Aunque no la consideran tan fundamental como la Ley Dromi, los economistas consultados por El Cronista coincidieron que la ley de emergencia económica va en el sentido correcto. Sin embargo, alertaron sobre posibles excesos en la emisión de Bocon, como también lo hicieron los financistas.
JUAN ALEMANN
(ex secretario de Hacienda)
La ley de emergencia no es tan importante como lo fue la Ley Dromi, que fue mucho más abarcativa. Esta es más acotada, pero también es importante. En cuanto a la suspensión por 180 días de los juicios contra el Estado, no creo que sea necesario, porque de por sí son muy lentos.
Me parece interesante la idea de consolidar la deuda, porque el Estado tiene deuda oculta que genera intereses y ocupa recursos. Pero en el proyecto no aclararon cuáles serán y a qué interés. También me parecen positivos los cambios laborales, porque dan más flexibilidad.
En cuanto a la creación del fuero penal tributario, creo que mejorará algo la recaudación, aunque no me gusta que se mezcle la parte tributaria con lo penal. No me parece bien que no hayan decidido privatizar los juicios que tiene la AFIP.
MANUEL SOLANET
(ex secretario de Hacienda)
La ley de emergencia tiene elementos similares a la Ley Dromi, aunque aquella era más abarcativa. Ahora se apunta a una racionalización administrativa. Sin embargo, creo que falta un libreto adecuado y una visión coherente del proyecto de reforma administrativa. Por ejemplo, se habla de rescindir contratos o designaciones del año “99, pero lo coherente sería disponer la legislación que permita reestructurar en base a las necesidades funcionales de reforma del Estado y no por la fecha de designación.
Más allá de estos puntos, considero que las medidas son positivas, porque facilitarán una baja del gasto público.
En materia laboral, son pasos en el sentido correcto, aunque lamento que dieron de baja del proyecto, sin ningún argumento, el aumento de la edad jubilatoria de la mujer.
JOSE LUIS ESPERT
(José Luis Espert & Asociados)
No estoy de acuerdo con la ley de emergencia económica por varias razones. El problema fiscal de la Argentina se soluciona admitiendo que el Estado fue un gran estafador que se gastó $ 35.000 millones extra de recaudación durante la Convertibilidad, $ 24.000 millones de lo producido por privatizaciones y la eliminación del déficit cuasifiscal del Banco Central.
El costo del ajuste lo deberían pagar los políticos reduciendo el gasto público diez veces $ 1.400 millones. No estoy de acuerdo con la suspensión de los juicios contra el Estado, porque esto significa un boconazo como el que tendremos ahora por $ 3.000 millones cada dos por tres.
Además, si el Gobierno asegura que la deuda flotante es baja, de $ 1.500 millones, falta transparencia. Estoy de acuerdo con equiparar al empleado público con el privado y con la reforma drástica de que el sindicato no esté en la negociación laboral. Pero la ley de emergencia está a años luz de lo que fue la Ley Dromi.
MARTIN REDRADO
(Fundación Capital)
Vivimos una delicada situación fiscal y tenemos problemas de competitividad, pero no se puede juzgar a la ley de emergencia económica como una Ley Dromi, porque los contextos son diferentes. Más allá del marketing político del proyecto se busca trabajar sobre las expectativas. Pero para lograrlo hay que hacer cosas más concretas. En esa línea va el tratamiento del empleo público.
Me preocupa el monto de la consolidación de Bocon, porque $ 3.000 millones es una cifra alta y tenemos una deuda pública en niveles elevados. Deberían dar un coto a la emisión de Bocon, que no deberían superar $ 1.000 millones anuales. Se necesitan medidas más de fondo, replanteando las funciones del Estado.
ERNESTO O”CONNOR
(Fundación Mediterránea)
Por los objetivos que tiene, creo que la ley de emergencia económica es importante, pero no es tan ambiciosa como la Ley Dromi en ese momento. Se pueden comparar desde el punto de vista que dotan al Ejecutivo de elementos poderosos. Si miramos los indicadores fiscales de la economía, creo que estamos en una emergencia fiscal, pero no es una crisis como la del “89.
Sin embargo, los inversores ven a la solvencia fiscal como un activo y la Argentina tiene un déficit fiscal de 3,7% y una deuda pública de 50% del PIB. En este contexto, es una ley oportuna, porque hay conciencia sobre la necesidad de mejorar el frente fiscal. Pero paralelamente deberían apuntalar la competitividad: la mejor herramienta es el crecimiento vía un aumento de la competitividad.
