El ritual se repite cada vez que hay elecciones. Mientras los candidatos presidenciales formulan múltiples promesas para conseguir votos, el establishment económico se dedica a marcar pacientemente los límites del terreno por el que deberá transitar el futuro gobierno.
En ningún lugar está escrito que se deba aceptar el escaso margen de maniobra propuesto por la cúpula del empresario. Sin embargo, desde la vuelta de la democracia hubo pocas ocasiones en la que los presidentes se animaron a desestimar las recomendaciones del poder económico. Más allá del grado de convencimiento y la celeridad del rumbo, todos caminaron por la senda trazada por el estaclishment al momento de implementar sus programas. Cash, entonces, decidió consultar a las principales asociaciones patronales para intentar anticipar el escenario que se configurará en el país a partir del 25 de mayo.
Según los empresarios, las primeras cinco medidas del futuro gobierno deberían estar orientadas a:
1 resolver la crisis del sistema financiero,
2 renegociar los contratos con las empresas privatizadas de servicio público,
3 acelerar la reestructuración de la deuda pública y privada,
4 garantizar el superávit fiscal y
5 concretar una reforma tributaria.
La identificación de estos temas como prioritarios y su posterior resolución afirman que ayudaría a restablecer la seguridad jurídica generando confianza en las instituciones. La próxima etapa estaría caracterizada por un aumento de las inversiones para lograr la concreción de un "círculo virtuoso" de crecimiento. Recién entonces se podría esperar un descenso fuerte de la desocupación y un aumento de salarios para disminuir los niveles de pobreza que actualmente alcanzan al 57 por ciento de la población. Más allá de los matices, este planteo es compartido por un conjunto de sílabas representativas del sector empresario como AEA, IDEA, UIA, ABA, Abappra, SRA y Cra.
Durante las últimas semanas, las entidades se reunieron con los candidatos para dejar en claro su postura y presionar para que las recomendaciones empresarias se conviertan en la agenda del próximo gobierno. En algunos casos las charlas informales fueron complementadas por la difusión pública de documentos. El Instituto para le Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) dio a conocer en los últimos días un documento titulado "Bases para una Argentina integrada". En la reunión de presentación, Miguel Kiguel, titular del Banco Hipotecario y presidente del próximo coloquio de la entidad, revindicó el lobby empresario y resaltó la necesidad de avanzar en la reestructuración de la deuda publica y colaborar desde el Estado para facilitar la renegociación de la deuda privada. No casualmente en el lugar se encontraba Amadeo Vázquez, presidente de Telecom Argentina, empresa que durante la década del ’90 contrajo una deuda record de 11.197 millones.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también difundió la "propuesta para el próximo gobierno", un breve documento lleno de generalidades donde destaca la necesidad de lograr un superávit fiscal, fijar límites al endeudamiento de las provincias, favorecer la recuperación del sistema financiero, respetar los contratos públicos y privados e implementar una "reestructuración ordenada de la deuda pública y privada".
La Sociedad Rural Argentina (SRA) es otra de las entidades empresarias que se reunió con algunos candidatos para escuchar propuestas y hacerles llegar sus recomendaciones. Luciano Miguens, presidente de la entidad, afirmó a Cash que entre las prioridades gubernamentales se debería destacar la necesidad de establecer "impuestos simples y razonables para no incitar a los contribuyentes a dibujar los balances para intentar disminuir la carga tributaria". Postura con la que también coincidió ante Cash Manuel Cabanellas, presidente de la Confederación Rural Argentina.
Las prioridades que enumeran las entidades en muchos casos son compartidas por amplios sectores de la población, pero las soluciones que proponen apuntan exclusivamente a desentenderse de los costos que generaría la resolución de las diversas cuestiones. Cuando los empresarios mencionan la necesidad de normalizar el sistema financiero, lo que le reclaman al Estado es que se ejecute una compensación definitiva a los bancos que incluyan no solo los costos de la pesificación asimétrica, sino también los generados por la indexación asimétrica, los amparos y las posibles consecuencias que provocaría la generalización del fallo redolarizador. Las exigencias para que se acelere la renegociación de los contratos con las privatizadas se reducen básicamente a la necesidad de otorgarles el aumento tarifario que vienen reclamando las entidades desde que se concretó la pesificación. La reforma tributaria que exigen los sectores del campo se centra en el pedido de eliminación de las retenciones y la reducción del IVA y del Impuesto Inmobiliario. Mientras que la urgencia por renegociar la deuda pública y privada es una apuesta para tratar de lograr que el Estado se involucre en la negociación de los privados otorgando algún tipo de garantía. La Asociación Empresaria Argentina, representante de las grandes empresas endeudadas, lo dejó claro el año pasado cuando debutó en la escena nacional solicitando un seguro de cambio para las deudas privadas, similar al que le facilitó Domingo Cavallo al empresario nacional en 1982.
Más allá de las coincidencias centrales al interior del bloque empresario respecto de la necesidad de trasladarle los costos de la crisis al Estado, también es importante resaltar la profunda divergencia planteada en torno de cuál debe ser el tipo de cambio que deberá sostener el próximo gobierno. Allí las posiciones se visualizan como irreconciliables. La mayor evidencia de la fragmentación se puede ver en la Unión Industrial Argentina donde el menemista Alberto Álvarez Gaiani se encuentra en plena disputa por el control de la central con empresarios que adhieren al "modelo productivista" impulsado por Eduardo Duhalde. Las diferencias son tan grandes que, por primera vez en doce años, no se pudo confeccionar una lista única. Por lo que el próximo 22 de abril, a menos de una semana de las elecciones nacionales, los industriales estarán reproduciendo la disputa Menem-Duhalde al interior de sus filas.
