Las elecciones y la estabilidad son los puntos favorables
– Los vencimientos no pagados alcanzarían hasta 3500 millones de pesos
– También se adeudan entre 700 y 1000 millones a los exportadores en concepto de
reintegros del IVA
Tras anunciar el levantamiento del corralón y enviar al Congreso el proyecto para compensar a los bancos por la pesificación asimétrica, el Gobierno cree que completó las dos tareas más importantes que le quedaban pendientes.
Y el ministro Lavagna, en público y en privadas reuniones, despidiéndose ya de su cargo, afirma que completó la transición ordenada que había prometido en materia económica.
Pero hay temas pendientes y varios economistas sostienen que las cuentas no están ordenadas.
Quien se siente en el sillón que deja Lavagna deberá lidiar con las deudas con los exportadores en concepto de devolución del IVA, por ejemplo. Según diversos economistas, la cuenta oscila entre 700 millones y 1000 millones de pesos.
"Se habla de 750 millones de pesos que estaban en una agenda de normalización de pagos en el curso de este año, cosa que no está sucediendo", indicó a LA NACION el economista Guillermo Mondino.
José Luis Espert, de la consultora Espert y Asociados, coincide con el piso, aunque eleva el tope de la deuda hasta los 1000 millones de pesos.
Dependiendo de a quién se le pregunte, las órdenes de pago que no se cancelaron -conocidas como libramientos impagos- que incluyen pago a proveedores, cuentas de servicios públicos y contratos, entre otros ítem, alcanza hasta 3500 millones de pesos.
"Esas son las sorpresas más grandes, que se ven en planillas de base caja de los gastos", apunta Mondino. Y él sabe de esas sorpresas, ya que fue jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Economía durante la gestión de Domingo Cavallo.
Estuvo allí durante los últimos nueve meses de la administración de Fernando de la Rúa. "Todos los que hemos pasado por el sector público lo hemos encontrado; es que cuando la situación fiscal aprieta mucho, las deudas se acumulan", justifica.
Roque Fernández, que fue ministro de Economía entre julio de 1996 y diciembre de 1999, dice que los libramientos impagos y el devengamiento de facturas que se demoran "es algo que ocurre, más en una situación en la que no se está haciendo un servicio normal de la deuda".
Coincide con esta visión Juan José Llach, director del área de Economía del IAE, Universidad Austral, y ex ministro de Educación en el gobierno de De la Rúa (uno de los cinco economistas que lo acompañaron al asumir).
"Las cuentas por pagar estarían entre 3000 millones y 3500 millones de pesos, aunque a estas cifras es muy difícil acceder, son maniobras típicas de casi todas las administraciones", asegura. "El pecado original fue devaluar sin programa", dice Llach.
Otro tema que sigue pendiente es el de las tarifas de los servicios públicos, que están en el freezer sin miras de resolución inmediata.
Espert opina que las tarifas deberán aumentar fuertemente, "o habrá que pensar en capital privado doméstico o en el Estado, porque nadie se queda invirtiendo y perdiendo plata.
Si no, le terminarán tirando la llave de las empresas por la cabeza al Gobierno".
Entre los puntos a favor que pasan a la próxima administración, Llach destaca que se controló el desborde social mediante el plan Jefas y Jefes de Hogar, aumentó la rentabilidad de los sectores exportadores y se consiguió el miniacuerdo con el Fondo.
Para Roque Fernández, el único mérito es el llamado a elecciones "para salir de una administración sin liderazgo para resolver cuestiones de fondo". "Se me hace bastante difícil encontrar puntos favorables, ya que, con relación a 2001, la situación fue agravándose y no resolviéndose", concluye.
Espert destaca el crecimiento del 4%, la baja del desempleo y de la indigencia en cuatro puntos. "Todos elementos positivos y consecuencia de que la Argentina no entró en la hiperinflación."
Y Mondino cree que la principal herencia que deja el Gobierno es la liquidez. "Es mucho mejor iniciar el proceso con economía líquida; a las empresas la plata les sale por las orejas; la economía está operativa y sin problemas de pagos". Aunque apunta que "dejan la economía insolvente con problemas sectoriales por resolver".
Problemas crónicos
Otros problemas crónicos que mencionaron los economistas fueron la siempre pendiente reforma del Estado, el desempleo y la adopción de un régimen monetario y cambiario. A ello se suma la renegociación de la deuda externa y la reforma tributaria.
"La presión impositiva formal en el país es salvaje, casi socialista; confisca ingresos para recaudar", ejemplifica Espert.
El ministro de Economía Roberto Lavagna, por su parte, consideró el miércoles que los problemas estructurales de la economía argentina subsistirán por años, pero sostuvo que el país está en la senda correcta. "El próximo gobierno recibirá problemas estructurales y se van a exigir varios años en resolverlos, si se hacen las cosas bien", dijo en declaraciones radiales.
"Uno ve algunos de los programas electorales, que hablan de baja de impuestos, suba de salarios, de obras públicas masivas, que son claramente deseos electorales difícilmente realizables en el corto plazo", advirtió Lavagna. "Nos tenemos que acostumbrar a que (quienes asuman en mayo) hablen de la herencia recibida para explicar por qué no pudieron cumplir con las promesas electorales", añadió.
La Argentina vivió en 2002 la peor crisis económica en un siglo, con un caída de 10,9% del producto bruto interno (PBI) y 20 de los 36 millones de argentinos en la pobreza, que constituyen la deuda social que le queda al próximo gobierno.
