La economía argentina se encuentra nuevamente en una encrucijada. Por un lado, el cuarto trimestre de este año es el primero de crecimiento interanual desde que comenzó la recesión en octubre de 2008. Varios indicadores positivos, como la creciente entrada de capitales, una prometedora cosecha para 2010 y la recuperación en el consumo, entre otros, demuestran que ese cambio se mantendría próximamente. Pero por el otro, la incertidumbre política y fiscal ensombrece las expectativas. Y existen razones de peso para que eso sea así.
A pesar que el proyecto de Presupuesto 2010 habla de una expansión fiscal del orden del 12,3% anual, no hay que ser muy descreído como para dudar de esa meta, teniendo en cuenta que desde que asumió el poder en mayo de 2003, el kirchnerismo expandió las erogaciones públicas al 28,3% cada año. Tal incremento se vio sustentado por ingresos que parecían crecer infinitamente: lo hicieron al 28,0% cada año, con picos de 37,6% en 2008.
LA VACA LECHERA.
La vaca lechera que se ordeñó a destajo fue el comercio exterior: aportó, desde mayo de 2003 hasta octubre de 2009, unos $ 165.689 millones. Si se tiene en cuenta que en ese período el superávit primario del Gobierno nacional fue de $ 115.968 millones, el mismo no sólo no hubiera existido de no haberse recaudado impuestos al intercambio con el extranjero, sino que hubiera cambiado por un déficit de casi $ 50.000 millones. Eso no sucedió, pero la dinámica que comenzó a tomar el gasto en la Argentina empezó a toparse con piedras que el gobierno se dispuso a sortear a cualquier precio.
El 2007 fue año de elecciones presidenciales y eso significó una expansión fiscal del 44,2%, por sobre ingresos que crecían al 30,4%. Para continuar esa tendencia, en marzo de 2008 se dispuso la imposición de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, pero ese sector reaccionó como nunca lo había hecho otro en lo que iba del período kirchnerista. La historia es conocida: paro rural generalizado y derrota del oficialismo en el Congreso en julio. La alternativa para incrementar los recursos se encontró en octubre con la nacionalización de los fondos de capitalización privados de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión. Eso le reportó ahorros en pagos de deuda pública por US$ 1.250 millones, un Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) valuado en US$ 35.000 millones (de los cuales un 21,4% es líquido) e ingresos "corrientes" acumulados hasta hoy por casi $ 15.000 millones. Estos últimos son los que explican hoy en día que no haya aún déficit primario.
Esos golpes institucionales tuvieron su impacto en la economía, con una importante fuga de capitales que potenció el impacto negativo de la merma en las exportaciones del país por la crisis global. Pero 2009 era otro año electoral y por lo tanto, con la excusa de la necesidad de realizar políticas anticíclicas, las erogaciones aumentaron de nuevo y muy por encima de la magra recaudación, en un contexto recesivo. Aunque la actividad ya está recuperándose, las dudas existentes sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas afectan las decisiones de los privados a la hora de arriesgar capital.
Yendo de menor a mayor, este año el rojo en las provincias se agrandó a tal punto que fue necesario que el Congreso introdujera modificaciones en octubre a la Ley de Responsabilidad Fiscal que les impedía endeudarse para hacer frente a gastos corrientes. Es que a pesar de que varios gobiernos provinciales hayan creado nuevos paquetes impositivos, el ritmo de gasto que impone la Nación tiene su correlato en las jurisdicciones subnacionales. La posibilidad palpable de que no pudieran pagar salarios las llevó a advertirle al Ejecutivo sobre su intención de financiarse a través de cuasimonedas. Hubo apoyo parlamentario y hoy en día los gobernadores y sus ministros se encuentran totalmente abocados a conseguir crédito.
MIRANDO AL EXTERIOR.
En la Nación también afloran los problemas de caja. El gobierno no sólo suspende el envío de dinero para nueva obra pública sino que también sigue despojando al FGS para pagar gastos que no paran de crecer. Hasta ahora le habían bastado fuentes nacionales, genuinas o no, pero nacionales. Cuando estas empiezan a escasear es que Kirchner mira hacia el exterior. Ya es inminente la reapertura del canje de la deuda para los que no aceptaron la reestructuración de 2005. El gobierno lo hace con la intención de poder colocar luego nueva deuda en los mercados internacionales, contradiciendo todas sus antiguas críticas hacia el período de convertibilidad y demostrando que sólo quiere nuevas fuentes de fondos para poder gastar más. La última gran noticia al respecto fue el anuncio de la presidenta, el pasado lunes 14, de la apropiación de US$ 6.569 millones de reservas del Banco Central de la República para poder enfrentar sin apuros parte de los US$ 7.600 millones que vencen en 2010 entre capitales e intereses. Maravillas del "desendeudamiento" al estilo kirchnerista: llevar confianza a los inversores para poder colocar nuevos bonos. ¿Y el nivel de gasto? Seguirá alto, gracias.
INSOSTENIBLE.
Con los ritmos de ingresos y gastos de 2009, habrá déficit primario consolidado por primera vez desde 2001 por US$ 2.200 millones y debido exclusivamente a las provincias. El resultado financiero rozará un rojo de US$ 8.200 millones, en este caso por pago de intereses que recaen casi íntegramente en la Nación y alcanzará el 2,6% del PIB. Entre recursos del FGS, financiamiento del Banco Nación, adelantos transitorios y transferencias de utilidades del BCRA y US$ 2.500 millones de DEGs del FMI, se lograría financiar el déficit y los US$ 5.425 millones de amortización de capital de deuda.
¿Qué pasaría si en 2010 el gasto tanto de las provincias como de la Nación creciera, como sucede hoy en día, al 28% anual? El agujero de caja sería fenomenal, con un déficit global consolidado que llegaría al 4,7% del PIB. Sólo con el agotamiento de las anteriores fuentes de financiamiento junto con la emisión de deuda nueva, el faltante llega a los US$ 7.500 millones. El anuncio por decreto de utilización de las reservas del Central casi resolvería lo anterior.
Como se ve, la lógica fiscal de este gobierno no admite ningún horizonte de sostenibilidad. La recaudación total de Nación y provincias suma un 32% del PIB. Sin embargo como sólo dos tercios de la población pagan sus impuestos, la presión impositiva efectiva es del 50% del PIB, un nivel comparable a Francia. Pero eso no es sustentable localmente porque el sector privado no es tan productivo como en países desarrollados, ni recibe servicios públicos de calidad comparable. Para peor, a pesar de que se puso el foco en el gasto social, la pobreza se encuentra en alza nuevamente por ineficiencias en las erogaciones y por la inconsistencia macroeconómica de crecer con inflación alta.
Sin posibilidades de gravar más y ya habiendo atacado casi todas las fuentes de fondos disponibles (incluso los ahorros previsionales de la población), el gobierno deberá replantear su andar. Eso significa, por un lado, generar una solución seria al problema de la falta de correspondencia fiscal de las provincias y, por otro, sacar el pie del acelerador de las erogaciones nacionales. Mientras la evasión se mantenga en los niveles actuales, una continua expansión fiscal hipoteca gravemente el futuro de la sociedad. Entonces, la discusión no debería pasar tanto sobre la asignación que se hace de los recursos públicos sino sobre la necesidad de limitar el crecimiento del gasto.
