Desde el Ministerio de Economía se preocuparon ayer por desactivar un malestar creciente en las últimas horas en la
City porteña. Ocurre que muchos inversores -y también respetados economistas- comenzaron a referirse a un nuevo festival de bonos, al conocerse el proyecto del Ejecutivo de emitir nuevos títulos para cancelar deudas del Estado que tienen fallo firme en la Justicia. Según las estimaciones, estas nuevas colocaciones de Bonos de Consolidación (Bocon, cuarta serie) podrían ir desde los u$s 3.000 millones hasta los u$s 5.000 millones.
La aparición de estos nuevos títulos, que se suma al anuncio de los u$s 1.200 millones adicionales que el Gobierno le pedirá a los bancos para colaborar en la refinanciación de deudas de las provincias, generaron más de una cara larga entre los inversores.
La nueva emisión tendrá como destino principal la consolidación de jubilaciones militares, pero también se incluirán otros rubros, hasta ahora no divulgados. Lo único que parece concreto es que habrá un incremento de la deuda pública en por lo menos u$s 3.000 millones adicionales.
Este aumento de la oferta de títulos en el mercado local podría empujar hacia abajo las cotizaciones y, por ende, afectar la reducción de riesgo-país que está buscando el Gobierno para tomar fondos a tasas más bajas. Del otro lado, algunos traders locales señalaron a El Cronista que la aparición de los nuevos Bocon -cuyo plazo sería de 16 años, con amortizaciones a partir del séptimo- es una buena noticia, porque “los que están actualmente en el mercado tienen poca liquidez y los inversores van perdieron el interés”.
Los nuevos títulos podrían ser especialmente atractivos para los inversores minoristas locales, que en general tiene poco acceso a otro tipo de emisiones, como los bonos globales que se colocan en mercados internacionales.
El economista José Luis Espert señaló a El Cronista que “esta consolidación de deuda incrementa el déficit. Espero que el nuevo gobierno transparente de una vez por todas cuáles son los pasivos exigibles que tiene el Estado, porque de lo contrario es una situación de nunca acabar”. Asimismo, Espert aseguró que “la denominada deuda flotante, compuesta por los gastos efectuados y reconocidos por el Estado pero aún pendientes de pago, suma otros u$s 1.500 millones”.
Según Ramiro Furtado, director de BNP Asset Management, “los inversores internacionales todavía miran con preocupación la situación de la Argentina. La emisiones de nuevos títulos de consolidación puede convertirse en un festival de bonos.
Se trata de una verdadera caja de Pandora, porque no está muy claro qué es lo que van a encontrar”. Por lo pronto, el Presupuesto 2000 prevé la emisión de nuevos Bocon por $ 1.400 millones. Pero el secretario de Financiamiento, Daniel Marx, admitió ayer desde Europa que “no se puede hacer un diagnóstico” respecto de cuánto más se necesitará para cancelar los reclamos.
Por su parte, el ex secretario de Hacienda, Manuel Solanet, señaló que “se vuelven a reeditar las emisiones de Bocon a jubilados y contratistas de 1991. Formaliza una deuda que existía en potencia y que una empresa ya hubiera previsionado. Pero el Estado se maneja de otra forma. El dato concreto es que la deuda pública aumentará en por lo menos u$s 3.000 millones”.
La otra cuestión conflictiva que ayer sonó fuerte en la City tiene que ver con el crédito de u$s 1.200 millones que el Estado pedirá a los bancos locales para colaborar en el mejoramiento de las finanzas provinciales, aunque Marx descartó cualquier impacto negativo para el sector privado, ante un posible desplazamiento por las necesidades del sector público.
Según explicaron en el Palacio de Hacienda, esta cifra es parecida a los vencimientos que las provincias deben enfrentar con entidades por préstamos individuales que cada una fue recibiendo, los cuales totalizan unos u$s 5.300 millones.
De acuerdo al programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía, en el mercado local se estarían colocando bonos nuevos por u$s 4.500 millones, contra una oferta total de AFJP, bancos y otros inversores que ascendería a u$s 13.700 millones, con lo cual habría recursos de sobra para financiar desde el sector privado tanto al Estado como a las empresas.
