El FMI, los prestamistas de la Argentina en el extranjero, los inversores foráneos en nuestras privatizaciones, los exportadores locales y los productores extranjeros de bienes que importamos constituyen los enemigos predilectos del Gobierno. Tanta animosidad ¿no será excesiva pensando que para el crecimiento sostenido los necesitamos a todos a favor nuestro?
Es cierto que el FMI es el segundo responsable de que la Argentina haya sufrido en 2001 y 2002 la peor crisis de su historia. Pero lo que el Gobierno no dice es que las culpas más grandes son nuestras por haber aplicado un plan con serias falencias técnicas durante mucho tiempo y que pocos se animaron a criticar (de los que gobiernan hoy en nuestro país, ninguno, todos estaban haciendo su “agosto” en el poder). Tampoco reconoce el Gobierno que el acuerdo que firmamos voluntariamente el 10 de septiembre de 2003 está caído porque el FMI no estuvo dispuesto a seguir adelante con él por nuestros incumplimientos y la inexistencia de voluntad de cumplir hacia adelante.
No es cierto que la “suspensión” del acuerdo haya sido una decisión unilateral de la Argentina. Ya veremos cuán lejos de la verdad está lo que dice hoy el Gobierno cuando en enero de 2005, luego del canje de deuda, intentemos negociar nuevamente con el FMI. ¿O acaso pensamos que no nos van a exigir otra vez una ley de coparticipación de impuestos, una verdadera ley de responsabilidad fiscal, terminar la renegociación de los contratos con las privatizadas y finalizar la compensación a los bancos?
No nos quejemos después de que la Argentina se la pase cancelando deuda externa con los organismos: desde que devaluamos en enero de 2002 y hasta fines de 2004 (3 años) su exposición en la Argentina va a bajar entre US$ 5600 millones y 6100 millones, de los cuales entre US$ 4600 millones a 5100 millones ocurrirán en los períodos en los cuales no hubo acuerdo.
Como vemos, es mejor acordar a no acordar, contrariamente a lo que nos pretende hacer creer el Gobierno. Nos sentiremos gauchos muy chúcaros, pero ellos tienen rifles con rayos infrarrojos y hasta un gobierno díscolo como el de Kirchner actúa en consecuencia.
Si bien el extranjero que le prestó a la Argentina en la última década asumió demasiado riesgo, también es cierto que nos permitió vivir la ficción de ser ricos por el dólar barato. Sin embargo, para nuestra sociedad en general y para el Gobierno en particular, hoy es un buitre al cual hay que hacerle dos ofertas unilaterales y ridículas (de todas maneras impagables con el “programita” económico en curso), mandarlos a que se peleen con el FMI por el cash que le pagaremos al organismo de aquí a fin de año y que negocien con una sombra llamada Argentina.
Si el que invirtió en la última década en la Argentina es un extranjero en alguna privatizada, hoy se ha transformado en uno de los blancos predilectos de la furia oficial.
Uno de los ministros más afines al presidente Kirchner, el arquitecto Julio De Vido, siempre ha sostenido que antes de dar un aumento de tarifas primero iba a revisar hasta con 10 decimales de precisión las ganancias “excesivas” de los concesionarios privados durante la convertibilidad. Se ve que se le fue la mano porque de tanto estudiar y analizar los 90 vino la crisis energética y ahí el gobierno mostró la “hilacha”.
El no ajuste de tarifas y la no renegociación a largo plazo de los contratos son funcionales a su deseo de estatizar todo lo que pueda. ¿Por qué no? Si a pesar de que el Estado no tiene un peso, posee un stock de materia gris tan formidable que Enarsa con sólo 25 empleados piensa explorar miles de kilómetros cuadrados de plataforma submarina y asociarse con Pdvsa (el gigante petrolero venezolano) para constituir una gran empresa de energía del Mercosur.
O sea, todo extranjero que haya avalado la convertibilidad ya sea desde la auditoría, como prestamista o inversor directo ¡cruz diablo!
Por otro lado, la Argentina es un exportador de commodities que provienen del agro, las carnes, el petróleo y el gas. Este es un doble problema para el Gobierno. Por un lado son todos productos muy sensibles al bolsillo del consumidor, y por otro su precio se fija a miles de kilómetros de Buenos Aires: los mercados mundiales; ¿cómo forzar entonces desde aquí un precio razonable? Con las retenciones y otras yerbas.
Primero fueron para el agro y el petróleo crudo apenas se devaluó el peso allá por comienzos de 2002. Al mismo tiempo se borró de un plumazo el mercado libre que existía para el “boca de pozo” del petróleo y el gas con los “amigables” acuerdos de precios sugeridos por el Gobierno para que fueran firmados por productoras y refinadoras.
Luego, ante la suba internacional del crudo y la explosión de la crisis energética a principios de 2004, subieron las retenciones a la exportación de petróleo y para naftas pasaron de 0% a 5%. Después para el gas. Claro, si distorsionamos el mercado del petróleo, teníamos que emparejar el disparate en el mercado del otro hidrocarburo.
Finalmente, a principios de agosto, volvieron a subir las retenciones para la exportación de petróleo crudo y Lavagna acaba de amenazar con aumentar las de los derivados del petróleo.
Alimentos, un sufragio
Para el campo, el desplome de la soja a nivel mundial a partir de los máximos de principios de año es una muy mala noticia. Eso sí, se ha salvado de mayores retenciones porque al sector no le debería quedar duda de que con un gobierno como el de Kirchner, cuyo programa económico es en realidad un gigantesco intento de redistribuir el ingreso, los alimentos no son un bien sino un sufragio que, a su vez, depende inversamente de su precio.
La misma suerte les puede tocar a los frigoríficos que están comenzando a abrir nuevos mercados en el mundo.
La suba en el precio de los cortes vacunos que seguiría al aumento de las exportaciones va a poner nervioso a más de un habitante del poder y lo tentará con recurrir a más retenciones.
Por otro lado, si hay algún productor extranjero en cualquier lugar del planeta que le quiera vender a la Argentina pero que amenace la rentabilidad de un productor local de importables (que a su vez tenga buena capacidad de lobby), mejor que consiga primero una entrevista en la Rosada y se informe de los productos que se nos puede vender, porque ni siquiera la existencia de un mercado común como el Mercosur no es impedimento para que el gobierno argentino apriete con la amenaza de salvaguardias, restricciones cuantitativas, etc. y obligue a reducir “voluntariamente” sus exportaciones.
O sea, toda producción local que pueda quedar dentro de las fronteras argentinas mejor.
A su vez, el Gobierno hará el esfuerzo posible para que toda demanda doméstica se abastezca con producción generada dentro de nuestras fronteras.
¿Por qué directamente no vivimos en autarquía?
Nota Original: LA NACIÓN | 22/08/2004
