Roque quiere quedar como el paladín del ajuste

Roque Fernández defendió ayer las cifras contenidas en el proyecto de ley de Presupuesto para el año 2000 y los economistas independientes lo apoyaron, aun reconociendo las limitaciones técnicas y políticas del proyecto.
La excepción vino por el lado de la Alianza, cuyos economistas se alinearon con sus referentes políticos (ver aparte), y algunos mostraron su preocupación por incongruencias detectadas entre intenciones y cifras.

Fernández sostuvo que el déficit de 4.500 millones de pesos "no es un número antojadizo, sino que representa lo que el mercado pide: una disminución de la brecha fiscal que se amplió este año como consecuencia del shock externo".
En realidad, ese número es el máximo desequilibrio posible que autoriza la flamante ley de convertibilidad fiscal, siempre que el déficit de este año no supere el 1,9% del PIB ($ 5.100 millones), algo en lo que no confían no pocos economistas.
Roque aprovechó el único acto público al que asistió ayer, la apertura de la convención anual de la Cámara de la Construcción (ver aparte), para hablar de temas presupuestarios, dado que no tenía ningún anuncio para los empresarios.

"Los $ 4.500 millones de déficit presupuestados son un número realista y posible de cumplir. La voluntad política de la próxima administración será decisiva a la hora de enmarcarse dentro de estos límites. Desviarse de este número implica grandes riesgos para nuestra economía", advirtió.
Sostuvo que un país fiscalmente sólido "es más confiable y atractivo para la radicación de inversiones, generando las condiciones óptimas para el crecimiento del producto, del empleo y las exportaciones".

En la Alianza, un economista que pidió reserva de identidad ironizó sobre el "descubrimiento" del ministro de la importancia de la solidez fiscal, y destacó que encontró "una diferencia de más de $ 1.000 millones entre los gastos devengados hasta ahora y el impacto de caja del gasto". De acuerdo con la fuente consultada por El Cronista, "esa diferencia sólo es posible por dos motivos: o hay una subejecución del gasto o están aumentando las órdenes de pago no abonadas", lo que implicaría "patear el problema para adelante", pero también dar la señal de que el cierre de los números de fin de año no son los que se proyectan.

El viceministro de Economía, Pablo Guidotti, había reconocido diez días atrás a este diario que las órdenes de pago en proceso de cancelación sumaban $ 350 millones a fin del primer semestre, una cifra sensiblemente menor a la detectada por la gente de la Alianza.
La fuente también objetó que "mientras se anuncian menores fondos para sueldos para el año próximo, el Gobierno dispuso abrir las bases para la negociación del convenio colectivo para el sector público, según figura en la Resolución 99/99", que se publicó en el Boletín Oficial del martes. En ese instrumento las mejoras están limitadas a la categoría "F", que es la más baja del escalafón, y regirán con retroactividad al 1º de abril pasado.

El economista también objetó que entre los recursos del año próximo se estén contabilizando vencimientos que tendrían que producirse en febrero del 2001, y que se pretende anticipar
para el año próximo. Eso hace subir los ingresos en unos 250 millones, lo que aparece reflejado con subas del 8,2% en Ganancias y del 43,8% en Bienes Personales. "Acá se sigue con la política de seguir desfinanciando el ejercicio siguiente para tapar agujeros, algo que ya se hizo en 1998 y que desfinanció a este año, con las consecuencias que todos conocemos", dijo.

La próxima administración podría aumentar los recursos en $ 900 millones, con sólo anular la rebaja de 4 puntos en los aportes patronales, pero esa medida tampoco tendría un efecto pleno sobre el déficit previsto por el actual gobierno, ya que en el proyecto girado al Congreso se dispuso la desaparición del Plan Trabajar que subsidiaba empleos transitorios, y se necesitarán recursos para hacer programas similares hasta que baje la desocupación.

Está previsto que la baja de impuestos al trabajo rija para los sueldos devengados desde el 1º de diciembre, pero como los pagos efectivos se concretarán en la primera quincena de enero, podrá ser modificada por las nuevas autoridades.

LOS ECONOMISTAS QUIEREN MAS AJUSTE

Aunque todos rescatan el intento de reducir el gasto público, por primera vez explícito desde el inicio de la convertibilidad, los especialistas consultados por El Cronista preferirían que el ajuste propuesto fuera aún mayor.
El principal argumento se basa en que con una menor necesidad de financiamiento por parte del Estado se lograría la baja del riesgo país, que redundaría en una mejor tasa de interés, condición fundamental para la recuperación de la economía.

