"Las naciones no se suicidan y las economías no quiebran, suelen decir los optimistas para demostrar que por mucho que dure una recesión, el país sigue ahí, con la posibilidad siempre abierta de una recuperación. Cierto, pero pueden caer indefinidamente, aclara José Luis Espert, director de la consultora Espert y Asociados, en Buenos Aires.
Y el veranito que está disfrutando Argentina, advierte, no va a sostenerse si no se aplican profundos cambios. Por eso anticipa nuevos y duros ajustes para el gobierno que asumirá tras las elecciones de abril y teme que una reestructuración de la deuda mal hecha pueda llevar a un nuevo default en pocos años.
Es un espejismo
Una batería de estrictas políticas fiscales y monetarias, a partir del segundo semestre del año pasado, alejó el riesgo casi descontado de una hiperinflación y dio un positivo golpe de expectativas a los agentes económicos. Tras una contracción de 11% del Producto en 2002, para este año se espera un crecimiento cercano a 4%, con una inflación menor al 15%.
Sin embargo, en la misma raíz de esta recuperación estaría el germen de la recaída. Además del cambio de expectativa, una parte de esta recuperación se debe a cuánta basura se ha barrido debajo de la alfombra, grafica Espert.
Problemas como la renegociación de la deuda pública, reconstruir un sistema financiero prácticamente quebrado y la violación masiva de contratos con las empresas privatizadas y los ahorristas bancarios se han ido postergando y las tensiones preelectorales no resultan tampoco propicias para abordarlos. Estamos asistiendo a una recuperación de la economía importante pero de ninguna manera se han generado las condiciones para un crecimiento sostenido.
El jefe del gabinete argentino, Alfredo Atanasof, reconoció que la renegociación de la deuda pública podría no llegar este año. El anuncio cayó como una bomba en los acreedores extranjeros, pero según Espert, el vocero del gobierno todavía podría estar siendo demasiado optimista.
Otra vez default
A comienzos de 2002 el gobierno argentino suspendió el pago
de la deuda externa con acreedores privados y se declaró en incumplimiento. El total de la deuda pública de Argentina asciende hoy a unos US$ 150 mil millones y representa 150% del PIB. Estos compromisos financieros se desglosan en US$ 50 mil millones con acreedores externos, US$ 40 mil millones con organismos multilaterales y US$ 60 mil millones con residentes argentinos, mayoritariamente bancos y fondos de pensiones.
Para ir amortizando estas obligaciones, con una tasa de interés promedio de 6%, el gobierno tendría que generar un superávit fiscal primario de 9% del PIB, frente al 2% que ha logrado acumular en medio de la actual bonanza. En opinión de Espert, una reestructuración exitosa hoy tendría que considerar una merma de 100 puntos del PIB, unos US$ 100 mil millones en términos de valor presente. Algo que se ve extremadamente difícil.
Tradicionalmente, los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) no asumen el grueso de un haircut. Por otra parte, una quita importante sobre la deuda interna terminaría de botar al sistema financiero: 60% de los activos totales del sistema bancario corresponden a títulos públicos.
Lo único que queda entonces es poner todo el peso sobre los acreedores privados externos. Considerando, sin embargo, que los compromisos en este caso ascienden a US$ 50 mil millones, ni siquiera una condonación total alcanza para rebajar los US$ 100 mil millones que el gobierno necesita sacarse de encima. Si todo esto no se resuelve de la manera adecuada, anticipa, todo el trauma del incumplimiento de la deuda a comienzos de 2002, se podría repetir.
Si Argentina no logra una reestructuración con una quita en términos de valor presente neto sustancial, el gobierno va a estar incumpliendo otra vez su deuda en menos de cinco años a partir de la reestructuración. Dado la enorme quita que hoy habría que hacerle a la deuda pública, cosa que ningún acreedor va a aceptar, la negociación será muy prolongada.
Tampoco se avizora una rápida solución para el incumplimiento
de contratos con las compañías privatizadas. En el fragor de la crisis, en enero de 2002, el gobierno decretó el congelamiento de las tarifas para los servicios básicos. Esto, a pesar de una devaluación del peso de 70% en el año. Reestructuración de la deuda, incumplimiento de contratos y crisis financiera. Los argentinos no debemos engañarnos con el espejismo del 2003. Todos estos problemas, de ninguna manera están resueltos y van a conspirar contra el crédito externo de Argentina por el lado del default o contra la inversión extranjera directa por el lado de las compañías privatizadas.
El ajuste que falta
Pero como si no fueran suficiente desafío por sí mismos, estos tres retos se dan en medio de una tensa competencia por las elecciones presidenciales programadas para el 27 de abril.
El nuevo gobierno que surja de los comicios, tendrá la enorme responsabilidad de renovar el acuerdo alcanzado con el FMI para el primer semestre de 2003. Tendrá que empezar prácticamente de cero, pero dado el superávit para el año que se ha sugerido en el acuerdo, las futuras autoridades se enfrentan a la necesidad de un nuevo ajuste. Dependiendo de quién gane las elecciones, serán las perspectivas de aplicar los controles fiscales.
Si gana la derecha podría ser más fácil, si gana la izquierda, definitivamente más difícil.
En todo este tema hay mucha incertidumbre, pero lo que sí tiene claro Espert es que los políticos argentinos han aprendido que la hiperinflación y el dólar volátil los mata políticamente. Para los que resta del año, no es probable que el resultado electoral vaya a afectar considerablemente la tregua que disfruta la economía argentina. El problema será sostener lo bueno que se ha logrado este año en los que quedan por venir.
