Es consenso –dentro del ámbito de los economistas – que la reciente Ley de Responsabilidad Fiscal sancionada el miércoles aporta muy poco a la institucionalidad del país. Márgenes amplios de acción en el manejo del gasto provincial, la incertidumbre abierta en el largo plazo y la falta de castigos para aquellos que no la cumplan son los puntos más criticados de los consultados por Ámbito Financiero. Repasemos las diferentes opiniones:
FERNANDO LOSADA (economista jefe de ABN Amor Bank en Nueva York)
En este momento, lo que la Argentina necesita es asegurar de cara al futuro la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Y en ese sentido, la ley es una pequeña mejora, pero falta mucho trabajo importante para alcanzar ese objetivo. Hoy en día los números fiscales ven muy bien porque por un lado el gobierno ha hecho una buena labor en la AFIP y, por otro, gracias a factores externos, como el alto precio de la soja, que no van a perdurar por siempre. Desde noviembre de 2001 hasta acá, el comportamiento del Estado nacional y de los provinciales ha sido mejor de lo esperado, pero esta mejora, en apariencia, es transitoria. Lo que se necesita son cambios para que aseguren en el largo plazo este escenario. Se debe imponer una política más consistente, que asegure la situación fiscal hoy, dentro de 5 años y dentro de 20. Y eso, todavía está lejos de lograrse.
JORGE AVILA ( Universidad del CEMA)
Esta ley no sirve. Es para la “gilada”. Es para el FM. Lo que se necesita es una ley que imponga el federalismo fiscal y transferible a las provincias la responsabilidad parcial o total de la recaudación de impuestos para que de esa manera controlen su gasto. El FMI sabe que esto es necesario. Pero temen que en la transición el Tesoro pierda recursos, y por lo tanto que cuente con menos fondos para pagar la deuda. Es por eso que el FMI no quiere la reforma. Esta ley es como el viaje a China. Es para hacer creer que se está trabajando y se están tomando decisiones importantes cuando en realidad son excusas para seguir igual. Con la gira por China, se quiso ocultar el ALCA, que obligaría al país a un acuerdo serio de libre comercio. En cambio, el gobierno quiere preservar el esquema arancelario actual o, inclusive, aumentarlo. Buscan distraer la visión de las cuestiones importantes.
HECTOR VALLE (Presidente de FIDE)
La ley e s útil como instrumento para acercarse en las negociaciones con el FMI. Pero en realidad, las provincias han mejorado muchísimo su administración financiera. La norma permite garantizar un estimado de meta de superávit fiscal de largo plazo. Aunque es como un viejo reclamo, ya que las provincias hace 2 años que se vienen comportando seriamente. Igualmente, una reforma tributaria es inevitable, pero no hay que transferir a las provincias la recaudación de tributos. El criterio de caja única tiene sus ventajas, y la experiencia con los traspasos de la salud y la educación ha sido un fracaso.
JOSE LUIS ESPERT ( Economista de Espert & Asociados)
La ley no sirve para nada. Es procíclica, no pone límites al gasto primario, elimina del déficit fiscal el gasto de capital y todo gasto corriente financiado con prestamos de organismo internacionales. Tampoco tiene penalidades. A lo sumo que publiquen un listado en Internet con los infractores a la norma. Y eso no asusta a nadie.
ORLANDO FERRERES (Presidente de OJF & Asociados)
La norma algo sirve. Trata de dar más credibilidad, pero le falta una ley penal como el proyecto que había presentado años atrás José Manuel de la Sota, y que fue derogada por Remes Lenicov. No es como la ley de Responsabilidad Fiscal de Brasil, donde el gobernador y el ministro de Economía de cada estado deben hacerse responsables de los desvíos. Es probable también que no tenga mucho suceso con el FMI. Ahora deben estar averiguando qué implica la norma, y cuando vean toda esta cuestión, es probable que vuelvan a haber cortocircuitos.
