Por la decisión de mantener el monopolio del combustible
MONTEVIDEO.- Fue una mala señal al mundo. Esa era la impresión (y la preocupación) de los empresarios uruguayos que ayer comentaban el resultado del referéndum del domingo. En su opinión, es muy difícil explicar a un inversor extranjero los motivos por los cuales el 62% de la ciudadanía votó para mantener un monopolio que limita sus posibilidades de elección y festejó que no habría inversión privada en el sector de combustibles.
En este país se pagan los combustibles más caros de la región por la ineficiencia de una planta de refinería de petróleo considerada obsoleta y por los altos impuestos que pesan sobre las naftas.
El gerente general de la Cámara de Industrias, Roberto Villamil, expresó que la derogación de la ley "desalienta la inversión" y que en esencia representa la "incapacidad de los uruguayos para construir y lograr que su economía avance". A su juicio, "no se ha percibido la necesidad de introducir cambios para que el país se desarrolle". El economista dijo que Ancap tiene que cambiar, porque el país "no puede mantener una empresa ineficiente que traslada los costos de la misma a los consumidores".
Uruguay es un país con una tasa de inversión de las más bajas del continente. No hay grandes grupos económicos nacionales y las principales empresas son de propiedad estatal. El Estado no tiene capacidad de inversión porque con un déficit fiscal del orden del 4% del producto bruto interno aumentó su endeudamiento para financiar su gasto público hasta llegar a un nivel superior al tamaño de su economía. El canje de bonos públicos logrado en mayo permitió descomprimir los pagos por varios años, pero mantuvo en toda su magnitud el volumen de los compromisos.
Por su parte, el directivo de la Unión de Exportadores, Edmundo Macchi, dijo que el resultado de la consulta vuelve a enfrentar al país con el "problema de la gestión" de las empresas industriales del Estado y que eso constituirá una traba a la inversión. El industrial -que es gerente general de Parmalat- dijo al diario El País que "el problema de Ancap hay que resolverlo, porque en 2006 la posibilidad de que siga en actividad es nula". Esa fue una referencia al argumento utilizado por el gobierno. El ejecutivo afirmó durante la campaña que, por los compromisos asumidos en el Mercosur, la petrolera Ancap no podrá mantener su monopolio y que, obligada a competir, pero sin reformarse y asociarse con privados, quedará al margen por ineficiencia y por altos costos.
En ese sentido, los empresarios uruguayos e inversores coincidieron ayer en manifestar su preocupación por el futuro de la economía uruguaya, que viene recuperándose de una crisis profunda.
En este contexto, el día después del referéndum se inició con un mensaje del ganador de la jornada, el líder de la izquierda, Tabaré Vázquez. Pero su propuesta de discutir entre todos los partidos un proyecto de política energética no tuvo tanto impacto en el sector privado como el resultado mismo de la consulta, que sepultó la única reforma trascendente que podía dejar el presidente Jorge Batlle al final de su gestión.
Batlle reconoció la derrota y dijo que está dispuesto a "escuchar una propuesta concreta" pero "no a volver a discutir durante un año lo mismo que se discutió y sobre lo que todo el mundo está informado".
El resultado del referéndum indicó que votó el 83% de los habilitados (el voto era obligatorio). El 62,2% lo hizo por el "Sí" a la derogación de la reforma, el 35,4% por el "No" y un 2,4% votó en blanco.
La votación tiene como antecedentes varias batallas políticas para impedir la apertura económica y privatizaciones parciales y ratificó el respaldo de los uruguayos a una economía cerrada y con fuerte presencia del Estado.
El año pasado, la izquierda había logrado la derogación de una reforma similar en telecomunicaciones.
Analistas políticos comentaron ayer que el resultado estuvo más ligado a un voto castigo contra Batlle, que está en un nivel mínimo de popularidad, que al tema que se sometía a la decisión de la ciudadanía. Sin embargo, más allá de lecturas y análisis, lo cierto es que los uruguayos se han pronunciado en varias ocasiones como partidarios de mantener una incidencia fuerte del Estado en la economía.
Empresarios, organismos internacionales, operadores financieros, se preguntan: ¿cómo podrá hacerlo Uruguay si tiene un Estado deficitario, tremendamente endeudado, y que sólo encuentra financiamiento de organismos que como contrapartida exigen austeridad en el manejo del gasto público?
La preocupación de los empresarios se había expresado en las semanas previas al referéndum, con la decisión de las Cámaras de Industria, de Comercio y Servicios, de la Asociación Rural, de apoyar la defensa de la ley que reformó el sector de los combustibles. No es usual que las gremiales empresariales adopten una actitud de ese tipo. Mencionaron la necesidad de abaratar el precio de los combustibles para competir con sus productos como el argumento para votar en contra de la derogación de la ley.
Cautela y advertencias
En el mercado financiero no hubo repercusiones negativas: el precio del dólar se mantuvo igual que la semana pasada y las cotizaciones de los bonos públicos incluso subieron un poco, y bajó el riesgo país. Pero los inversores conservan la cautela; incluso los ahorristas de bajo volumen mantienen sus depósitos en su amplia mayoría en condición de absoluta liquidez.
La semana pasada, el banco de inversión Goldman Sachs había advertido a sus clientes que si la votación del referéndum significaba la derogación de la reforma petrolera habría un impacto negativo para el país. Dijo que eso estaría reflejando "una falta de apoyo público a la liberalización económica y la reforma estatal, que sería malo para las perspectivas de crecimiento a mediano plazo".
