El Proyecto de Presupuesto de la Nación para el año próximo es un “arma” absolutamente irrelevante de estabilización macroeconómica porque por un lado existe una total incoherencia entre la proyección oficial de virtual congelamiento nominal del gasto público discrecional y las promesas presidenciales a desempleados, maestros y jubilados.
Por otro, no es serio que se piense en que la recaudación de impuestos crecerá casi tanto como en 1997, porque en el presente año hay 2 hechos que, en principio, no se producirán en 1998:
la espectacular aceleración en la tasa de crecimiento de la economía y el “pesado”; paquete fiscal anunciado por el Ministro Roque Fernández en agosto del año pasado.
Para tener una idea de magnitudes, la definición de sector público para el cual pueden construirse series de tiempo más o menos largas de gasto es el consolidado Nación+Provincias+BCRA. Sus erogaciones son del orden de los u$s 70.000 millones anuales, cifra que excluye el gasto de los bancos oficiales nacionales y provinciales (nada despreciable por cierto).
Por lo tanto, debe quedar claro que el gasto público del cual estamos hablando hoy cuando se describe el Proyecto de Presupuesto para el año próximo que está en el Congreso, es solamente el de la Nación y equivale a menos del 70% de aquellos u$s 70.000 millones, porcentaje que se reduciría notablemente si se incluyera en las cifras oficiales de gasto público a las entidades financieras donde el gobierno (cualquiera sea su definición) tenga un porcentaje mayoritario de su paquete accionario.
Obviamente que, desde el punto de vista macroeconómico, el gasto público que importa es el que se obtiene de sumar el gasto de todas las “agencias” que componen al sector público y no solamente el que corresponde a la Nación. Como la Argentina es un país federal, cada Provincia decide cuánto gasta período a período mediante los Presupuestos Provinciales, sin una intervención directa de la Nación. Esta, a su vez tiene gastos discrecionales y no discrecionales.
Los intereses de la deuda pública, desde que Argentina decidió ser un país responsable en la atención del servicio de sus pasivos externos, no son un gasto cuyo manejo esté bajo la órbita del Ministerio de Economía, salvo por operaciones de canje como el realizado hace algunas semanas donde se reprogramó todo el servicio de la deuda (incluyendo a los vencimientos de capital). Por lo tanto, dada la estrategia de endeudamiento, el pago de los intereses de la deuda pública no es un gasto que el gobierno pueda decidir si lo hace o no. Hay que hacerlo y punto. Por eso constituye un gasto que no es discrecional.
Los gastos respecto de los cuales el Gobierno Nacional tiene algún grado de maniobra son los gastos primarios y que están constituidos por salarios, bienes y servicios, jubilaciones y gastos de capital. Por eso se los llama “gastos discrecionales”. ¿Qué nos dice, respecto de éstos, el Proyecto de Presupuesto de la Nación para 1998?. Como puede observarse en el cuadro adjunto, el gasto discrecional de la Nación durante 1998 crecería u$s 1.492 millones, o sea, 3,7%. Salvo el rubro salarios, todos los demás explican aproximadamente un 20% de los u$s 1.492 millones de incremento.
En el caso particular de los gastos de capital (ver cuadro adjunto), el aumento programado de u$s 216 millones, supone que la Nación gastará, desde el Fondo Fiduciario que se constituirá con la venta del Banco Hipotecario Nacional (BHN), u$s 200 millones.
Para tener una idea de la poca relevancia macroeconómica que tiene el gasto del Proyecto de Presupuesto de la Nación, basta tener en cuenta que las Provincias seguramente también gastarán los u$s 800 millones restantes (4 veces más que la Nación) del producido por u$s 1.000 millones de la enajenación del BHN que el Gobierno piensa obtener en 1998.
Esta cifra no está presupuestada (cosa que es correcta) dado que el Presupuesto que se está discutiendo hoy en el Congreso es el de la Nación.
Viendo que el aumento programado por rubros de gasto en ningún caso supera los u$s 350 millones, queda claro que en ninguno de ellos se está considerando los gastos que el Gobierno ha anunciado para el año que viene en las últimas semanas. O sea, no se está considerando el subsidio que recibirán las PYMES por tomar a trabajadores desempleados de mayores de 45 años que sean jefes de familia con un costo fiscal anual de u$s 500 millones.
Tampoco se está tomando en cuenta, ni siquiera un mínimo tramo, del aumento anunciado a los docentes dado que el rubro salarios quedaría “congelado” nominalmente (ver cuadro adjunto), y tampoco se está presupuestando un aumento de la jubilación mínima a partir de los anuncios de Economía.
Ahora, si en una ley fundamental de la Nación como los es el Presupuesto, los “números” dicen una cosa y la política otra, aquel termina siendo un montón de hojas de papel sin sentido.
Por lo tanto, no es creíble la “ortodoxia” que la Nación proyecta para 1998 en materia de gasto público.
Por su parte, las cifras de recaudación tienen un “inflador”; no menor. El único argumento por el cual se puede proyectar un aumento en la recolección de impuestos similar a la de este año (10%/11%), cuando en 1998 no habrá ni el paquete fiscal que sí está este año frente a 1996 (producirá u$s 1.500 millones anuales) ni la aceleración del PBI de 1997 respecto al año pasado, es que al ataque a la evasión será espectacularmente exitoso.
Para que esto sea posible, las cifras de evasión impositiva que existen en la Argentina tienen que ser verdaderas. Al respecto, no tiene el más mínimo sentido especular con cuánta recaudación adicional se puede contar si la lucha contra la evasión avanza un determinado monto porque en el medio de un cambio estructural tan grande como el que está experimentando la Argentina y con distorsiones importantes (sino fijarse en la tasa de desempleo), muy probablemente la evasión que se intente eliminar no genere más recaudación por la desaparición de, por ejemplo, la PYME que estaba financiando su subsistencia evadiendo el pago de sus obligaciones impositivas.
Por lo tanto, daría la sensación que el Proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno Nacional en el Congreso es un mero ejercicio intelectual para nosotros los economistas pero irrelevante para el planeamiento estratégico de la Argentina. ¿Cuándo le daremos el verdadero valor que tiene la cristalinidad en la información de los actos de gobierno?.
Ámbito Financiero – Pág. 18 – 23 de Septiembre de 1997
