Inflación, conflictividad laboral y renegociación de tarifas constituyen las grandes dificultades del Gobierno argentino
Tras su rotunda victoria en las elecciones legislativas de hace una semana —40% de votos a su favor—, uno de los primeros gestos del presidente argentino, Néstor Kirchner, ha sido mostrar su respaldo al ministro de Economía, Roberto Lavagna. Con una remodelación del Ejecutivo inminente en la que al menos serán sustituidas las carteras de Exteriores, Defensa y Asuntos Sociales y un Lavagna criticado desde sectores de las propias filas presidenciales —el ministro no acudió a celebrar la victoria electoral—, el gesto de Kirchner supone un mensaje de que va a continuar la estrategia que ha marcado una espectacular recuperación de la economía desde la crisis de 2001.
Aunque Kirchner puede presentar un balance más que positivo tras el desastre de 2001. En ese balance cuentan éxitos como la salida de la suspensión del pago de la deuda externa, la renegociación con éxito de ésta, una disminución de siete puntos porcentuales del nivel de pobreza —que, no obstante, se sitúa en el 39%—, un superávit fiscal por cuarto año consecutivo por primera vez desde hace 106 años y, en general, una vuelta a los niveles de producción similar a 1998 (el mejor ejercicio de los últimos 15 años). Pero en el horizonte se presentan tres problemas a los que deberán hacer frente Lavagna y su equipo para continuar con la recuperación. Como suele suceder en la economía, son dificultades generadas en parte por las mismas medidas aplicadas para paliar una situación más grave. Se trata de una fuerte inflación, una creciente conflictividad laboral y la pendiente renegociación tarifaria, fundamentalmente con empresas de capital extranjero. En los tres casos se entrevén soluciones, aunque apenas se está al principio del proceso.
La inflación —una amenaza permanente en el imaginario argentino— se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la Administración Kirchner que, con una economía que ha crecido en torno al 9% anual de forma sostenida —este año será un 8%— y con un superávit fiscal consolidado, se ve obligada a revisar varias veces al año su previsión inflacionaria. Oficialmente en 2005 no estará situada por encima del 10,5%, aunque pronósticos más pesimistas la elevan al 12%.
Un modelo inflacionario
“El modelo económico del Gobierno es intrínsecamente inflacionario porque incentiva mucho la demanda de bienes y servicios y muy poco la inversión, de manera que la demanda crece mucho más rápidamente que la oferta”, advierte el economista José Luis Espert. “El Gobierno quiere imponer un capitalismo nacional y redistribuir los ingresos, pero la manera en que lo hace genera inflación”, subraya.
No es esa la visión del Ejecutivo que, en ocasiones, culpa a sectores determinados de los rebrotes inflacionarios, como durante la pasada campaña electoral en la que el presidente Kirchner acusó directamente a los supermercados de las fuertes subidas de precios. “Es hora de que se den cuenta de que no se puede abusar del bolsillo del pueblo”, señaló el mandatario.
Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina y su previsible alza de precios, el Gobierno trata de buscar vías alternativas para evitar la repercusión de esta subida. Por de pronto no parece probable que este año vuelva a rebajar las retenciones en el IRPF en los salarios de diciembre, como hizo el año pasado, para permitir que los consumidores tengan más efectivo en el bolsillo. No se trató de una amnistía fiscal, ya que los montos impagados se devengaron de las nóminas de los meses siguientes.
Una cuestión clave en la lucha contra la inflación es la búsqueda de un acuerdo entre empresarios y sindicatos con vistas a las cada vez mayores reivindicaciones de subidas salariales y la conflictividad social que esto genera. La Unión Industrial Argentina (UIA) ha propuesto congelar los salarios y los precios durante 180 días y ha puesto la oferta sobre la mesa negociadora con los sindicatos. Un dato interesante es que desde los agentes sociales argentinos y también desde el Ejecutivo se estudia la experiencia española, tanto de los Pactos de la Moncloa —citados muy a menudo en momentos de crisis en numerosos países latinoamericanos— como del mecanismo de arbitraje posterior plasmado por el Consejo Económico Social (CES). Precisamente, el presidente de este organismo, Jaime Montalvo, ha estado esta semana en Buenos Aires entrevistándose con diversos interlocutores. Según el diario La Nación, Montalvo también participó en una reunión de trabajo entre Hugo Moyano, el líder del principal sindicato, la Confederación General del Trabajo (CGT), y el presidente de los empresarios, Héctor Méndez. Está previsto que Montalvo regrese en noviembre a Argentina.
