El intento del Gobierno de desarrollar un capitalismo nacional prebendario y clientelista, sumado a la decadente forma con la que redistribuye el ingreso, tiene como consecuencia desangrar a impuestos a nuestro sector privado para cancelarle deuda a burocracias manejadas por los ricos como el BID, BIRF y FMI.
El 10 de septiembre de 2003, el gobierno de Kirchner anunciaba con bombos y platillos que había cerrado un acuerdo largo con el FMI por tres años en el que le había torcido el brazo al imponerle las condiciones que más le convenían a nuestro país.
Sin embargo, seis meses después el programa se caía por los incumplimientos de la Argentina con lo firmado: realizar una renegociación de la deuda que abarcara a casi todos los acreedores, sancionar una ley de responsabilidad fiscal que fijara reales límites al aumento del gasto público, renegociar los contratos con las privatizadas de manera civilizada y bajar impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones.
La chantada argentina estaba tan clara como el agua. Kirchner había asumido con sólo el 22% de los votos que, además, habían sido prestados por su padrino Eduardo Duhalde. Lo que menos necesitaba en los albores de su mandato era una ruptura con el FMI. Seguramente el patagónico habrá razonado "firmo y en cuanto me sienta cómodo en la poltrona de Rivadavia, al Fondo le digo alpiste? perdiste". Y así fue.
Es importante tener bien presente lo anterior porque una mentira típica del Gobierno es decirnos que si todavía no ha firmado un acuerdo es porque "el FMI nos exige condiciones que conspiran contra el desarrollo de Argentina". Nada que ver. El FMI sólo pide, como si fuera un disco rayado, que cumplamos lo firmado en setiembre de 2003, mostrado por el Gobierno como un gran triunfo y borrado poco después con su propio codo.
El problema es que para Kirchner mantener defaulteados muchos de los compromisos del acuerdo con el FMI constituye el corazón de su programa de gobierno.
El desarrollo de un capitalismo de origen nacional basado en la obra pública conspira contra la posibilidad de contener el gasto público como lo pediría el FMI. Haber mantenido defaulteados los contratos con las privatizadas por un mínimo de cuatro años para que se vayan los capitales extranjeros e ingresen capitalistas nacionales amigotes de este gobierno, va contra el compromiso firmado con el FMI de que se iban a respetar los derechos básicos de los inversores foráneos que vinieron en la última década, para así maximizar el ingreso de capital privado no prebendario.
Dar de baja de las estadísticas oficiales de deuda pública a las acreencias de los que no aceptaron el canje que cerró a principios de este año contraría totalmente lo que firmamos con el FMI en el sentido de que en la reestructuración se iba a tener en cuenta los intereses de todos los acreedores. La suba en 2005 de las retenciones a las exportaciones se da de patadas con el cronograma de bajas comprometidas con el Fondo que iba a comenzar en enero de este año.
Pues bien, una vez defaulteado estratégicamente el acuerdo y debido a que como consecuencia de ello se perdían los reembolsos de los pagos de capital (los intereses se pagan cash), quedaban dos opciones. Defaultearle la deuda al FMI y ponernos en contra al G-7 o repagar puntualmente cada vencimiento. Afortunadamente, la chantada no llegó al extremo de poner en duda nuestra pertenencia al mundo civilizado y no se defaulteó la deuda con el Fondo.
Sin embargo, nada es gratis en esta vida. Al no tener acuerdo, los pagos netos (de reembolsos) de capital a los organismos internacionales de crédito (BID, BIRF y FMI) desde que comenzó la recuperación argentina en 2003, alcanzarán a fines de 2005 la friolera de US$ 7300 millones (4,5% del PBI), suma que habrá sido abonada en su totalidad con un superávit fiscal (después del pago de intereses) de monto equivalente.
Dado que desde 2002 el principal tótem al cual ha quedado sometida la política económica es la redistribución del ingreso, el aumento de recaudación asociado a la recuperación económica de US$ 18.000 millones, el gobierno de Kirchner se lo gastó en su totalidad en salarios estatales, empleo público, jubilaciones, subsidios a los pobres y no tan pobres y obra pública. Entonces, el superávit fiscal global de US$ 7300 millones se consiguió con la suma de las retenciones a las exportaciones, el no ajuste por inflación a los balances de las empresas y el no ajuste de los mínimos no imponibles de la cuarta categoría de Ganancias y bienes personales. Un impuestazo bien "progre". Obvio, como no podía ser de otra manera.
Esto ha llevado a que la presión impositiva en la Argentina esté hoy en un nivel record histórico en el último medio siglo de 30% del PBI (el gasto público también está batiendo récords con 28% del PBI). Pero como los impuestos lo sufren sólo los dos tercios de los que trabajan y producen que están en blanco, lo que ellos pagan representa el 45% del PBI, nivel que supera en 10% del PBI a la media de países emergentes como nosotros y en 5% del PBI al promedio de los países más desarrollados del planeta que tienen casi 10 veces más de ingreso per cápita que la Argentina.
O sea, violamos a impuestos al sector privado que está en blanco, que es eficiente y que compite con el mundo, para financiar por un lado un gasto público plagado de tanto clientelismo y corrupción política que como sociedad estamos descendiendo a niveles de indigencia ética y de valores pocas veces visto. Y por si lo anterior no fuera suficiente, con el impuestazo "progre", le repagamos deuda a organismos internacionales como el BID y el BIRF que nos financiaron cualquier pavada en la década pasada u otros, como el FMI, que nos auditaron peor que los que miraban los números de los escándalos contables de Enron y WorldCom.
Absurdo por donde se lo mire. Y todo por querer desarrollar un capitalismo de origen nacional bien trucho y redistribuir ingresos de manera totalmente ineficiente.
¿Y si cumplíamos?
Una alternativa muy superadora de lo que se hizo hasta ahora hubiera sido cumplir lo firmado con el FMI en septiembre de 2003, cobrar los reembolsos y al mismo tiempo no aumentar en nada el gasto público en términos reales; menos hasta el mismo nivel que hizo volar en pedazos a todos los planes de estabilización de los últimos 30 años (28% del PBI).
De esa manera, no hubiéramos tenido que repagarle capital de deuda a los organismos por US$ 7300 millones, hubiéramos salvado al sector privado de impuestos distorsivos por US$ 7300 millones y hubiéramos tenido el mismo superávit fiscal primario de hoy de más de 4% del PBI, pero habiendo bajado algo las alícuotas de IVA y Ganancias, porque con menos presión impositiva la economía hubiera crecido más y recaudado más. Además, nos hubiéramos quedado con espacio para subir impuestos en el futuro ante alguna caída en la recaudación.