Álvarez Gaiani representa a las empresas del sector alimentario, químico, petroquímico y algunas empresas automotrices que vienen presionando desde la ortodoxia económica para intentar reconstruir un escenario similar al de la década del ’90. Entre sus propuestas se incluye una mayor apertura económica, un tipo de cambio cercano a los 2 pesos y la necesidad de privilegiar ante todo el superávit fiscal. Mientras que la oposición, encabezada por el empresario textil Guillermo Gotelli, expresa las posturas de la multinacional Techint de un conjunto de sectores que resurgieron a partir de la devaluación como el calzado, la indumentaria, los textiles y los metalmecánicos. Para ellos el dólar alto es el principal objetivo a defender.
En la resolución de esta disputa se centran los mayores interrogantes, pues el resto de la agenda empresaria evidencia escasas fisuras y tiene posibilidades de ser considerada a partir del 25 de mayo. Los hombres del establishment saben que durante la campaña electoral están dadas las condiciones para moldear la voluntad de los candidatos, más allá de los discursos para ganar votos, a cambio de un eventual apoyo. Todas sus energías están puestas en ese objetivo y hasta el momento nada indica que no vayan a lograrlo en medio de la apatía de la mayoría de la población.
Los Economistas Que Aconsejan al Establishment
Federico Sturzenegger
ex secretario de Política Económica
"Favorecer la inversión"
"El gran desafío es crear las condiciones para que la mayor rentabilidad empresaria se transforme en inversión y no en salida de capitales. Así se pondrá en marcha un círculo virtuoso que permitirá aumentar salarios. En materia fiscal, lo óptimo sería mejorar la recaudación de IVA y Ganancias, para ir eliminando las retenciones, pero mientras tanto habrá que mantenerlas. Las tarifas de los servicios públicos deberán ajustarse para que siga habiendo una activa participación del sector privado. A su vez, en la revisión de contratos se les deberá asegurar a las empresas un retorno del capital invertido. En la renegociación de la deuda pública, se deberá tratar de reducir al máximo los pagos futuros logrando una extensión de plazos o quitas. Incluso podría pensarse en emitir bonos cuyo retorno dependan de cómo le vaya al país. El próximo gobierno también deberá preservar un régimen cambiario flexible que le permita ajustarse a los shocks externos".
Luis Secco
Secco Consultores
"Contener el consumo"
"El principal objetivo es asegurar la estabilidad macroeconómica. Para lo cual hay que crear mecanismos que pongan bajo control el gasto público. En materia monetaria, hay que terminar con el corralón compensando a los bancos, liberalizar los controles de cambio y regenerar del crédito. Si el aumento de sueldos se presenta como inexorable, lo mejor es concretarlo convirtiendo en salario algunos impuestos al trabajo para no afectar la rentabilidad del sector privado. No obstante, creo que se deberían contener al máximo los niveles de consumo. Los contratos con las privatizadas se deben renegociar rápidamente para recomponer la institucionalidad y la confianza. Así se regenerará la inversión genuina sin tener que apostar a la obra pública. Entre las reformas estructurales, se deben incluir una reforma política y una transformación del sistema tributario para lograr que el Impuesto al Cheque y a las retenciones sean tomados a cuenta de IVA y Ganancias".
Carlos Pérez
director ejecutivo Fundación Capital
"Sin aumento de sueldos"
"Se deberán resolver cuestiones urgentes que quedaron pendientes de la transición. La reestructuración de la deuda pública es una de las prioridades. Se debe ofrecer un menú variado que les posibilite a los acreedores elegir la opción que menos daño les provoque. Otra prioridad es terminar de compensar a los bancos para poder calificarlos y avanzar con una reforma del sistema financiero. Las tarifas de servicio público se deben ajustar para darles viabilidad a las empresas que se endeudaron en dólares y tienen pesificados sus ingresos. La reestructuración salarial deberá ser resultado del crecimiento económico. Hoy no es factible un aumento de sueldos. En el sector público, el superávit primario llega a 2 puntos del PBI y con una deuda pública reestructurada que incluya una quita del 70 por ciento se necesitaría un superávit de 4 por ciento del PBI para hacerle frente. Por el lado del sector privado, el desempleo opera como una fuerte restricción".
José Luis Espert
Espert y Asociados
"Ampliar el superávit"
"Para recomponer la situación económica en el corto plazo se deberán resolver cuatro cuestiones centrales. El levantamiento del corralón y el mantenimiento de la estabilidad de precios son dos de las condiciones necesarias para empezar a normalizar el sistema bancario. La renegociación de la deuda es otro objetivo fundamental, pero difícil de lograr en el corto plazo porque Argentina necesita una amplia quita para salir adelante y ningún acreedor va a aceptar voluntariamente esa situación. También hay que rever algunas de las pesificaciones de las tarifas de servicio público que se aplicaron, porque sino corremos el riesgo de terminar con una nacionalización masiva de empresas. Es importante tratar de consolidar un superávit fiscal que no se base en tributos distorsivos como el Impuesto al Cheque y las retenciones, porque sino seguiremos en una situación extremadamente endeble".
