En una contexto recesivo y con la recaudación en caída, la intención revelada ayer por el secretario de Hacienda, Pablo Guidotti, de impulsar en el Congreso la ley de convertibilidad fiscal, que cuenta con media sanción del Senado, aparece como un intento para lograr el respaldo político que permita reducir el gasto público en un año electoral.
De hecho, si la ley estuviera en vigencia, y operando con las metas de déficit fiscal de 1% del PBI, como propone Economía, le significaría al Estado un esfuerzo por reducir el gasto que el mismo Guidotti admitió no poder llevar a cabo.
Según los cálculos del economista José Luis Espert, director de Econométrica, "si estuviera en vigencia la ley de convertibilidad para este año, habría que reducir el déficit en 0,7% del PBI, que significa una baja de $ 2.000 millones respecto del estimado de $ 5.900 millones, 1,7% del PBI".
El analista señaló que "estos $ 2.000 millones más que compensan la baja de la recaudación impositiva", por lo que la única alternativa para alcanzar la meta sería un recorte del gasto público.
Sin embargo, Espert opinó que "no veo que el equipo económico tenga la voluntad y fuerza política como para hacer esa reducción y, en este contexto, la convertibilidad fiscal sería una quimera".
Al respecto, la diputada del PJ y ex ministra de Economía de la provincia de Mendoza, Ana María Mosso, indicó a El Cronista que "$ 2.000 millones es mucho, pero no hay margen para tener un déficit de $ 6.000 millones como se está hablando".
La diputada recordó que está en vigencia "la Ley de Administración Financiera, que exige que para devengar los gastos existan los recursos. Por este medio, el Ministerio de Economía puede bajar el gasto".
Un punto clave en la negociación del proyecto en el Congreso es la fijación de la meta de déficit fiscal en porcentaje del PBI, ya que estipularla en 1% del PBI, en un contexto recesivo, parece demasiado exigente, mientras que 2% del PBI, como está previsto en el proyecto aprobado por el Senado, es demasiado laxo.
Al respecto, Mosso recordó que "el proyecto original que presentó el senador José de la Sota preveía un déficit fiscal de 1% del PBI, pero las negociaciones en el Senado lo elevaron a 2%". Sin embargo, admitió que "sería deseable pautar la meta en 1%, pero no creo que sea posible para este año".
Por tal motivo, consideró que "de acuerdo a la situación fiscal actual, sería más razonable impulsar un proyecto como el que presentó el diputado Jorge Luis Remes Lenicov con un margen de déficit fiscal que se reduce en el tiempo, como, por ejemplo, 1,5% de rojo fiscal para el ’99 y 1% para el 2000".
Más allá de los matices que puedan surgir de la negociación, Mosso calificó de positiva la iniciativa del secretario de Hacienda, porque "es una buena señal para el mercado" y opinó que "la propuesta contará con el apoyo de toda la Comisión de Presupuesto de Diputados y, si la Alianza no se opone, no habría problemas de sacar la ley este año".
Sobre la recepción del proyecto por parte de la oposición, tanto el equipo económico como la diputada consideran que tendrá una buena acogida.
Por su parte, el economista de la Fundación Capital, Carlos Pérez, explicó que "comprometer un resultado fiscal exigente con la convertibilidad fiscal y querer operar sobre el déficit fiscal se puede convertir en una utopía y en caso de un incumplimiento llegaría a ser como un boomerang".
En vistas de la situación fiscal argentina, Pérez opinó que "la ley debería establecer metas anuales sobre el gasto sin intereses de la deuda", porque el Estado está en condiciones de controlar esta variable. Pero las de déficit fiscal y de endeudamiento público "deberían ser plurianuales para tener en cuenta las restricciones del ciclo económico" e impediría que la ley se convierta en inalcanzable en años con recesión como el actual.
