País, cada vez con más Estado y menos mercado (*)

Los logros económicos de Kirchner están empalideciendo a casi todos los de la convertibilidad y de muchos planes a lo largo de nuestra historia. El producto real per cápita ya supera en por lo menos 6% al récord de 1998, la inversión en términos del producto ya lo excede en 2 puntos (a precios constantes es casi igual), la industria nunca tuvo niveles como los actuales, lo mismo que las ventas en shopping, la construcción y una gran cantidad de sectores, el desempleo ya bajó casi 15 puntos, la pobreza casi 30 y la indigencia apunta debajo de 10% a fines de 2006.

Sin embargo, internamente Kirchner sabe que todavía no puede descorchar champagne porque hasta ahora su presidencia ha fracasado totalmente en conseguir un objetivo que fuera planteado por él mismo con sinceridad meridiana en el discurso que pronunciara frente a la Asamblea Legislativa el 25 de mayo de 2003: su gobierno venía a redimirnos de décadas de profundización sin pausa de la inequidad distributiva, por lo que su plan económico era esencialmente un programa para mejorar drásticamente la distribución del ingreso.

Si bien hay distintas alternativas para aproximarse a la cuantificación del problema (diferencia entre 20% más rico y 20% más pobre, coeficiente de Gini, Robin Hood), una de las medidas de las que más se habla en la Argentina es la diferencia en número de veces entre 10% más rico y 10% más pobre. Según los propios datos del INDEC, en mayo de 2002, cuando estábamos en el entorno del dólar a 4 pesos, el ex presidente Duhalde amenazaba con renunciar y con 2 piqueteros asesinados en Avellaneda, la diferencia mencionada superó las 33 veces, cayó a 26 en mayo de 2003 cuando Kirchner se sentaba en el sillón de Rivadavia y según el último dato oficial correspondiente al cuarto trimestre de 2005 sigue en 26 luego de varias subas y bajas.


Gasto público

En sus primeros 3 años de gobierno, el Presidente ha hecho lo imposible (dentro de su enmohecida ideología y dentro del capitalismo) para mejorar la distribución del ingreso en un país relativamente pobre como la Argentina. Primero, el gasto público en salarios, jubilaciones, planes sociales y transferencias varias al sector privado ha crecido $ 60.000 millones (100%) desde 2001. Segundo, los sectores que peor remuneran la mano de obra como muchos de los sustitutivos de importaciones han recibido tanta protección frente a las compras al exterior que ya ni siquiera tendremos libre comercio con Brasil (con el resto del mundo esta idea hace rato que está en desuso) contrariando el espíritu original del hoy desgajado Mercosur. A otros, como la construcción, donde también las remuneraciones son de las más bajas del mercado, les está dando un gasto público en obra pública de 2,5% del PBI récord en los últimos 17 años luego de haber aumentado casi 4,6 veces en millones de pesos desde la devaluación.

Tercero, los aumentos de salarios por decreto y los que salen desde las convenciones colectivas de trabajo (que es como si salieran por decreto por la presión que ejerce el Ministerio de Trabajo a favor de los sindicatos) han hecho que los salarios reales blancos ya estén hoy 10% por encima de los de diciembre de 2001, aunque a los informales todavía les falta 30% y a los estatales, 42%).

Cuarto, ha roto todos los mercados necesarios para evitar que los precios reflejen costos y/o rentabilidades de mercado que dificulten el objetivo distributivo. Para que los combustibles no subieran, siguiendo la espectacular escalada internacional del petróleo, fijó mediante « acuerdos de precios» el precio del crudo y del gas en boca de pozo y estableció también retenciones móviles a las exportaciones, ignorando que disociar el precio interno de un exportable respecto del internacional es equivalente a un impuesto a la producción que provocaría la caída de esta última. A su vez, esto dio pie para que el gobierno acusara a las petroleras de que no invertían por lo que se veía «obligado» a crear Enarsa, engendro estatal que supuestamente reemplazaría las falencias de inversión privadas. La consecuencia de este desmanejo es que hoy ya estamos importando gas desde Bolivia y aumentando el gasto público en vez de darles más precio a los privados. También se habla cada vez con más asiduidad de que se importará petróleo en el mediano plazo.

En el mercado eléctrico, a raíz de no haber ajustado inicialmente todas las tarifas (y cuando lo hizo fue sólo para grandes consumidores) luego de defaultear y pesificar los contratos con las privatizadas, generó un exceso de demanda interna que lo «solucionó» obligando a empresas privadas argentinas que tenían contratos de exportación de energía firmados con empresas privadas de Chile y Uruguay a incumplirlos cortando el suministro, y a nivel interno creó el fracasado PUREE, que penalizaba a los que consumían más de lo que el «sabio» planificador central decía. Ahora es el Estado el que a través de cargos específicos en las facturas de luz y gas recaudará la tarifa que financiará inversiones y que antes le negó a la privatizada.

Carnes

Para que la carne no suba y así redistribuir ingresos, primero se pusieron retenciones a las exportaciones, luego el límite de 280 kg para la faena de bovinos y luego apareció la prohibición para exportar carne. ¿La consecuencia?

Exactamente la misma que en el mercado de los energéticos: caída en la producción, despido de trabajadores y de nuevo la aparición del Estado « redentor» con subsidios a los desocupados y el Plan Ganadero que se acaba de anunciar. Esto no es todo. Al romperse el mercado de la carne y caer la oferta de vacunos, ha comenzado a escasear el cuero sin curtir con la consiguiente suba de su precio, la puesta en peligro de la viabilidad de muchas curtiembres y la aparición también de pedidos de planes especiales de salvataje del Estado.

Encima, la inflación juega en contra del objetivo distributivo y ya estamos viendo cómo es la respuesta del gobierno cada vez más cerca de las elecciones presidenciales de 2007. A partir de la llegada de Guillermo Moreno, ya no se controlarán solamente los precios, sino también los costos para así terminar vigilando la rentabilidad de las empresas. Entonces, el objetivo del gobierno es inflar todo lo que se pueda la demanda vía aumentos del gasto público y de los salarios privados para asegurarse que las empresas enfrenten un muy buen nivel de actividad, compren insumos, demanden personal, etc. Luego el gobierno con presiones les impide que los mayores costos vayan a precios y recuperen el margen de ganancia perdido por la suba del gasto público y los salarios. El objetivo termina siendo que los que más tienen pierdan relativamente frente a los pobres, de ahí que para el gobierno es central que los márgenes empresariales caigan para mejorar la distribución del ingreso.

Si por ello se rompe el mercado intervenido, será el Estado el que aparezca de nuevo arbitrando costos, precios y subsidios para levantar la oferta perdida. Todo muy lejos del mundo civilizado

(*) Nota publicada en Ambito Financiero el día 18/05/06, Página 14