Hay que eliminar Ley de Coparticipación

La coparticipación federal es un sistema perverso de distribución de impuestos. Genera incentivos a recaudar mal a nivel de cada provincia porque es sabido que todos los meses se recibe el maná de la recaudación nacional.
Provee al malgasto de los impuestos porque los gobernadores no pagan el costo político de aumentarlos cada vez que suben el gasto público. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es eliminarla.

Obviando el problema de los intereses de la deuda pública
tanto nacional como provincial que pueden estar reflejando irresponsabilidades fiscales del pasado, tanto la Nación como las Provincias (ver cuadro adjunto) han aumentado el gasto público por igual en casi $17.000 millones cada una desde 1991. Total: $34.000 millones. Además, por cada peso recaudado el gobierno central aumentó el gasto primario en salarios, jubilaciones y subsidios al sector privado en $1,4 y las Provincias en $1,1. Entonces, como despilfarradora, la Nación ha sido peor que las Provincias ó, en el mejor de los casos, tan despilfarradora como las Provincias.

Esto es tan cierto como que en 1991 el déficit fiscal de las Provincias representaba ¼ del desequilibrio de toda la Argentina y 8 años después representa también ¼. O sea, no es que la composición del desequilibrio fiscal ha cambiado dramáticamente hacia las Provincias y la Nación ha sido una "pinturita" en el manejo de los recursos públicos.
En la cadena de inconsistencias e irresponsabilidades fiscales que ha sido la convertibilidad, la Nación ha sido peor que las Provincias.

Entonces, no es ninguna garantía de mejora en las cuentas públicas ni la pérdida de recaudación que sufrirían las Provincias en el Proyecto de Presupuesto 2000 a manos de la Nación ni la nueva Ley de Coparticipación Federal que se comienza a discutir en estos días que seguramente les saque
más recursos todavía a las Provincias. La Nación ha gastado tanto y tan mal como las Provincias.
El argumento anti-coparticipación no pasa por lo irresponsables que son las Provincias para gastar, sino por otro.

La coparticipación es una verdadera usina generadora de distorsiones que toma lo peor de nuestro histórico unitarismo y lo combina con lo peor de nuestro histórico federalismo.
El esfuerzo recaudatorio se realiza a nivel federal y el gasto se decide en cada provincia.
Es un "moral hazard" grande como una casa: los gobernantes locales no se preocupan por recaudar porque siempre viene el maná de los impuestos nacionales y por el mismo motivo no pagan el costo político de aumentar el gasto público.

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y Mendoza "juntan" el 80% del PIB argentino mientras que reciben solamente el 40% de los recursos que se recaudan a nivel nacional que van a las provincias. Como contrapartida, el restante 20% del PIB recibe el 60% de la recaudación nacional que va a las provincias.

La Ley de Coparticipación deber ser eliminada, que cada provincia se arregle con lo que recauda de recursos propios y el subsidio que a nivel regional representa hoy la coparticipación federal, reemplazarla por un subsidio a los pobres de cada provincia para evitar la posible e irritante situación actual de que el pobre de la provincia rica esté subsidiando al rico de la provincia pobre.

Hay que plantear con toda claridad y contundencia cómo son las cosas. Si el esfuerzo recaudador es de tipo "unitario", también deber ser así la potestad de gastar y sino que cada gobernador asuma el costo político de aumentar los impuestos cuando quiera aumentar el gasto público.
Es necesario "ponerle" presión a la mayoría de los gobernadores locales porque con la excusa de que manejan provincias pobres, nunca hacen el esfuerzo necesario para que dejen de gobernar provincias pobres.

Es cierto que esto podría implicar la desaparición de ciertas provincias (lo cual obligaría a regionalizar en serio el país) que viven de una insostenible promoción industrial (11% del PIB de costo fiscal) y de los impuestos recolectados a nivel nacional por la incapacidad de los gobernantes de turno de recaudar localmente (más allá de los diferenciales de bases tributarias regionales).
Pero ¿porqué toda una sociedad tiene que pagar el costo de bienestar para mantener una fantasía geopolítica de que existen ciertas provincias cuando en realidad no existen? Tarde o temprano esto habrá que blanquearlo.

La regionalización traería una reducción muy importante del gasto público por la desaparición de una gran parte de la burocracia estatal que nos agobia y también tendríamos grandes ganancias de productividad en un momento en el cual el problema de tipo real de cambio ya es importante. ¿Cuántos empleados del sector público conseguirían un empleo en la "selva" que hoy es el sector privado?¿Porqué no blanquear el enorme subsidio por desempleo que todavía sigue siendo el Estado?¿Cuánto dinero se dejaría de tirar a la basura por la desaparición del amiguismo y clientelismo político?

Esto se entronca con la discusión de estos días en los que se discute el ajuste fiscal que viene ¿Puede ser que queden dudas por dónde tiene que pasar el ajuste, luego de que en 8 años la sociedad ha sido estafada con los impuestos que pagó y de los cuales hoy no hay ninguno "vivito y coleando" porque se gastaron en su totalidad por valor de $34.000 millones?
El argumento de la inflexibilidad del gasto es totalmente falaz porque siempre fue perfectamente flexible hacia arriba pero nadie quiere pagar el costo político de bajarlo. ¿Para qué esperar a una nueva crisis para hacerlo?