Así lo expresaron varios economistas consultados por LA NACION.com; sostuvieron que el proyecto tiene el objetivo de seguir financiando el gasto público
Más recursos para financiar el gasto público. Con esta premisa coincidieron varios economistas consultados por LANACION.com a la hora de calificar el proyecto de ley de reforma previsional que el Gobierno envió ayer al Congreso y que dispone elevar de $ 4800 a $ 6000 el tope para calcular el descuento salarial con destino al régimen de jubilaciones.
“Más recursos para financiar la extravagancia del gasto publico”, señaló a LANACION.com con dureza el economista José Luis Espert y agregó: “Este Gobierno no sabe de donde más sacar plata”.
Para el analista de Espert y Asociados, la consecuencia más obvia es que el salario del bolsillo de la gente se verá afectado. “Los sueldos de los trabajadores de $ 4800 a los de $ 6000 caerá y además, eso significa mayor recaudación para el Estado en un contexto en el que el gasto público crece”.
Por ende, para Espert, en un año signado por las elecciones presidenciales, “la reforma tiene un aspecto de mayor recaudación importante”.
Hoy, las personas que cobran sueldos por encima de los $ 4800 aportan 336 mensuales si está en el sistema de capitalización (el descuento es del 7%). Por otro lado, contribuyen con 528 si están dentro del régimen estatal de reparto (con un aporte de un 11%).
A partir de de la vigencia de esta ley, que deberá contar con la aprobación casi asegurada del Congreso, el descuento se elevará a 420 y 660, respectivamente.
Sin embargo, los montos podrían variar si se modifican el nivel de aportes con el objetivo de igualar el porcentaje ingresado por los trabajadores, más allá de su elección por el Estado o una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Otro de los ejemplos que Espert citó para fundamentar que el Gobierno sólo pretende “incrementar su caja” es la disposición que propone el proyecto para que los indecisos se mantengan obligatoriamente dentro del sistema estatal de reparto.
“Seguramente el Gobierno va a gastar lo recaudado en solidaridad”, subrayó en un tono irónico a LANACION.com el titular de la consultora Exante, Aldo Abram. “Esto confirma que todo el proyecto es aportarle más plata a este Gobierno y a los que vendrán”.
Para el economista, el proyecto enviado al Congreso ayer va en contra del concepto de libertad. “Deberían dejarnos elegir libremente cómo vamos a ahorrar. Gracias al viejo sistema de reparto hoy pagamos más impuestos para que los jubilados puedan cobrar algo digno. En 20 años va a suceder lo mismo”.
Para terminar, Abram subrayó de manera tajante: “Es evidente que el objetivo de esta reforma no es libertad sino que este Gobierno tenga mas plata para malgastar”.
Convergencia. No todo será mayor recaudación. Por lo menos así lo estimó el economista peronista Eduardo Luis Curia. “Probablemente haya una convergencia de objetivos. En lo inmediato da la sensación de que el Gobierno va a recaudar más pero además se amplía el manojo de opciones para los beneficiarios”, manifestó a LANACION.com .
Para el analista, la percepción pública del sistema de capitalización se desgastó después de la crisis de 2001. “Ha mejorado la imagen del sistema público y, al mismo tiempo, ha desmejorado la de las AFJP por la baja capitalización”.
De esta manera, para Curia, el proyecto no representa un fenómeno unilateral con el único objetivo de llenar las arcas estatales y aumentar el gasto. Sin embargo, rescató además, la otra crítica que se achaca al proyecto: “Los recursos están hoy, pero mañana van a ser mayores las exigencias”.
Nota Original: LA NACIÓN | 02/02/2007