Si analizamos las cifras fiscales de las provincias a precios de hoy (julio de 2006) desde el advenimiento de la democracia en 1983 hasta 2006, se observa que: 1) casi siempre tuvieron déficit fiscal, sólo cuatro años de un total de 24 observaciones anuales muestran superávit (1983, 2003, 2004 y 2005); 2) el déficit promedio anual en casi un cuarto de siglo fue de $ 3400 millones; 3) durante la convertibilidad siempre estuvieron fiscalmente desequilibradas, nunca tuvieron superávit a pesar de un aumento de sus ingresos por $ 24.000 millones de hoy (70% real)
Desde que la economía tocó fondo en 2002 y estimando lo que puede ocurrir hasta fines del presente año, o sea, analizando la extraordinaria expansión 2003 a 2006, la recaudación de las provincias, sumando lo que reciben de impuestos nacionales de manera automática, las transferencias discrecionales desde la Casa Rosada (contrapartida del clientelismo, la manipulación y la indignidad política) y los impuestos recolectados a nivel local, aumentará la enormidad de $ 37.000 millones constantes de julio de 2006 (80% real).
Así, el nivel de ingresos provinciales será en 2006 de $ 83.600 millones (siempre a precios de julio del presente año), cifra que constituye un récord histórico desde 1945 y supera en casi 45% al promedio de $ 58.200 millones de los mejores años de la convertibilidad como 1997 y 1998. Sin embargo, las provincias tienden en 2006 a un déficit global (después del pago de intereses) de $ 2000 millones, bastante cerca de los $ 2300 millones de 2002.
No nos olvidemos que tanto el período previo (default de depósitos, deuda y privatizadas, cinco presidentes en menos de tres semanas, más de una decena de muertos, un centenar de heridos, más de 300 detenidos) como el que siguió inmediatamente a la devaluación (dólar a cuatro pesos, asesinato de piqueteros en el Puente Pueyrredón y amenazas del entonces presidente Duhalde de renunciar) signaron a 2002, que terminó siendo uno de los peores años de nuestra historia económica.
Volver a una situación deficitaria similar a la de aquel año pero con $ 37.000 millones más de recaudación y una reestructuración de la deuda (mezcla de nacionalización y renegociación) que alivió de manera sustancial los pagos de capital e intereses, define claramente a la impresentable elite gobernante que tenemos que tolerar. Esto no sólo es un nefasto patrimonio de la mayoría de las provincias, sino también del gobierno nacional que ha profundizado el clientelismo hasta límites inimaginables.
Se ha perdido el superávit de $ 5900 millones de 2004 a pesar que su recaudación siguió creciendo en 2005 y 2006. Es más, el superávit que las provincias tuvieron en 2003, 2004 y 2005 se transforma en déficit si a los ingresos les quitamos las transferencias discrecionales que el poder central usa para disciplinar políticamente a los gobernadores.
Con grandes déficit provinciales, tiene menos sentido no sólo la continua alharaca del Gobierno de que el superávit fiscal es una política esencial del programa económico, sino también las permanentes alusiones de la ministra Felisa Miceli de que el superávit que tendremos este año es el del presupuesto de 3,3% del PIB. Ni una cosa ni la otra.
El superávit fiscal relevante, o sea, Nación más provincias más intereses de la deuda está cayendo en 2006 por segundo año consecutivo y ya pasó del 3,7% del PIB en 2004 a 1,3% del PIB.
Manicomio de Buenos Aires
El 8 de septiembre de 1991, siendo vicepresidente de la Nación, Eduardo Duhalde ganaba las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires.
El 10 de diciembre de ese mismo año y luego de renunciar como compañero de trabajo de Carlos Menem en la Presidencia, comenzaba su mandato. Gobernó hasta fines de 1999, cuando ya sin poder aspirar a un tercer período, fue reemplazado por otro peronista triunfante en una elección bonaerense, Carlos Ruckauf.
Duhalde tiene el mérito de haber hecho el trabajo sucio en materia fiscal, monetaria y cambiaria del que hoy disfruta Kirchner y el gigantesco demérito de haber fundido, durante sus dos períodos consecutivos, a la provincia más rica de la Argentina, cosa que también está detrás del colapso de la convertibilidad.
La recibió con un ligero déficit fiscal y pese a que en sus ocho años como gobernador la recaudación aumentó $ 7300 millones (80% real), la dejó con un déficit de $ 3000 millones al pasar el gasto público de $ 10.900 millones en 1991 a $ 19.700 millones en 1999 (80% real).
El gobernador Carlos Ruckauf siguió los pasos de su maestro. En sólo dos años de gestión elevó el déficit a $ 5600 millones y puso a la provincia en virtual cesación de pagos.
El dos de enero de 2002, con gesto magnánimo, renunció para asumir como canciller y "trabajar para la recomposición de nuestras relaciones con el mundo" (sic). Sin acuerdo con el FMI, con contratos con las privatizadas y deuda defaulteados, el país estaba fuera del planeta, así que el nuevo empleo de nuestro sacrificado Ruckauf sería más tranquilo que siesta santiagueña.
Ruckauf fue sucedido por su vicegobernador, Felipe Solá, que no sólo recibió el regalito de la devaluación y la pesificación asimétrica del grueso de la deuda pública interna sino también un boom recaudatorio de $ 10.000 millones en los últimos cuatro años.
Sin embargo, hoy marcha directo a $ 1600 millones de déficit fiscal debido a que el gasto público también aumentó $ 10.000 millones (75% real). El "pacman" de Duhalde, gastando, era un nene de pecho al lado de Solá. Al menos el gasto público aumentó 80% real en ocho años y Felipe Solá hizo lo mismo ¡en sólo cuatro!
Siendo la zona núcleo de la producción agropecuaria en el país (de la cual vive la burocracia provincial), Buenos Aires debería ser la punta de lanza de todo proyecto de apertura económica (para exportar hay que importar) y de austeridad en el gasto público (los impuestos no se exportan). Si algo conviene a los sectores que por su eficiencia pueden exportar, es tener aranceles a la importación y presión impositiva lo más bajos posible. Además, está gobernada por un ingeniero agrónomo que ya fue secretario de Agricultura con Menem. Supuestamente al agro (nuestro sector exportador por excelencia) no le debería ir mal en la provincia.
Pero casi todo el elenco gobernante en Buenos Aires defiende las retenciones, las prohibiciones y/o limitaciones a exportar, el rol de la banca pública y son capaces de fundir al estado provincial con el aumento del gasto público y al sector privado con impuestazos para financiarlo. No saben qué pirueta exagerar para mostrar fidelidad a la redistribución del ingreso kirchnerista y al mismo tiempo se quejan de que en el reparo de recursos nacionales la provincia aporta más de lo que recibe.
