El Estado gasta hoy $ 35.000 millones más que hace 7 años

Los que proponen aumentos del gasto público con la excusa de mejorar los ingresos de la clase pasiva o incrementar los sueldos docentes o realizar más obra pública, desconocen que ya hoy el Estado, a pesar que gasta u$s 35.000 millones más (125%) que antes del lanzamiento de la convertibilidad, tiene al grueso de sus empleados mal pagos, a los jubilados con haberes previsionales paupérrimos y miles de evacuados por las inundaciones sin recibir una respuesta adecuada.
Entonces, a priori, más gasto público es sinónimo de ninguna mejora en nada.

Luego de 7 años de vida, es claro que la ley de convertibilidad ha sido una regla de espectacular importancia para salir del caos macroeconómico y crecer a tasas nunca antes vista en nuestra corta historia como Nación, pero también es verdad que ha sido absolutamente inútil para generar un comportamiento fiscal razonable y sostenible sin demasiados conflictos a lo largo del tiempo.

Esto es así porque como puede verse en el cuadro adjunto, ya a los 9 meses de haberse puesto en marcha la convertibilidad, las erogaciones del Estado consolidando Nación, Provincias y el Banco Central (aún sin incluir los intereses de la deuda pública) estaban 25% (u$s 6.300 millones) por arriba del primer trimestre de 1991. Un año después, en 1992, ya la superaban en 60%, en 1993 por 90% y en 1994 por 120%.

O sea, casi 4 años después (1994) de lanzada la convertibilidad, el gasto público se había más que duplicado, absorbiendo todo el aumento de recaudación de impuestos por u$s 33.000 millones que se había producido desde abril de 1991 y haciendo que el fisco tuviera casi el mismo resultado fiscal que antes de la fijación del tipo de cambio 1×1 por ley.

Esta situación es incomprensible, salvo mediando un comportamiento fiscal absolutamente irresponsable (como realmente ocurrió) en el período 1991-1994 y que está en el "centro" de muchos de los problemas que la economía argentina tiene en la actualidad: baja tasa de ahorro, apreciación real del tipo de cambio, distorsiones de precios relativos, prociclicidad en el crecimiento económico, alícuotas impositivas salvajes y altísima evasión.

A partir de 1995 comienza a tener sus efectos fiscales adversos la privatización del sistema previsional que le "quita" al fisco los aportes de aquellos que optaron por el régimen de capitalización privado y genera un costo fiscal anual de u$s 4.200 millones. Es verdad que esta cifra es similar al déficit fiscal que tiene hoy la Argentina pero es una manipulación grosera de las estadísticas afirmar, como se hace a veces, que esta es "la" causa del desequilibrio de nuestras cuantas públicas.

La verdadera razón del déficit fiscal de hoy es que la enorme credibilidad ganada con la estabilidad de precios por la ley de convertibilidad dio pie, en el período 1991-1994, a un expansionismo fiscal desmesurado que se "tragó" u$s 33.000 millones de recaudación adicional respecto del primer trimestre de 1991, dejando a las cuentas públicas igual que en 1990 cuando todavía seguíamos en una situación casi hiperinflacionaria que había comenzado en 1989.

Luego, encima de "llovido, mojado" porque aparece la privatización del sistema previsional con un costo fiscal parecido al desequilibrio de las cuentas públicas de hoy.
Es recién a partir de 1996 que hubo más cuidado en el manejo del gasto público y no en vano, con más recaudación por la recuperación económica post tequila y el paquete impositivo de setiembre de 1996, ha habido una sensible mejoría en la situación fiscal que se extiende hasta hoy.

Entonces, a pesar que el Estado gasta en el presente u$s 35.000 millones más (125%) que antes del lanzamiento de la convertibilidad, en general, no hay empleados públicos ricos, ni ningún jubilado que no se queje por el pobre haber previsional que percibe y los u$s 4.000 millones que se gastan en obra pública no han servido para mitigar mínimamente el desastre natural que ocurre hoy en nuestro país por la corriente del Niño.

Por lo tanto, las "iluminadas" mentes que hoy proponen financiar el aumento de salarios a los docentes, la mejora en los haberes de la clase pasiva y la construcción de autopistas con más impuestos a los autos o aumentando los gravámenes que pesan sobre los combustibles o reduciendo la Prestación Básica Universal (PBU), deberían primero justificar en qué salarios el Estado está gastando hoy u$s 12.000 millones más que hace 7 años; en qué jubilaciones hoy se gastan u$s 9.000 millones más que hace 7 años y quiénes son los beneficiarios de u$s 10.000 millones más de transferencias que hace 7 años para recién a partir allí realizar la reasignación correspondiente de gasto público sin aumentar ningún impuesto.

Finalmente y para que no queden dudas de la poca cuidadosa política fiscal que ha existido desde 1991 hasta la fecha (aunque está casi todo concentrado entre 1991 y 1994), vale la pena tener presente algunas cifras que son realmente impactantes. Antes ya se había comentado que el aumento de las erogaciones del Estado era de u$s 35.000 millones respecto del inicio de la convertibilidad. Esa cifra era en dólares corrientes. Si se la ajusta por la inflación americana se obtienen u$s 31.000 millones en dólares constantes.

A precios constantes domésticos (precios combinados), el aumento fue de u$s 25.000 millones y si se toma en cuenta el crecimiento en términos del PBI fue de u$s 10.000 millones.