El hecho de que el capitalismo de atraso cambiario extravagante y endeudamiento externo impagable de la convertibilidad haya terminado en un verdadero desastre no le da derecho a nuestra izquierda gobernante de retornar con otro tipo de capitalismo, igualmente impresentable, de fijación de salarios por decreto, aguinaldos para piqueteros, repudio de la deuda externa y, lo que es mucho peor, el mantener una concepción prebendaria de Estado socio del sector privado, con la única diferencia que las corporaciones que hacen los negocios “gordos” con el Estado hoy no son las mismas que durante los 90.
¿Por qué la economía está creciendo fuerte en el corto plazo?
Primero, nuestro principal producto de exportación, la soja, está en un nivel históricamente tan alto que no son muchas las veces en los últimos 40 años que hemos asistido a estos precios. Esto, junto con una caída de casi 25% desde 1995 en los precios internacionales de nuestros productos de importación, ha generado los mejores términos del intercambio en 15 años para nuestro país.
En segundo lugar, la sociedad argentina ha experimentado un shock de expectativas espectacularmente favorable porque la prudente política monetaria del ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli en el segundo semestre de 2002 y la dura política fiscal del ministro Roberto Lavagna del primer semestre del año pasado, evitaron la hiperinflación tantas veces anunciada por las viudas de la convertibilidad y que la sociedad casi tenía asumida como parte del costo de salir del uno a uno.
Tercero, una devaluación real del peso del 50% como ha ocurrido hasta ahora, sólo ha sido superada en los últimos 30 años por el caos posterior a la caída de la tablita de José Alfredo Martínez de Hoz, la Guerra de Malvinas y el default de la deuda de los 80. O sea, el importantísimo cambio de precios relativos en favor de los bienes exportables e importables provoca una muy fuerte expansión de la producción agropecuaria, el turismo y la industria sustitutiva de importaciones.
Con hechos de tanta potencia reactivante (shocks positivos de ingresos y de confianza), era muy factible crecer con el consumo privado por encima del producto bruto interno, PBI, (como ocurre hoy) aunque no se hubiera tomado ninguna medida redistributiva.
Satisfacción a ideales retrógrados
El Gobierno no toma las medidas de redistribución de ingresos como las anunciadas el martes pasado para crecer (aunque diga lo contrario), sino para dar satisfacción a su ideal progresista y retrógrado cuyo meollo es que hay que sacarle a los que ganan mucho para que los que ganan poco o nada ganen algo más y de paso se fortalece políticamente de manera bien clientelista, que es la única con la que sabe manejarse nuestra corporación política.
Desde la devaluación, la redistribución de ingresos se hace por medio de la expropiación de la renta empresaria. Algunas medidas: 1) retenciones a las exportaciones ($ 10.000 millones al año) para financiar planes sociales a los desocupados; 2) no ajuste por inflación a los balances de empresas y del mínimo no imponible sobre los bienes personales ($ 7500 millones) para financiar el plan de obra pública que supuestamente le dará empleo a desocupados; 3) aumento de los costos laborales empresarios ($ 12.000 millones anuales) para aumentar el salario mínimo, los salarios medios, darles fondos a los sindicalistas y aumentar la jubilación mínima. Total: casi $ 30.000 millones, un verdadero delirio.
Primer problema de esta política redistributiva-expropiatoria. En un contexto como el actual en el que en el mejor de los casos hay reducción en la salida de capitales de los argentinos hacia el exterior y detenimiento en la caída del crédito bancario, la única fuente de financiamiento de la inversión es el autoahorro de las empresas generado a partir de sus ganancias. No parece la manera más inteligente de sostener el crecimiento económico (condición necesaria para mejorar los indicadores sociales) expropiar rentabilidad empresaria.
Otras contradicciones
Segundo problema. Al aumentarse los costos laborales (ya lo han hecho en $ 12.000 millones en base anual desde mediados de 2002) se está dificultando la creación de empleo en general y favoreciendo el empleo en negro en particular en el mediano plazo. Esto se da de patadas con los únicos objetivos en materia económica que se ha fijado el gobierno de Kirchner: reducir la pobreza, la indigencia y mejorar la distribución del ingreso.
Tercer problema. El paquete del martes (y otros anteriormente) aumenta las jubilaciones mínimas con un costo fiscal de $ 600 millones anuales. Hay que ser muy poco humano para oponerse a un aumento de algo que es una miseria como los haberes mínimos de la clase pasiva. Pero también es cierto que el gasto público crecerá $ 15.000 millones en 2003 respecto del año pasado, quedando así en los mismos niveles reales previos al colapso de la convertibilidad a pesar de una inflación del 40 por ciento.
Y en 2004 el aumento puede ser de casi $ 10.000 millones, con lo que completaríamos $ 25.000 millones en apenas dos años, o sea, 35 por ciento. De esta manera estamos cristalizando una presión impositiva formal salvaje y además distorsiva que puede afectar la sostenibilidad de la tasa de crecimiento económico.
De todas maneras, en el corto plazo, la potencia de los verdaderos factores de crecimiento (soja, estabilidad de precios y devaluación real) más que compensarán los efectos negativos de las medidas antiinversión y antitrabajo del Gobierno y, por lo tanto, seguiremos creciendo.
Sin embargo, dado que estas cosas dejan su huella, a la larga pueden aparecer sus consecuencias.
Nota Original: LA NACIÓN | 16/09/2003
