Si la tasa de crecimiento de la economía no se mantiene en el 6% del segundo semestre del presente año y el Gobierno no asume las dificultades de financiar este nivel de gasto público reduciéndolo drásticamente, la reforma laboral impulsada exigirá un ajuste demasiado costoso en el sector privado.
De todas maneras, no hacer nada con la legislación laboral actual implica intentar perpetuar una tasa de desempleo insostenible.
Por lo tanto, “dar vuelta” las inconsistencias de política macroeconómica cometidas en los últimos seis años será conflictivo, aunque necesario.
Después de la hiperinflación y la Ley de Convertibilidad, el verdadero numerario de nuestra economía pasó a ser el dólar, por lo tanto, una política económica consistente con la fijación nominal del tipo de cambio y una drástica apertura de la economía de la totalidad de la balanza de pagos (cuenta comercial y financiera), hubiera requerido de un congelamiento nominal del gasto público y de una gran flexibilidad en todo el sistema de precios de los bienes no comerciados internacionalmente.
Esto último implicaba desregular desde Abril de 1991 el mercado laboral y no fijar en dólares las tarifas de los servicios públicos, entre otras cosas.
Desde el lanzamiento de la convertibilidad hasta Abril de 1996 (seis años), la economía creó solamente 100.000 empleos (aumento del 1% sobre los existentes a fines de Octubre de 1990) que, en su totalidad, son no plenos dado que son puestos de trabajo de menos de 35 horas semanales (los empleos plenos cayeron en 660.000 y los no plenos crecieron en 760.000).
De esta manera, todo el aumento de la tasa de desocupación en el período (desde 6,3% en Octubre de 1990 a 17,1% en Abril de 1996), se explica por las 1.700.000 personas que se incorporaron a la Población Económicamente Activa y no encontraron trabajo (el aumento de la fuerza laboral total fue de 1.800.000 personas). Los desocupados en Abril pasado eran 2.500.000 y si tomamos en cuenta también a los subocupados (1.800.000), el total de personas con problemas de empleo en Argentina en Abril de 1996, era de 4.300.000.
Actualmente, la estructura de la negociación de las condiciones de trabajo es piramidal: cada escalón fija un mínimo salarial a partir del cual comienza la siguiente instancia en la negociación. El primero está constituído por las leyes de contrato de trabajo que fijan un piso remunerativo, en general, irrenunciable.
El segundo piso es el fijado por los convenios colectivos de trabajo que, en general, son por rama o por actividad y ultractivos (rigen indefinidamente en la medida que no se firme uno nuevo). Dado que hay pocas diferencias entre la legislación y los convenios colectivos, ambos forman un compacto regulatorio extremadamente importante que hace que la tercera instancia de la negociación salarial, el acuerdo en la empresa, esté todavía sumamente acotado.
Los objetivos del proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso, respecto de la negociación salarial, son varios pero, el fundamental, es lograr que en la discusión a llevarse a cabo en las empresas entre los dueños del capital y los propietarios del factor trabajo, el único piso salarial este constituído por las leyes de contrato de trabajo. De esta manera, se obviaría en los hechos a los convenios colectivos que son los que impiden el necesario funcionamiento del sistema de precios en el mercado laboral.
Toda reforma estructural, en general, no permite obtener resultados inmediatos respecto del objetivo que busca atacar. Pensar lo contrario, es una importante equivocación.
Ejemplo: la eliminación del Estado Empresario es una sana medida de política económica de tipo estructural ya que ayuda a una mejor asignación de recursos, pero fue un error enorme por parte del Gobierno haberla planteado como la solución para el problema fiscal de la Argentina porque después de siete años de convertibilidad (incluyendo a 1997) y medido de una manera estrecha, seis años tendrán déficit fiscal y solamente uno experimentó superávit (1993).
Con la reforma laboral puede pasar lo mismo. El desempleo es posible que baje en el corto plazo por razones estacionales (en Octubre es más bajo que en Abril/Mayo) y porque la gente que está buscando trabajo (que es la que se incorporó a la Población Económicamente Activa en los últimos seis años), por desaliento deje de buscar. Pero, estructuralmente, la reforma no debe ser pensada como un medio para solucionar el problema del desempleo ya y ahora. Al menos sin mucho dolor.
Y aquí es donde aparece uno de los grandes temas de política económica del momento. Si la modernización o flexibilización de las relaciones de trabajo no fue planteada mucho antes es porque se sobrestimó la consistencia de la política económica que se estaba llevando a cabo. Plantearla hoy con el nivel de desempleo existente y con las dificultadas para mantener la entrada de capital total en general y privada en particular del período 1991-1994, implica estar reconociendo la existencia de un problema de tipo real de cambio no menor que por primera vez la
Argentina debe solucionar sin alterar el tipo nominal de cambio. Esto es así porque la devaluación es un instrumento de política económica que hemos perdido por la hiperinflación, la Ley de Convertibilidad y la indebida “sacralización” del dólar que se ha realizado en estos años.
Después de todo si en una economía hay n bienes, habrá n-1 precios relativos y el tipo real de cambio no es más que el precio relativo entre bienes comerciados internacionalmente y los no comerciados internacionalmente. No es serio negarse a hablar del problema de precios relativos que tiene la Argentina porque al mismo tiempo, sin decirlo explícitamente, el Gobierno lo está reconociendo al pensar hoy y no hace seis años en esta reforma laboral que, para que sea exitosa en términos de reducir el desempleo, debe permitir que el sistema de precios funcione en el mercado de trabajo.
¿Hacia dónde puede ir el precio del factor trabajo con el nivel de paro existente para que el desempleo se reduzca de manera estructural (aumentando los puestos de trabajo plenos) y significativa?. Justamente no para arriba.
Por lo tanto, cuanto más éxito tenga la reforma laboral en el corto plazo en términos de reducir el desempleo, más ajuste hacia abajo (del que ya existe) tendrá que producirse en los salarios nominales. De todas maneras, y que quede claro, la alternativa no es mucho mejor dado que significaría perpetuar un nivel de desempleo extremadamente alto y creciente.
Hay dos factores que pueden hacer que la hipotética reducción de la tasa de desempleo no sea tan costosa para el sector privado. Por un lado, que la tasa de crecimiento de la economía se mantenga por mucho tiempo por encima de los niveles de 6% del segundo semestre de 1996, lo cual no es nada fácil. Por otro, que el Gobierno ayude desde la política económica al ajuste en el sector privado. ¿Cómo?. Bajando drásticamente el gasto público, para tener margen para reducir impuestos al trabajo (y otros) y además mantener el déficit fiscal en niveles financiables (pedir su eliminación, para este Gobierno, parece demasiado).
Obviamente, esto requeriría que el Gobierno asuma la inconsistencia seria de política económica que ha sido aumentar el gasto público u$s 30.000 millones (123%) desde el lanzamiento de la convertibilidad en salarios y jubilaciones (cuando al mismo tiempo se abre drásticamente la economía y no se desregula el mercado de trabajo), lo cual es tan duro y costoso políticamente como el ajuste de salarios que hay y habrá en el sector privado con la reforma laboral.
Como vemos, aún con todo el financiamiento que hemos y seguimos teniendo del mercado internacional de capitales, los costos de tomar medidas de política económica conflictivas entre sí, aparecen de manera cruel en algún y necesario momento.
Ámbito Financiero – Pág. 12 – 1 de Noviembre de 1996
