Las concesionarias piden un trato individual y advierten que harán juicio para recuperar sus inversiones.
Atanasof quiere enfriar la polémica y aclaró que no habrá reestatización.
En un punto hay coincidencias en las empresas que explotan los servicios de ferrocarriles a la hora de cuestionar la ofensiva pro estatista: si el Estado cree que ha incumplimiento, que haga cumplir los contratos a través de los caminos establecidos. También dejan una advertencia: si quieren rescindir los contratos van a tener que responder por juicios millonarios.
Es que las empresas admiten los incumplimientos, pero asegurar que son los Gobiernos los primeros en faltar a la palabra.
Los directivos consultados por El Cronista, además, se mostraron sorprendidos por la falta de precisión de los candidatos presidenciales para referirse a la concesión. "Los ferrocarriles son del Estado y es el responsable de las inversiones en infraestructura, la concesión es solo para la administración y la operación", precisó el gerente de Relaciones Institucionales de TBA, Jorge Molina.
La administración de Eduardo Duhalde levantó el pie del acelerador y dejó ya de hablar del regreso al Estado de los ferrocarriles, en una discusión que se coló en la campaña electoral con una declaración del candidato oficialista Nestor Kirchner.
"El Gobierno no va a participar de la tarea proselitista de los candidatos, salvo que ellos se refieran a cuestiones que tengan que ver esencialmente con la gestión", dijo Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete.
No obstante consideró que el país "se debe un amplio debate sobre el proceso de gestión de las empresas privatizadas" y propuso a las audiencias públicas como el ámbito ideal.
Atanasof anunció "un intenso operativo de supervisión y verificación de la seguridad y de la calidad de servicio de todas las líneas ferroviarias", que incluirá la habilitación de una línea gratuita de teléfono para recibir las denuncias de usuarios.
"Una vez que estén las conclusiones se podrán analizar los pasos a seguir", dijo, aunque descartó que el Estado se haga cargo del servicio.
También Anibal Fernández, ministro de la Producción, insistió en que se controlará a las empresas y negó el interés del Gobierno por manejar los ferrocarriles."Hay un servicio y tiene que prestarse en buenas condiciones, y si no se presta en buenas condiciones hay que intimar la empresa y si no , hay que quitarle la concesión para que sea otra empresa la que haga cargo", dijo.
Los contratos de TBA, Metropolitano ( Belgrano Sur, Roca y San Martín), Ferrovías (Belgrano Norte) y Metrovías (subtes y Urquiza) fueron renegociados en dos oportunidades, en 1998 durante la gestión de Carlos Menem y en 2001 con Fernando de la Rua.
Con la salida elegante de una consulta a los usuarios, el Gobierno intentará enfriar una polémica que provocó rechazo entre los inversores."Muchas empresas extranjeras que vinieron a tantear las posibilidades de inversión; ahora lo piensan mejor porque les espanta la idea de la inseguridad jurídica", dijo Molina, de TBA, que opera las ex líneas Mitre y Sarmiento.
"Si algún concesionario no cumplió, que rescaten la concesión. Si no es así, se va a enfrentar con juicios de las empresas", aseguró Molina.
El Estado acumula 400 millones de pesos de deuda por subsidios. TBA, con 100 millones, y Metropolitano (en convocatoria de acreedores) con 150 millones, son los más importantes.
Juan Ordóñez, gerente de Metrovías, pidió "separar las empresa que hicieron las cosas bien. Para las que no hicieron las cosas bien, hay mecanismo en los contratos para obligarlas a cumplir". El directivo se expresó "tranquilo y confiado de que hicimos las cosas bien y es fácil de observar en el servicio que prestamos".
Culpas al Estado
En cambio, desde una de las empresas cuestionadas por la calidad de su servicio desde cargó la responsabilidad sobre el Estado y la falta de seguridad."La pérdida de calidad coincide con la devaluación y la creciente pobreza. Todas las semanas reparamos tres coches, pero en cuanto los ponemos en funcionamiento nos roban todo: cables, marco de ventanas, tulipas; todo lo que tiene valor de reventa en el mercado negro", aseguró este vocero que pidió no ser identificado.
Sostuvo que el Estado debería colaborar garantizando la seguridad."El personal privado que ponemos nosotros está desbordado", añadió.
Para este directivo,"hay muchísimos más incumplimientos por parte del Estado que de la empresa" y coincidió con una advertencia que comparten las empresas. "Si se animan a rescindir el contrato, le va a salir muy caro al Estado por los juicios que vamos a promover".
OPINIONES
Manuel Solanet
"Hay que asegurar más competencia"
Es un grave error tener como objetivo la reestatización. Lo que hay que hacer es negociar los contratos de concesión para restablecer una relación equilibrada. También habrá que perfeccionar los marcos regulatorios para asegurarse que en el futuro haya competencia y un buen servicio. Los candidatos que hablan de eso seguramente no están evaluando si van a cumplirlo o no, lo hacen con fines políticos y equivocados.
Eduardo Curia
"Es mejor el camino de la renegociación"
La idea de la reestatización de las empresas de servicios públicos es realmente una locura. Creo que el Estado debe negociar con la empresas que estén incumpliendo con lo pactado. Creo que el estado puede usar los 400 millones de pesos que tiene para desembolsar como arma para lograr un buen acuerdo. También se pueden fijar prioridades, antes que reestatizar, se puede pensar una negociación para renovar o cambiar la concesión.
Jose Luis Espert
"El Estado no le paga ni a los jubilados"
Es ridículo. El Estado piense reestatizar cuando no tiene plata para pagarle a los jubilados y mitad de la Pampa húmeda está inundada. Los políticos realmente creen en la reestatización porque tienen pajaritos en la cabeza. Es mentira que sólo quieran mirar la propuesta, eso se hace de manera permanente. Ahora hablan de cambiar la concesión, pero realmente quieren estatizar.