Reivindicaciones laborales
El acuerdo se hace necesario ante los meses que se avecinan, cargados de reivindicaciones laborales. Además, el Gobierno argentino ve como algunas protestas se prolongan ocasionando un fuerte desgaste en las recomendaciones de contener los salarios. El caso más emblemático ha sido el del hospital pediátrico Garrahan, en Buenos Aires, donde su personal no médico ha protagonizado una huelga intermitente durante meses, reclamando un aumento salarial del 20% y generado una intensa polémica pública en la que ha llegado a intervenir directamente el presidente de la República, que ha acusado al líder de los huelguistas de “no creer en la democracia”.
Los números positivos de la gestión económica del Gobierno se han convertido en un arma de doble filo. El superávit fiscal —16.900 millones de dólares en 2005 sólo hasta septiembre— es utilizado a menudo por los líderes sindicales para justificar peticiones de fuertes incrementos en los salarios argumentando que “hay dinero en la caja”. “Lo importante desde el punto de vista económico es qué van a hacer el Partido Sindical y el Partido de los Inversores”, señala Enrique Szewach, de la calificadora de riesgo Evaluadora Latinoamericana, quien se pregunta: “¿A Kirchner la legitimación de su poder le permite abandonar la confrontación con la inversión y generar un clima de negocios estable y a largo plazo? ¿Podrá reencauzar la negociación laboral y crear un marco que evolucione más cerca de la productividad que de las presiones? Meparece que en la respuesta a estas preguntas está la clave para entender los próximos dos años de Argentina”.
La tercera Prueba para el Gobierno de Buenos Aires
La tercera prueba a la que deberán hacer frente las autoridades argentinas en los próximos meses es la renegociación tarifaria total con las compañías privadas concesionarias de servicios públicos, muchas de ellas de capital español. Si bien el primer paso —y el más complicado— ya está dado con el desbloqueo en las negociaciones, la firma de acuerdos sobre subidas parciales y el compromiso de eliminar el clima de
confrontación que provocó la congelación de tarifas y la pesificación de éstas decidida tras la crisis, queda pendiente el punto crucial de toda la operación como es el establecimiento de las nuevas reglas del juego.
Una negociación a la que el Gobierno acudirá respaldado por el alto porcentaje de votos alcanzado el domingo, pero a la vez condicionado porque en muchos casos las negociaciones tienen plazo fijo de finalización. Además, aunque la mayoría haya expresado su intención de hacerlo, son pocas las empresas de capital extranjero que han retirado sus demandas contra el Estado argentino ante el CIADI. Demandas que sólo retirarán una vez que hayan entrado en vigor los nuevos contratos.
“El eje de gravitación de la política económica argentina de aquí a 2007 se centra en la credibilidad del Gobierno. Credibilidad implica el éxito en mantener el crecimiento del PBI argentino por encima del promedio suramericano”, señalan Mariano de Miguel y Enrique Aschieri, economistas del Instituto de Economía Aplicada de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Para ambos economistas esta credibilidad se asienta sobre el control de la inflación, el superávit fiscal y el nivel de las reservas en dólares. Y aquí vuelve a aparecer la importancia de las urnas. Según Aschieri y De Miguel, “el importante respaldo electoral logrado el pasado domingo otorga a Kirchner el suficiente margen para maniobrar sin mayores sobresaltos ante las normales y no tan normales tensiones macroeconómicas que regularmente acaecen en Argentina”.
