Si se aplicara el famoso tango de Discépolo, “Cambalache”, a la manera con la que los sucesivos gobiernos nos informan sobre las cuestiones de impuestos y gastos públicos, la frase sería: “La situación fiscal es y será una mentira”.
Los diez años que ya casi han pasado de convertibilidad, permiten llegar a la anterior y lamentable conclusión ¿Por qué? En primer lugar, apenas comenzó el plan que fijó en 1×1 el valor del dólar en pesos, muchas veces las cuentas oficiales consideraban que los desembolsos cash en dólares por privatizaciones eran impuestos.
Segundo, la consolidación que se hace del resultado del BCRA es “de terror”: se pone su resultado pero el gasto público del ente emisor brilla por su ausencia.
Tercero, el déficit de las Provincias fue incorporado recientemente después de 10 años de acuerdos ininterrumpidos con el FMI solamente como una meta indicativa, o sea, “pour le gallerie”. Además, la deuda pública oficial que Argentina le “vende” al mundo jamás incluye las deudas provinciales, subestimando el pasivo del sector público en más de $20.000 millones.
Cuarto, el no haber considerado nunca a la emisión de BOCON para consolidar deuda, como gasto público del período en el cual se emite el título.
Ficción
Las cifras que se hacen públicas sobre la situación fiscal de Argentina son una ficción numérica porque están sustentadas en una situación de permanente “no pago”. El problema es que cuando la estafa de no pagar es insostenible, aparece un BOCON reconociendo esa deuda de golpe y todo el esfuerzo fiscal que se hizo por un lado “reventando” a la gente para que pague impuestazos, se evapora por otro al colocar más deuda pública.
El “inocente” reconocimiento (vía BOCON) de deuda pública contraída en el pasado para “falsear” los números fiscales, es más intereses de la deuda pública, o sea, más gasto público. Además, el propio FMI, que no se ha caracterizado por ser un “duro” con Argentina desde 1991, considera desde hace años que la emisión de bonos hoy para consolidar deuda vieja es más gasto público hoy, aunque sea un bono que pague todos los intereses a su vencimiento en el año 3.000.
El motivo tiene su racionalidad económica. El impacto “macro” de la deuda pública es cuando el que tiene la acreencia contra el Estado puede afectar la demanda agregada. Esto ocurre cuando el proveedor de un servicio público recibió el bono de deuda que puede poner en el banco como garantía de su préstamo para comprarse la casa o el auto.
El problema es que la Procuración del Tesoro de la Nación (ver cuadro adjunto) ha anunciado que las demandas contra el Estado hoy suman $19.500 millones. Al mismo tiempo, el proyecto de ley de emergencia que el Ejecutivo ha enviado al Congreso dice que se consolidan todas las deudas del Estado al 31 de diciembre de 1999. En buen romance, todo esto significa que en el futuro puede haber una seguidilla de emisiones de BOCON que sumen $19.500 millones.
Entonces, puede haber un aumento del gasto público de $19.500 millones (30% más). Además, es importante tener en cuenta que entre 1991 y 1999 se emitieron $30.000 millones. Si todavía nos quedan $19.500 millones, quiere decir que vamos a aumentar en un 65% lo ya emitido.
Inconsistencias
Y ahora viene una discusión más de fondo todavía.
En la Argentina decimos dos cosas que son totalmente inconsistentes entre sí. Por un lado, dado que en el tema BOCON está involucrado el interés federal, las demandas contra el Estado pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, hasta la máxima jerarquía judicial de un país. Conclusión, todo el tema de los juicios contra el Estado no es “moco de pavo”.
Por otro, casi todo el mundo en Argentina considera al dólar 1×1 como algo tan “sacro” que, la mera sospecha de su alteración, justifica una reacción tan violenta de sus defensores como la de los cristianos en las cruzadas del siglo XI frente a los musulmanes que habían invadido las tierras de Cristo.
No podemos poner en pie de igualdad a dos cosas que se “dan de patadas”, más aún si les damos a cada una y al mismo tiempo la importancia que tiene el átomo para la materia. Si queremos mantener la convertibilidad, no podemos tener un déficit fiscal que, bien medido, ha estado y sigue estando en los $10.000 millones por año. O es una cosa o la otra. Las dos al mismo tiempo no van.
Entonces, cuando el Gobierno anuncia ajustes fiscales que dan miedo por los impuestazos que se le pide a la gente, hay que decir que sirven de poco porque, por otro lado, uno de los grandes sustentos de la mejora es el viejo argumento del “no pago” que al tiempo termina en un BOCON.
En definitiva, no habrá una mejora fiscal relevante, hasta que no se eliminen todas las leyes cuyo incumplimiento por parte del Estado le genera demandas y juicios que después son un BOCON. Esta reforma fiscal es tan importante como las privatizaciones. Por las buenas o por las malas (sin o con crisis) se hará. Hasta ahora, desde el punto de vista fiscal, la convertibilidad ha sido una lamentable oportunidad perdida.
Nota Original: ÁMBITO FINANCIERO | 02/03/2000
