Aunque no es un invento argentino, el sistema se ha usado en el país con excesiva frecuencia y ningún éxito en los últimos 50 años; varios analistas objetan ahora su continuidad
“Al público: se le encarece quiera prestarnos su colaboración denunciando al inspector cualquier tentativa de alteración de precios”, reza un cartel en una feria de productos frescos en Buenos Aires. No es de hoy, sino de 1941.
Los controles de precios, que ya forman parte del ADN local, no son, por cierto, un invento argentino. Pero es aquí donde se han realizado con mayor frecuencia y aplicación.
El Gobierno dice que no aplica controles sino acuerdos de precios. Sucede que las negociaciones para alcanzar esos acuerdos están conducidas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien exige examinar la estructura de costos de todas las empresas y anticipó que no autorizará aumentos hasta fines de junio, incluso si le demuestran que los costos subieron.
Los casos más importantes de controles de precios sucedieron durante la segunda y tercera presidencia de Juan Domingo Perón y también hubo intentos fallidos durante gobiernos militares, al inicio de la presidencia de Carlos Menem y durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
A mediados del siglo XX ya estaba claro que la inflación sería el principal enemigo de la economía argentina. En la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, su ministro Alfredo Gómez Morales puso en marcha, en 1952, un plan antiinflacionario denominado Plan de Austeridad, que incluía congelamiento de precios y salarios y un endurecimiento fiscal acompañado de tipo de cambio fijo. Todo un cambio con respecto a su primera presidencia.
Tras el gobierno de Arturo Illia, la inflación había quedado en el 30% anual y el gobierno de Juan Carlos Onganía implementa, con Adalbert Krieger Vasena como ministro, un nuevo plan de control inflacionario. Era 1967 y se dispuso tipo de cambio fijo, ajuste y control de salarios y precios. También hubo tipo de cambio administrado y retenciones al agro. Cualquier semejanza con la actualidad…
Ese programa fracasó, aunque tuvo su mejor momento en 1969 cuando, como señala el historiador económico Roberto Cortés Conde, la inflación bajó a un solo dígito, el 8 por ciento. En aquella ocasión, el primer paso para la caída fue el aumento en el precio de la carne.
En 1973, llegó al Ministerio de Economía José Ber Gelbard y puso en marcha un plan que estalló por los aires dos años más tarde, convirtiéndose en el Rodrigazo. Durante la gestión de Gelbard hizo sus primeras armas como funcionario un joven Roberto Lavagna, que tenía el cargo de Director de Precios; desde ese puesto debía negarle autorización de aumentos a más de una empresa.
A fines de 1985 volvió el congelamiento de precios, esta vez propuesto por Raúl Alfonsín y su ministro Juan Vital Sourrouille a través del plan Austral, que incluía el cambio de moneda. El congelamiento se abandonó el año siguiente para dar lugar a una política de precios administrados que fracasó en 1987.
Los economistas cercanos al Gobierno dicen que esta vez es diferente porque no hay controles, sino acuerdos avalados por los empresarios y que tal vez pueda salirse de este esquema el año próximo sin problemas, aunque señalan asignaturas económicas pendientes. Los más ortodoxos creen que, una vez más, los controles fracasarán y la inflación reprimida se expandirá, contagiando a la economía de otros males.
Dentro del primer grupo, Jorge Schvarzer, director del Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina (Cespa), opina que “no hay control de precios, en la medida en que los empresarios lo aceptan”. Y agrega que se deben mantener varios meses, incluso hasta fin de año: “No soy gurú, pero claramente no es una medida para mantener durante tres años, sino por seis u ocho meses, una opción para salir es liberar todo cuando la inflación logre llegar a un dígito”.
En el repaso de la historia de este tipo de controles busca argumentos Eduardo Curia, economista heterodoxo y amigo de Guillermo Moreno, secretario de Comercio. “En el pasado los intentos de manejo de precios han tenido finales poco felices, lo que uno tendría que ver es el por qué, si por ejemplo hubo un aquerenciamiento excesivo en este esquema, como sucedió en la época de Gelbard.”
Curia cree que la situación actual es diferente. “Se logra establecer esos valores acordados con mucha presión, es cierto, pero acordados al fin”, dice.
Para Curia, la salida de esta situación puede producirse a fines de año en un escenario en el que el Gobierno aflojaría los controles y los empresarios deberían respondan con “una cuota de responsabilidad”. A pesar de su apoyo condicionado a la medida, el economista señala la necesidad de aumentar el superávit. “Este modelo requiere un superávit fiscal machazo y, si bien no se ha desinflado, veo problemas para llegar a un nivel suficiente que creo que debería estar en el 4,4% anual y que hoy por hoy no está claro que se pueda lograr”, apunta.
José Luis Espert cree que el esquema no funcionará, y repasa la historia. “El ajustazo que hizo Perón en 1952 incluyó ajuste fiscal, monetario y cambiario. El que se hizo en el 73 con Gelbard también incluyó ajuste fiscal y del tipo de cambio. Con el tiempo se relajó la disciplina fiscal y en ambos casos no funcionaron los controles porque se empezó a emitir moneda otra vez”, repasa. “Kirchner tiene deterioro fiscal y quiere mantener el dólar caro así que está condenado al fracaso”. Opina que los controles constituyen medidas populistas que buscan mostrar una rápida acción. “A diferencia de Perón, que agregó el ajuste fiscal, acá se trata de evitar la inflación con el control de precios mientras aumenta el gasto”.
Redoblando la apuesta, el economista apunta: “Quien hizo un ajuste parecido fue [Pedro] Aramburu, que en el 56 con la Revolución Libertadora saca un decreto prohibiendo los aumentos de precios y el traslado a los precios de las subas salariales. Entonces se ve que el plan de Kirchner se parece mucho al de los represores que tanto combate”.
En opinión de Eduardo Fracchia, director del área de Economía del IAE, los problemas tradicionales que se ven al querer pisar los precios son que la demanda tiende a aumentar porque se hace ficticiamente el precio más bajo y la oferta se contrae. “Muchas de estas treguas han tenido un relativo éxito en el corto plazo, pero luego van quedando cortas, entonces aparecen problemas típicos de desabastecimiento o mercados negros. Por eso creo que las medidas de hoy son para ir tirando, pero no para tenerlas como eje. Lo cierto es que, históricamente, la tentación de controlar siempre está”, explica.
Aunque cree que los controles no serán efectivos en el largo plazo y que hacen falta otras medidas, el economista del IAE pronostica que este esquema continuará porque es una especie de viaje de ida: “Una vez que se entra en el sistema, siempre tiende a crecer”.
Por eso, y resignado a esa posibilidad opina, al igual que Curia, que el superávit debe ser mayor. “Si se pudiera subir sería útil para controlar la inflación porque entramos en un año con presiones de mayor gasto”, dice.
Todos los controles que plagan la historia argentina implicaron poner la inflación en una olla a presión, apunta Aldo Abram, director de la consultora Exante. “La explosión posterior a los controles de precios fue mayor o menor según las presiones acumuladas El sistema de precios indica a los inversores qué producir para satisfacer las necesidades de la gente. Según Abram, estas señales dejan de funcionar “cuando un funcionario público, que se cree más sabio que el resto de la sociedad, decide cuáles tienen que ser los precios y los costos de todos los bienes y servicios o cuando, con subsidios, dirige la inversión hacia donde él cree que debe ir”.
Por ende, concluye, “la poca inversión productiva que tenemos termina asignándose ineficientemente y generando una aún más baja perspectiva de crecimiento y bienestar futuro para los argentinos”.
Nota Original: LA NACIÓN | 28/05/2006
