La política fiscal durante la convertibilidad es un caso típico de verificación empírica del pseudo-refrán: “poco ruido y muchas nueces”.
Sí, aunque cueste creerlo, este equipo económico, el más débil desde el punto de vista político según el consenso de las opiniones, es el que más tiempo (un año) ha mantenido constante en términos nominales el gasto público de la Nación en un esfuerzo de ortodoxia digno de resaltar.
Puede que suene paradójico pero, desde el punto de vista profesional, la política fiscal dentro de la convertibilidad, globalmente hablando, puede ser calificada como básicamente irresponsable. ¿Porqué?. Simplemente, cuente el lector cuántos paquetes fiscales con aumento impuestos ha sufrido en los recientes 7 años que teóricamente transcurrieron dentro del plan más “duro” de los últimos tiempos, desde el punto de vista del manejo de los recursos públicos.
Esto ha sido así debido a que todo el aumento de impuestos (y más) que se ha producido dentro de la convertibilidad, se lo han gastado en un 100% tanto la Nación como las Provincias, incrementando las erogaciones discrecionales del Estado (aquellas sobre las cuales éste tiene algún poder de decisión, por lo menos, de no aumentarlas) en u$s 35.000 millones (120%).
Una reflexión obvia que surge de lo anterior es que la Ley de Convertibilidad ha sido eficaz para eliminar al financiamiento inflacionario del sector público, pero inútil para evitar el aumento del gasto público que se ha financiado en parte con deuda pública (creció u$s 40.000 millones desde 1991) y con más recaudación, surgida ésta del aumento en el nivel de actividad y/o de alícuotas formales absolutamente salvajes que están en el centro de la explicación de los altos niveles de evasión que presenta nuestra economía.
Mirando solamente el gasto público de la Nación (Tesoro, Organismos Descentralizados, Cuentas Especiales y Seguridad Social), o sea, excluyendo a las provincias, éste creció u$s 17.000 millones (90%) desde abril de 1991, pero de una manera absolutamente dicotómica: desde hace un año que está congelado en términos nominales (ver cuadro adjunto), por lo tanto, todo el aumento se produjo entre 1991 y 1997, o sea, casi totalmente fuera de la presente gestión económica del equipo de Roque Fernández.
Aquella parte del gasto público sobre el cual la Nación tiene alguna capacidad de manejo, excluye las transferencias que le realiza a las provincias por la coparticipación federal de impuestos (además de otras por distintas leyes especiales) y los intereses de la deuda pública. O sea, el gobierno central tiene alguna discrecionalidad sobre los salarios que le paga a sus empleados, sobre los haberes previsionales, sobre los bienes y servicios que consume, sobre los subsidios que le transfiere al sector privado, etc.
Como puede observarse en el cuadro adjunto, la Nación ha gastado con base “caja” (sin una excesiva acumulación de deuda flotante) en los primeros 6 meses de 1998, lo mismo que en el primer semestre del año pasado.
En efecto, fruto del plan de reconversión laboral, ya se ha comenzado a bajar el gasto en salarios. A raíz de la mejora en la eficiencia administrativa del ANSeS, se ha reducido el gasto en haberes previsionales y también, hasta ahora, la obra pública es menor a la del año pasado a pesar de los faraónicos y absurdos proyectos de constituir a la Argentina en una gran autopista con un país adentro.
En definitiva, en lo que va del año, la Nación muestra uno de los comportamientos más responsables y consistentes (con la estructura interna de lo que es una convertibilidad) desde abril de 1991 en el manejo del gasto público.
¿Porqué a pesar de esta excelente noticia, existe la sensación que nada bueno ha pasado en materia fiscal en el último tiempo?. Respuesta: porque Argentina, al comprometerse con el FMI a bajar el déficit fiscal de la Nación en u$s 1.000 millones en el presente año respecto de la meta que se había fijado en el programa de 1997, sin reducir el gasto público desde los estratosféricos niveles en los cuales está (aunque es muy meritorio que no se lo esté aumentando) y con una pobre dinámica de la recaudación, está obligada a lanzar un nuevo paquete fiscal que le genere recursos netos al fisco.
Este es el meollo de la reforma impositiva que se está discutiendo ahora en el Congreso.
En relación con esto y respecto de la baja de gasto público de u$s 1.000 millones anunciada recientemente por el gobierno, merece dos reflexiones. Primera, con base “caja” (o sea, mirando sólo lo que se paga y no tanto lo que se “consume”) y comparado contra lo firmado con el FMI, la medida es irrelevante dado que el acuerdo “armó” una meta de gasto para el primer trimestre de 1998 lo suficientemente alta como para que “pagando” la misma cantidad de gasto público que el año pasado (como realmente ha ocurrido), ya se haya generado el “ahorro” de u$s 1.000 millones que, dicho sea de paso, ayuda y mucho al cumplimiento del acuerdo con el FMI.
Segunda, en términos de la ejecución del Presupuesto de 1998, bajar el gasto público “consumido” en u$s 1.000 millones durante el presente año, sí implica un gran esfuerzo. No sólo por todas las presiones que hay de más gasto no contempladas en el presupuesto (por ejemplo el “progresivo” impuesto a los “ricos” que tienen un automóvil para financiar a los maestros “pobres”), sino porque debido a que hasta ahora la ejecución del 98 es muy parecida a la del 97, reducir el consumo público en u$s 1.000 millones, sí es un “dolor”.
Nota Original: ÁMBITO FINANCIERO | 21/07/1998
