El modelo K es inflacionario

Hoy la inflación no es un problema monetario. Está causada por la suma del intento del gobierno de desarrollar un capitalismo nacional al calor de la sustitución de importaciones, la obra pública y el default de los contratos con las privatizadas más el permanente acicateo a la demanda vía aumentos de salarios por decreto y gasto público.

La autarquía comercial fue uno de los símbolos económicos más notables del globo en el período entre las dos guerras mundiales. Pero luego de finalizada la segunda conflagración, los países defensores de la libertad se dedicaron a vivir del comercio, con muy bajos aranceles a la importación y fiscos responsables. Sin embargo, la Argentina se quedó "pegada" en el capitalismo corporativo, prebendario, corrupto de Estado socio del sector privado y economía cerrada, típicos del nefasto fascismo italiano y el nazismo alemán.

Tan es así que hoy 10 años después del experimento Mercosur, ni siquiera podemos competir con Brasil a pesar de que ésa era la idea. Andamos protegiéndonos de nuestro vecino de sus importaciones de calzados, textiles, heladeras, televisores, termotanques, autos y todo lo que pueda amenazar la rentabilidad de nuestros empresarios nacionales. Si los consumidores se perjudican por pagar precios extravagantes que se embromen por no tener poder de lobby.

La construcción es un caso interesante. Las demandas de los empresarios del sector para que aumente el gasto público en obras son tan grandes como los ruegos de nuestra sociedad para que se crearan planes de asistencia social en 2002 cuando la emergencia parecía que nos sumía en la anarquía. Pocos sectores consideran que la plata pública tiene que ser destinada esencialmente a ellos como la construcción. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. La obra pública que en 2001 alcanzaba a $ 3900 millones (1,5% del PBI), en 2005 ya pinta para los $ 17.000 millones (3,3% del PBI) ¡Qué bueno sería tener semejante poder de lobby!, ¿no?

Pero el caso desopilante es lo que está pasando con las privatizadas. De casi US$ 25.000 millones de desembolsos iniciales de concesionarios privados allá a comienzos de los 90, el gobierno mandó al purgatorio de la renegociación a US$ 12.000 millones. Los restantes US$ 13.000 millones eran esencialmente petróleo que en vez de renegociación están sujetos al control de precios de los boicots presidenciales con ayuda de su fuerza de choque piquetera.

De los US$ 12.000 millones por renegociar y a lo largo de más de 3 años desde la pesificación, sólo el contrato con Edelap (distribución de energía eléctrica en la zona de La Plata) ha cumplido todos los pasos legales ¡para tener cerrado un acuerdo con el Gobierno para discutir tarifas residenciales sólo en 8 meses y con un desembolso inicial que fue de casi 0 dólar! Es decir, no ha habido ningún avance serio en la renegociación de contratos de las privatizadas. Lo que sí ha hecho el Gobierno es aumentar tarifas a la industria para fondear fideicomisos administrados por el Estado que ahora llama a licitaciones para construir centrales de electricidad. Todo este "firulete" para no dar esos mismos aumentos al concesionario privado, tal como hubiera correspondido de acuerdo al contrato de concesión. La respuesta del inversor estratégico extranjero es irse del país dejando su lugar a los amigotes del poder de hoy aún cuando de servicios públicos entiendan tanto como el piquetero kirchnerista D´Elía de budismo.


El verdadero drama

El problema no es tanto tratar de desarrollar desde el poder un capitalismo de origen nacional. El verdadero drama son las reglas de juego que impone el Gobierno. O mejor dicho, es la mezcla de reglas "truchas" y viejas que es lo mismo que no tenerlas. Si queremos que la inversión sea de una composición adecuada (comerciados versus no comerciados) y de un nivel de países de crecimiento sostenido (25/30% del PBI) hay que establecer instituciones económicas civilizadas y que perduren y no esta vergüenza donde por más retrógrado y oscuro que sea el reclamo sectorial, si presiona y pone lo que hay que poner, recibe la prebenda.

Dicho sea de paso, luce por lo menos ridícula la permanente queja del Presidente Kirchner de las presiones que sufre de las corporaciones cuando su propio partido y él mismo son férreos defensores de la asociación entre el Estado y el sector privado con poder de lobby.

Una vez generada la renta empresarial espuria a través de proteccionismos exagerados, obra pública rampante y el default de los contratos con las privatizadas, aparece el otro problema. Viene el Estado redistribuidor de ingresos, se apropia de parte de ella a través de aumentos de salarios por decreto y niveles de imposición salvajes y distorsivos (es espectacular el impuesto sobre la inflación que está recaudando el gobierno al no ajustar por los aumentos de precios ni los balances de las empresas, ni los mínimos no imponibles de la cuarta categoría y de bienes personales) y se la redirige a los que ganan poco, a los desocupados y los pobres.

Vamos a suponer que los aumentos de salarios vía convenciones colectivas no generan inflación porque en ese ámbito el empresario está dispuesto a ceder alegremente parte de sus ganancias. El problema sí aparece con los que vienen por decreto por más que los salarios no representen más del 30% de la ecuación de costos. En el cuadro adjunto se observa que desde que empezó esta historia del Estado redistribuidor, los aumentos de salarios por decreto han significado una suba de más del 64% en los costos laborales ($ 21.300 millones) y el aumento del gasto público ya alcanza a 81% ($ 56.300 millones). Todo esto, además de ser costo, es también demanda que expande consumo. Como si lo anterior no fuera poco, el aumento de la electricidad para los grandes consumidores (comercios e industrias) ha sido de casi 80 por ciento. Un régimen de tipo de cambio fijo en 3 pesos por dólar, con un superávit fiscal como el que tiene el "modelo productivo" y sin ingreso de capital golondrina, nunca puede ser inflacionario.

Entonces, con una oferta de bienes y servicios que se expande en base a la prebenda más una enorme "pichicata" de panfleto sobre la demanda (los aumentos de salarios y de tarifas salen por decreto y el incremento del gasto público está en el presupuesto) para redistribuir ingresos ¿cómo no vamos a tener inflación? Es absurdo que el gobierno controle precios como ya lo está haciendo. Tendrá que optar. Si quiere que la demanda interna crezca al 9% anual va a tener que establecer reglas de juego de samuráis para invertir y si quiere seguir en la negociación empresaria corporativa, corrupta y decadente del último medio siglo, no puede seguir "inflando" el consumo como hasta ahora. Si no, la víctima será la actividad económica (no hay chances de hiperinflación). El estancamiento del PBI en el primer trimestre y el de la industria en el segundo han dado un mensaje más que contundente.