Fue una respuesta inevitable. Que 241 economistas decidieran sacar un comunicado por la intervención del Gobierno en el INDEC no puede sorprender a nadie: más allá de aciertos o errores, la confiabilidad de los datos es esencial para sus pronósticos y análisis y para la comprensión real del desarrollo de la economía. La iniciativa de esta declaración provino de Juan Llach, e inmediatamente adhirieron Guillermo Rozenwurcel y Alfredo Canavese. “El texto se distribuyó por mail y hubo gente que no coincidió 100% con su contenido. Varios sugerimos algunas modificaciones, pero nos dijeron que era muy complicado abrir el documento a debate por la cantidad de firmantes involucrados. Es entendible porque hubiera sido muy complejo.
Por eso prioricé la preocupación general. Había que hacer algo”, afirma Javier Alvarado, de MVA Macroeconomía, uno de los firmantes junto a ortodoxos como Miguel Angel Broda y Carlos Rodriguez o heterodoxos como Daniel Heymann, por nombrar algunos.
José Luis Espert fue uno de los que considera este pronunciamiento como “tibio”. Pero peor es nada –aclara-. Tendría que haber sido un mensaje más contundente, debería haber reflejado la realidad: que el INDEC fue ´chupado´ por el Gobierno para que se publique lo que ellos quieren”.
A pesar de las facilidades que permitió la tecnología para incluir a tantos economistas, hubo algunos que recibieron presiones menos virtuales para que no firmaran y otros pudieron suponer consecuencias posteriores. “Seguro que del Gobierno ya están llamando a los clientes de los economistas que firmaron para que descontraten servicios”, se queja Espert.
De las entidades bancarias solo firmó Juan Arranz, del Banco Río, aunque es verdad que muchos tienen restricciones contractuales para adherir a estos temas.
“Miceli dijo que fue una acción corporativista de gente que defiende los ´90, pero solo basta ver los firmantes para saber que no es así –advierte Alvarado-. La preocupación es genuina: esos números son nuestra herramienta de trabajo”.