganancias y que no implica un aumento de impuestos. Sin embargo y por más que lo desmienta, el gobierno electo tendrá que sancionar un “impuestazo” de casi $2.400 millones para el 2000.
De todas maneras, la pesadilla impositiva puede no terminar en el 2000. Suponiendo que siga sin existir diagnóstico de que todo el Estado (nacional, provincial y municipal) hoy está totalmente quebrado y que la sociedad está harta (con razón) de pagar impuestos y que la economía crece al 3% anual, no habría que descartar que en todos y cada uno de los años que van desde el 2001 hasta el 2003, sea necesario un paquete de aumento de impuestos de $2.150 millones, muy similar al que el sector privado sufrirá el año que viene.
Esto es así porque la Convertibilidad fiscal obliga a la Nación a bajar su déficit fiscal todos los años hasta que sea 0 en el 2003, lo cual implica una reducción promedio acumulativa anual de $1.700 millones.
Pero además es necesario juntar plata para financiar los aumentos en los intereses de la deuda pública porque se está refinanciando deuda que vence y paga tasa LIBO por deuda que paga casi dos veces LIBOR. Monto promedio anual: $900 millones.
Si hay algo que combina la convertibilidad “a la argentina” es populismo desaforado con ropaje de ortodoxia. Y más, lo combina al mismo tiempo de manera brillante y nefasta.
Brillante porque si alguien hubiera querido aplicar un populismo como el que ha sido la convertibilidad pero por derecha, la crisis lo hubiera borrado del mapa. Nefasta porque todos los populismos necesariamente terminan mal como lo está haciendo la convertibilidad.
El populismo ha estado encarnado por el Mercosur (¿podemos aprender a competir con un par nuestro?), la política laboral (¿quedan dudas todavía de la necesidad de “borrar” a los sindicatos?) y, esencialmente, la política fiscal que ha atrasado el tipo de cambio a límites que ya cuesta cada vez más mantenerlo.
Es lamentable que Argentina tenga lo terribles problemas fiscales que hoy tiene luego que eliminó las empresas públicas, el déficit cuasifiscal del BCRA y recauda 6% más del PIB de impuestos que hace 8 años fruto del crecimiento económico y los “impuestazos” varios que el sector privado a tenido que pagar.
De todas maneras, esa política fiscal no es más que el fruto de una distorsión que existe en el mercado de capitales, fruto de la colusión entre los políticos y los prestamistas.
Está claro que si hay algo que le gusta a un político es hacernos creer que hay una relación uno a uno entre tener infinita cantidad de políticos dando vueltas por todos lados y democracia (cosa totalmente falsa). Atado a esto viene su segundo “hobby”: gastar cada peso o dólar que pase por sus narices sea de impuestos, deuda, emisión monetaria o privatizaciones.
Por su lado, los prestamistas lógicamente son maximizadores de beneficios y si un país es un gran negocio porque vende sus empresas públicas que están quebradas no porque el de las “utilities” sea un mal negocio sino porque el “manager” es bobo (el Estado), por más descalabro fiscal que exista en las vísceras de esa economía, está claro que ellos dirán que es una maravilla y que hay que apostarle a favor en el mercado de deuda.
Así es que un país como Argentina que ha realizado una reforma de mercado espectacular como ninguno en el mundo emergente en los últimos 10 años, ha tenido que sancionar en promedio un paquete de aumento de impuestos por año dentro de la convertibilidad, ha duplicado su deuda pública ($60.000 millones), ha rifado $35.000 millones de impuestos y $16.000 millones de cash en dólares provenientes de las privatizaciones.
En el medio de todo esto se mezcla la manera de hacer operativa aquella transacción entre las dos corporaciones.
Hay que mostrar el menor déficit fiscal posible para “empapelar” a medio mundo con “argendeuda”.
Así es que una cifra que debería ser, más para un país que llegó a la hiperinflación por culpa en parte de décadas de desaguisados fiscales, tan clarita como el agua, se transforma en un campeonato de manipulaciones escandalosas.
Veamos. Las Provincias y los Municipios, dentro de la convertibilidad, nunca han formado parte del déficit fiscal oficial y del cual todo el mundo habla.
Tampoco los bonos emitidos para consolidar deuda vieja y cuyo vencimiento y conversión por deuda que paga tasas de mercado está haciendo estragos en las cuentas públicas por el aumento en los pagos de intereses que tiene que enfrentar el gobierno. Tampoco los Fondos Fiduciarios que se han creado para disimular aumentos de gasto público haciéndonos creer que una parte de la mayor deuda pública que hoy tiene el Estado no se ha tomado para financiar más gasto público sino para aumentar los activos del gobierno.
Cuando los políticos sospechan que se les ha ido la mano con el aumento del gasto público y tienen miedo que haya un problema de salida de capitales como pasó este año cuando ya era claro que la presente recesión era peor que el Tequila, acuden a la moda que nos ha contaminado en los últimos años y que es tener supuestas buenas instituciones económicas. Ejemplo: la convertibilidad fiscal.
Obviamente, que un instrumento que salga de quienes lucran en términos de votos con los aumentos de gasto público como son los políticos tenía que tener trampas. Así es que la convertibilidad fiscal puede ser cumplida con privatizaciones y no existe ningún límite al endeudamiento público que es justamente la verdadera definición de déficit fiscal.
En ese sentido, luce graciosa la pelea del próximo equipo económico con las Provincias. Dado que la ley de convertibilidad fiscal sólo mira el resultado fiscal de la Nación, no importa que la mejora de la Nación se haga a costa de sacarle plata a las Provincias.
En realidad, bien mirada la cosa resulta un juego de suma cero porque la Nación mejora su resultado a costa de un empeoramiento del de las Provincias, salvo que las provincias bajen su gasto porque no tienen recursos de impuestos para gastar.
Pero como la ley de convertibilidad fiscal no pone límite al endeudamiento público, la Nación podría tomar deuda para prestarle el dinero que le negó de impuestos y así no habría mejora en la situación consolidada del gobierno.
Evidentemente, no hay solución de corto plazo al problema fiscal sino se asume que el Estado está quebrado y se baja dramáticamente el gasto público. En el largo, la solución estructural es que haya menos burocracia, o sea, más lugar para el sector privado en tareas que hasta hoy supuestamente son indelegables del sector público.
Nota Original: ÁMBITO FINANCIERO | 26/11/1999
