Las metas para una reforma laboral exitosa son claras: reducir el costo laboral para que den ganancias de competitividad y per-mitir la libre contratación para que no sea solo la cantidad de empleo, variable de ajuste ante la recesión.
La reforma laboral que el Ejecutivo ha enviado al congreso, trata estos tópicos con total liviandad y de hecho, implica un fuerte retroceso respecto de la situación actual. Los cambios en la legislación que pueden reducir los costos del trabajo deberían concentrase en la disminución de los pagos por indemnizaciones por despidos y la baja en los impuestos sobre el salario.
Las modificaciones que se concentran en el tópico de la flexibilidad, deberían promover un mayor grado de negociación empresarial. Primero, las reducciones de los pagos por indemnizaciones por despido por el proyecto de ley del Ejecutivo, al ser diferenciales según si el trabajador proviene da una contratación nueva o vieja, hacen que se produzca un ahorro de costos que es imperceptible.
Al eliminar las modalidades promovidas de negociación, se esta en al peor de los mundos: se va a contratos por tiempo indeterminado sin baja significativa en los costos. Es importante considerar que el millón de puestos de trabajo que se crearon desde el post-tequila fue debido a la existencia de una distorsión que debe ser removida. Esta consiste en el mercado de trabajo dual que tenemos ya que hay un stock de trabajadores con condiciones rígidas de negociación y alto costo laboral y por otro los nuevos puestos de trabajo son con condiciones flexibles y bajo costo laboral.
Lo que debería haberse propuesto en el proyecto oficial es una eliminación da las modalidades promovidas e ir a contratos por tiempo indeterminado pero con una eliminación de la ultraactividad, baja contundente de las indemnizaciones por despido, reducción del preaviso, descentralización de la negociación colectiva y fuerte bajada los costos laborales.
O sea, la idea debería haber sido la eliminación de la distorsión pero hacia más flexibilidad y no menos como ha pensado el Gobierno.
Segundo, no se menciona que las obras sociales sindicales vayan a tener que competir con las de medicina prepaga por lo tanto, seguirán reteniendo el 6% sobra los salarios brutos y manteniendo el enorme peso de los costos laborales.
Tercero, en materia de negociación colectiva el proyecto concentra la discusión de las condiciones laborales.
En efecto, se establece que si un convenio de la empresa o de rama no es renovado e su vencimiento, entonces caduca a los 90 días y pasa a aplicarse la convención colectiva de ámbito mayor.
Esto va absolutamente contramano de lo que está ocurriendo en los hechos si tenemos en cuenta que en el último año el 80% de los convenios colectivos firmados fueron a nivel de empresa.
O sea, el proyecto del Ejecutivo es arcaico respecto de lo que se necesita en el contexto en el que está ubicado el país: necesidad de abrirse al mundo para aprovechar las ganancias del comercio internacional y darle la mayor flexibilidad posible a todos los mercados, incluido el de trabajo, debido a la gran rigidez que implica un plan de convertibilidad.
En este sentido es importante puntualizar que una reforma laboral es una reforma estructural absolutamente necesaria y no una medida de corto plazo pera aumentar al empleo, por lo tanto, tampoco es serio que sea planteada como la panacea para la creación de puestos de trabajo o la manera adecuada de solucionar nuestro serio problema externo.
Nota Original: DIARIO PERFIL | 17/05/1998