Roberto Alemann

(ex ministro de Economía)

Como está planteado en el Presupuesto, $ 4.500 millones de déficit es cumplible. Sin embargo, estoy de acuerdo con Pablo Gerchunoff en que habría que bajarlo $ 5.000 millones más para que la tasa de interés cayera. Si se lograra esto, sería un batacazo. La gente no se da cuenta de lo importante que sería
y de que la reducción de la tasa de interés significaría una ahorro para el sector público. Aunque la chance política para bajar el gasto es nula. Si la Alianza gana las elecciones, en la Cámara de Diputados podría negociar con la gente de Roque
Fernández para poder sacarla. Pero no sirven las promesas voluntaristas. Detrás de cada gasto hay mucha gente, al igual que detrás de los ingresos.

Si la baja del gasto se hace creíble después de las elecciones, cambiarán las expectativas sobre la economía argentina. Ni pensaría en reducir el IVA y volvería atrás por completo la baja de aportes patronales, porque se podrían conseguir $ 2.000 millones más. Con respecto a las obras públicas, aunque las que quedaron son buenas, pueden esperar un año más, porque es más importante bajar la tasa de interés eliminando al déficit fiscal. Hay que dar un golpe de efecto.

Carlos Rodríguez

(Rector de la U. del CEMA)

Un déficit fiscal de $ 4.500 millones como el planteado es inaceptable e inconsistente con una recuperación económica.
No es satisfactorio para los que lo tienen que financiar y no garantiza una recuperación, porque no salimos sin un serio ajuste del gasto, una generalización del IVA, de Ganancias, del Impuesto a los Combustibles y un cambio en los porcentajes de la coparticipación para que las provincias compartan la responsabilidad. Pero nadie cree en un déficit de $ 4.500 millones, sino que serán $ 6.000. Y este monto no es financiable.

La próxima administración tendrá que ajustar más y tendrá que frenar mucho más los gastos. Considero que a la rebaja de aportes hay que mantenerla, porque, de lo contrario, para balancear el déficit fiscal estaríamos aplicando impuestos al trabajo con una tasa de desocupación de 14%. El que propone no bajar los aportes está poniendo un impuesto al trabajo. Y hay que balancear por el gasto, hay que machacar mucho más el gasto.

Daniel Artana

(FIEL)

Bajar el déficit a $ 4.500 millones no sólo es posible, sino que es lo que se debe hacer. Se puede lograr una ajuste de $ 1.700 millones. Sin embargo, por el lado de los recursos, creo que la hipótesis de crecimiento nominal del PIB de 5% es optimista y, si no se cumple, faltarán $ 1.000 millones más. Entonces el ajuste deberá ser el necesario para poder cumplir con la Ley de Convertibilidad Fiscal, porque si no tendremos un problema.

Sin embargo, trataría de hacer un ajuste más profundo, porque todavía existe el riesgo de que Brasil tenga un problema y, en ese caso, $ 4.500 millones de déficit no alcanzarán.
No obstante, sin este riesgo-Brasil, $ 4.500 de rojo fiscal es razonable. Con respecto a la baja de aportes patronales, el presupuesto presentado supone que seguirán con el cronograma. Además, el ajuste fiscal debe venir por el lado del gasto, no por el de los impuestos.

José Luis Espert

(Econométrica)

El ajuste fiscal que propone el Presupuesto es monumental y es el primero dentro de la convertibilidad donde hay un pedido de baja de gasto público. Este será un intento de baja de gasto público muy conflictivo, si es que el próximo gobierno realmente piensa llevarlo a la práctica. Los números con los que hay que comparar $ 4.500 millones del año que viene son $ 7.500 millones de este año: la Nación tendría que bajar el déficit en $ 3.000 millones y, para conseguirlo, la necesidad de ajuste es de
$ 5.200 millones, porque parte de la recaudación nacional se debe enviar a las provincias por la coparticipación.

Del total, con el aumento de recaudación se deberían conseguir
$ 3.200 millones y los restantes $ 2.000 millones serían la baja del gasto. Con $ 1.800 millones de baja de gasto, se ve que en el Presupuesto inflaron los recursos, y veo muy difícil el cumplimiento de esta meta.