Polémica por blanquear el déficit fantasma

Si Roque Fernández sufre a diario por la imperiosa necesidad que tiene el Gobierno de poner en caja el gasto público, su trabajo sería directamente una pesadilla si el Tesoro tuviese un rojo en sus cuentas muy superior al actual.
Ese escenario, para tranquilidad del ministro, no es el que muestran los números oficiales. Pero el panorama podría ser distinto, de variar el enfoque con el que se registran las cuentas fiscales.

Para varios economistas, hay un dato vital que no cierra: la deuda pública creció en los últimos años en una magnitud mucho mayor que el agujero que debió cubrir. Las respuestas a este interrogante están llenas de matices, pero todas describen con diferente intensidad la figura de un déficit fantasma que camina sobre los registros de Hacienda sin tocarlos.

La variación de la deuda pública en 1998 alcanzó a $ 7.700 millones, aunque algunas consultoras hicieron trepar ese número a $ 8.800 millones.
De ese total, apenas $ 4.100 millones es explicado por el déficit fiscal.
Miguel Kiguel, subsecretario de Financiamiento y jefe de asesores de Economía, no esquivó el bulto, pero lo dejó en palabras. "Hay ciertas partidas de la deuda que debieron haberse computado como déficit en su momento o en el período de su documentación. Y si no se hizo, habría que hacerlo en algún momento", declaró.

Sin embargo, comentó a El Cronista que las diferencias entre los dos indicadores públicos se explican más bien por cuestiones metodológicas.
En este punto es donde los economistas consultados abren fuego y dejan sembradas sus dudas.
Kiguel defendió los criterios del Manual de Finanzas del FMI, que recomienda utilizar el esquema de ahorro-inversión por el criterio de base caja. "Algunas operaciones que dan lugar al incremento de deuda se registran, pero bajo la línea, pues corresponden a variaciones patrimoniales", indicó el funcionario.
Tal es el caso de las cuentas que registran "los avales y los ajustes por variación del tipo de cambio", agregó (ver diccionario técnico).

Roberto Cachanosky no estuvo de acuerdo con el tratamiento que el Gobierno le da a diferentes partidas y rebatió con que "los intereses capitalizados y la variación del tipo de cambio son déficit fiscal y tanto los juicios perdidos como los avales caídos deberían registrarse como gasto".
Asimismo, puntualizó que "más o menos los números del 98 son correctos, pero los problemas se arrastran desde mucho antes". Así, entre 1995 y 1998, el déficit acumulado fue de $ 15.000 millones (incluidos los ingresos por privatizaciones), mientras que la deuda pública creció en $ 31.000 millones.
"Evidentemente, esta diferencia no puede ser explicada sólo por variaciones de tipo de cambio ni prefinanciación: acá hay déficit encubierto", enfatizó el economista.

Más contundente aun resultaron las declaraciones del director de Econométrica, José Luis Espert, quien indicó que con "los números oficiales de deuda pública y de déficit fiscal el Gobierno no explicaría $ 2.400 millones de dicho déficit". También fue a fondo, al señalar que "es falso que se haya establecido una cuenta en la que se prefinancien $ 1.400 millones para 1999".
Estos recursos, de existir, "serían aplicables para cualquier fin, como el pago de intereses y la acumulación de reservas". Por otra parte, consideró que "el déficit debería incluir en el cómputo a las provincias, ya que estas sí están estipulados en la deuda pública" cuando tiene garantía del Tesoro.

Otro punto de vista fue el de Mario Vicens, director de MV Macroeconomía, quien relativizó un poco la cuestión.
"Las partidas que pueden llegar a ser discutibles y que podrían contabilizarse en términos estrictos como déficit fiscal, tales como ciertos ajustes al stock de deuda o la capitalización de intereses, son temas de segundo orden." Evaluó como más grave "la tendencia creciente del déficit y de la deuda".
El economista reconoció que "se hicieron muchos avances respecto de la transparencia de la información", aunque haciendo notar que "las cifras oficiales no muestran con total exactitud la condición patrimonial del Estado argentino".

En ese orden, sostuvo que "las cuentas todavía no incorporan la variación de otros rubros de endeudamiento como la deuda de anticipos de IVA, los atrasos con proveedores y algunas contingencias como avales otorgados".