El dilema de cómo manejar las crisis financieras internacionales ha llevado a un enfrentamiento entre los financistas internacionales y el Tesoro estadounidenses al que América Latina -con su historial crediticio- debe prestar cercana atención . Mientras el Tesoro empuja por la aprobación de un sistema legal “supranacional” que permita manejar la “convocatoria de acreedores” de países en situación de insolvencia, los banqueros y financistas se oponen firmemente.
El régimen legal supranacional tendría preeminencia sobre los tribunales locales. Y tal como en cualquier régimen de convocatoria, las decisiones del árbitro serían de aceptación obligatoria para todas las partes. El Tesoro cree que crisis, como muchas de las que han ocurrido en la última década en América Latina, se explican por la concurrencia de países con líderes irresponsables y prestamistas internacionales imprudentes. La irresponsabilidad y la imprudencia han llevado a colapsos económicos de profundas consecuencias sociales. Más aún, el Tesoro piensa que de estas situaciones de sobreendeudamiento no se sale sin condonaciones importantes de deuda, que alivien al sistema productivo de una carga de intereses que -a través de mayores impuestos- impidan el crecimiento económico.
Un sistema de “convocatoria de acreedores” para países insolventes tendría el objetivo de facilitar la reprogramación de la deuda de países insolventes y normalizar los flujos financieros lo más rápido posible para reiniciar el crecimiento con la adopción de una estrategia económica sustentable. Resultaría inútil reincidir en estrategias basadas en endeudamientos irresponsables.
Los financistas internacionales rechazan el establecimiento de este mecanismo formal. El argumento es que esta “convocatoria de acreedores” facilitará a los países el incumplimiento de sus obligaciones, aumentando el riesgo de prestarles a países emergentes. Los flujos de capital hacia esos países disminuirán y serán más caros, con el consiguiente efecto negativo sobre sus negocios. Por eso proponen continuar con un tratamiento “caso por caso” de los países en situaciones financieras críticas, que les permita retener a los acreedores privados una posición de fortaleza en el proceso de negociación.
Los banqueros y financieros sí están de acuerdo en modificar los actuales contratos de emisión de bonos, que hasta ahora requieren unanimidad de acreedores para aprobar cualquier reestructuración. Los nuevos contratos estandarizados especificarían en cambio que una mayoría de acreedores (por ejemplo el 75%) podría renegociar la deuda con los países y esos términos serían de aceptación obligatoria para el resto de los acreedores. Hoy esto no es posible: cobijándose en la regla de la unanimidad, los “fondos buitres” exigen cobrar sin condonaciones para aprobar cualquier reestructuración.
El nuevo enfoque de los banqueros, facilitará la reestructuración, pero sólo para emisiones de deuda que se hagan de aquí en adelante. Toda reestructuración de deuda preexistente continuará rigiéndose por la regla de la unanimidad. Este es un obstáculo enorme, más importante cuanto mayor sea la quita necesaria para equilibrar la situación fiscal, pues con quitas importantes aumentará el porcentaje de inversores y fondos “buitres” que reclamarán que se les pague el 100% para otorgar su acuerdo.
La puja no está cerrada. Ante la falta de consenso sobre el proyecto, el mandato que se le ha dado al FMI es el de perfeccionar la propuesta para la próxima reunión anual conjunta del FMI y el Banco mundial que se llevarán a cabo los días 23 y 24 de Septiembre en Dubai. Tenemos que estar preparados para una normalización que puede durar muchos años.
¿Significa esto que perderemos una nueva década, como en los 80?. No necesariamente. Volver a crecer tiene como condición necesaria adoptar una estrategia de apertura con el primer mundo, que incentive la inversión directa en proyectos fundamentalmente asociados a la exportación. Chile a partir del 84 y México a partir del 1995 son claros ejemplos de cómo una decidida inserción internacional ayuda a superar rápidamente las crisis de deuda. Pero también se requiere un replanteo total del rol del sector público en la economía, reduciendo su peso para permitir una baja de impuestos que aumente la competitividad y fomente la inversión privada.
Nota Original: AMÉRICA ECONOMÍA | 29/08/2003