En ese sentido, la izquierda y los sindicatos obreros manifestaron que la victoria los hace sentir seguros de que el año próximo ganarán otra batalla contra la apertura económica. Ya están presentadas las firmas para que en octubre de 2004 se someta a plebiscito una reforma constitucional para impedir concesiones a privados en servicio de agua potable y saneamiento, y para que se anulen las que ya se dieron. La iniciativa comprende que el Estado devuelva a los privados que operan en Maldonado y otras ciudades el dinero de las inversiones no amortizadas. Las gremiales empresariales dicen que esto ahuyentará a los inversores, justo cuando el país los necesita más que nunca.
Alivio en el frente militar
MONTEVIDEO (AFP).- En un hecho que logró distender en Uruguay un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el juez penal Eduardo Cavalli suspendió las actuaciones para ubicar el paradero de los restos de la militante de izquierda Elena Quinteros, asesinada durante la dictadura militar (1973-85), al retomar sus funciones ayer.
Así, el juez titular dio marcha atrás a las actuaciones ordenadas por el suplente Alejandro Recarey, quien reemplazó a Cavalli por una enfermedad.
Las decisiones que Recarey tomó durante el reemplazo de Cavalli habían causado una profunda inquietud tanto en las filas castrenses como en el gobierno, ya que dieron un giro sorpresivo al caso. El funcionario comenzó a citar como testigos a uniformados en actividad y en retiro que están amparados en la ley de amnistía, sancionada en 1986 por el Congreso y refrendada en 1989.
El presidente Jorge Batlle había sostenido que se agotarían los recursos para hacer cumplir dicha norma.
Los expertos prevén un impacto limitado en la economía argentina
En su mayoría estiman que no habrá consecuencias en la región
· Algunos, sin embargo, advierten que la votación es un elemento más en un escenario complicado en América latina
· Alberto Fernández calificó de “madura” la decisión uruguaya
La decisión de los uruguayos de rechazar la reforma de la ley de combustibles no tendrá un impacto importante sobre la economía argentina, opinaron ayer diversos economistas, aunque algunos sí advirtieron sobre alguna repercusión negativa en cuanto a la posible llegada de inversiones a la región y particularmente a nuestro país.
La votación de los uruguayos implica un rechazo al abandono del monopolio estatal en la importación y el refinado del petróleo y de combustibles, y a la posibilidad de que Ancap, la petrolera estatal, se asocie con otras firmas para obras puntuales.
"El tema da para pensar si habrá una repercusión", reflexionó el economista Eduardo Curia, que agregó que, dado que en la Argentina se vive un clima de análisis sobre el resultado del proceso de privatizaciones, es posible que haya grupos que, en función de lo ocurrido en Uruguay, puedan plantear esquemas de reestatización. Y distinguió: "Una cosa es revalorizar el papel del Estado y otra es tener a priori un concepto negativo" sobre lo privado y lo extranjero.
Igualmente, señaló que probablemente el país vecino tenga elementos de su idiosincrasia que lo hayan llevado a votar como se votó, por lo cual tal vez no habría consecuencias inmediatas para los países cercanos.
Escenario complicado
Por su parte, el economista José Luis Espert dijo que el previsible impacto sobre la llegada de inversiones se verá probablemente atenuado en lo inmediato debido a que la tasa de interés en los Estados Unidos se mantiene muy baja. Según la lectura del economista, la votación de los uruguayos es un elemento más en un escenario regional que está complicado, con medidas de tipo populista y con un cuestionamiento a las reformas hechas en los años anteriores, que no escapa a los inversores.
Según Espert, los hombres de negocios miran con preocupación los signos que se dejan ver desde el Cono Sur y desde países como Venezuela.
Nadin Argañaraz, economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, consideró en cambio que las decisiones de inversión en nuestro país son evaluadas en función de otros temas que el Gobierno tiene pendientes de resolución, como el default y las tarifas de los servicios públicos. Al lado de esos temas, interpretó que "lo de Uruguay es marginal".
Argañaraz consideró que la implicancia recaerá netamente sobre Uruguay. "Es una señal sobre lo que quiere la ciudadanía; ahora las empresas saben que en los próximos años habrá determinadas áreas en las que no se podrá invertir", señaló.
El analista diferenció el proceso uruguayo de lo que ocurre en la Argentina en relación con la revisión de las privatizaciones. "Acá no se plantea volver atrás, sino que se fijarán las reglas de juego para los privados; allá se decide no dejarlos entrar", sostuvo.
Una fuente del sector petrolero, en tanto, intentó restar importancia al resultado de la votación, al admitir que el mercado uruguayo, por su magnitud, no es tan atractivo, razón por la cual no estaría tan claro el interés de las compañías por invertir. Además, en el sector observan que los precios de venta al público son en Uruguay más caros que en los otros países de la región. Así, mientras en la Argentina el precio por litro de la nafta súper se comercializa a US$ 0,636 y en Brasil a US$ 0,67, en Uruguay el precio asciende a US$ 0,896.
Desde el Gobierno, en tanto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, calificó de "madura" la decisión de los uruguayos de mantener el monopolio estatal del petróleo. Según el funcionario, el pueblo del país vecino fue capaz "de aprender las lecciones cercanas" al evitar un proceso que llevara a la privatización.
