Las imprudencias fiscales se pagan

Desde el punto de vista de la economía normativa (la economía del "sabe ser"), los déficits fiscales siempre son perjudiciales para la salud de una economía, porque producen distorsión de precios relativos (apreciación del tipo real de cambio), baja tasa de ahorro interno volatilidad en la tasa de crecimiento de la economía, desempleo, etc.

Ésta afirmación es válida aunque sean financiables (concepto de corto plazo) y/o sostenibles (concepto de más largo plazo), dado que éstas dos ideas no tienen que ver con los efectos nocivos de los desequilibrios públicos sino con la existencia o no de recursos que inviten la necesidad de realizar ajustes fiscales violentos en medio de crisis de credibilidad sobre la política económica.

En el terreno de la economía positiva (la economía de los hechos y realidades) queda claro que los déficits fiscales existen, a pensar de ser intrínsecamente malos (la argentina, luego de 6 años de convertibilidad tuvo, 5 con déficit fiscal como se muestra en el cuadro adjunto). Los gobiernos disponen de tres maneras de financiarlos y/o sostenerlos, todas ellas con sus consecuencias particulares indeseables (y allí es cuando aparece la relevanción de la economía normativa).

Si se emite moneda desde los bancos centrales, generan inflación (con enormes costos en términos de bienestar económico).Si se emite deuda colocada internamente, producen un "efecto desplazamiento" en la producción de bienes y servicios del sector privado, lo que conspira contra el crecimiento de la economía.
Finalmente, si se los financia y/o sostiene con la colocación de deuda a no residentes (caso argentino desde el lanzamiento de la convertibilidad), en el corto plazo no se pagan los costos económicos de los mismos (siempre que no exista un efecto tequila), pero en el largo plazo indefectiblemente si porque cuando el ciclo de negocios internacionales, de deprimido pasa a expansivo (y ello en algún momento ocurre) se reduce la disponibilidad de fondos para enjugarlo (desde el 4/02/94, cuando la FED comienza a inducir subas en la tasa de los fondos federales) y hay que reducir el gasto interno (el PBI argentino cayó 4.4% en 1995 y crecería alrededor del 3% alrededor de 1996) para ajustarse a una menor restricción presupuestaria.

La estructura de financiamiento del déficit fiscal argentino desde el lanzamiento de la convertibilidad, claramente orientada a traer recursos externos (la suma de los préstamos de organismos internacionales, privatizaciones en efectivo y rescate de papeles de deuda a valor nominal en el período 1991/1995 es de casi U$S 31.000 millones), explica por qué la polémica fiscal expansiva explicada, tuvo su principal impacto sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos (el déficit promedio de ésta última fue de U$S 7.300 millones anuales en el período 1992/1994) y no tanto sobre la tasa de interés doméstica, la tasa de inflación y la disponibilidad de crédito del sector privado no financiero (éste crédito creció a una tasa promedio acumulativa anual de casi 30% desde el lanzamiento de la convertibilidad.

La política fiscal desde el mismo inicio de la convertibilidad creció de mínimas cuotas de prudencia y ha sido totalmente inconsistente con la fijación del tipo de cambio, la desindexación generalizada de la economía, la fuerte y correcta apertura del comercio exterior y la poca desregulación del mercado laboral: el gasto público primario nominal (el que excluye el gasto en intereses )entre 1992 y el primer trimestre de 1991 ya había crecido un 50% (los precios al consumidor y los salarios nominales entre marzo de 1992 y marzo de 1991 crecieron 30%).

No se tuvo en cuenta que el aumento de la recaudación que se iba produciendo a medida que transcurrían los años posteriores a 1990, era fruto de la entrada de capitales externos que no es más que la deuda que los no residentes estaban dispuestos a colocar en la Argentina y que en algún momento muy probablemente iba a debilitase o transformarse en salida, más en un mundo totalmente globalizado dónde las dispersiones en los movimientos de capital son enormes, Con las consecuencias obvias de profundizar la debilidad de las cuentas públicas al no disminuir las presiones políticas para seguir aumentando el gasto público.

Si se hubiera tenido en cuenta éste punto la consecuencia lógica y automática hubiera sido la existencia de una política económica anticíclica con superávit fiscal en la etapa de expansión de la economía (1991/1994) fruto del aumento/disminución de la recaudación cuando ingresaba/salida capital externo (más con impuestos no distorcivos que correctamente gravan esencialmente los gastos e ingresos corrientes) y un gasto público nominalmente constante. Durante todos y cada uno de los años de convertibilidad.

El argumento que las autoridades económicas sostuvieron en su momento para atacar la idea de la necesidad imperiosa de mantener una política fiscal menos dispendiosa (como se muestra en el cuadro adjunto, el único año con superávit fiscal en el período 1992/1996 es 1993), fue que la presión por tener déficit fiscal desde el ala política era imposible de ser sostenida y aquellos que creían en la necesidad de cortar con superávit fiscal permanentes (ajustados por el ciclo económico) eran políticamente ingenuos.

Hoy la falta de ingenuidad se está pagando con la necesidad de ir al mercado voluntario de deuda (o sea, descontando los préstamos de organismos internacionales, la privatización y la utilización de los depósitos del gobierno) durante 1997 por un monto igual al de 1996: U$S 14.000 millones a pesar de suponer que la economía crecerá el año que viene 4% y que la suma del paquete fiscal de Domingo Cavallo del 12/7/96 y el de Roque Fernández del 12/8/96, le rinden anualmente a la nación U$S 3.000 millones.

Después de haber eliminado el Estado empresario que generaba un costo fiscal de U$S 1.500 millones por año, haber despedido a más de 200.000 empleados públicos solamente en la Nación, haber logrado que la recaudación de impuestos a nivel anual sean hoy U$S 25.000 millones superior al trimestre previo del lanzamiento de la convertibilidad, no debería haber habido ninguna necesidad de volver a anunciar un ajuste fiscal en marzo de 1995 (shock de rusticidad fiscal) y otro un poco más de un año después como el paquete impositivo que hoy está tratando el congreso Nacional.

De la sensación de que la Argentina nunca tiene a la economía del "deber ser" y que solamente se acerca a ella vía anuncios (que nunca se concretan) de ajustes de presupuesto público cuando los déficits fiscales dejan de ser financiables y/o sostenibles. Por supuesto que los costos de ello no son pocos: enorme volátibilidad en la tasa de crecimiento, baja tasa de ahorro privado, a presión cambiaria, crecimiento del diferencial de riesgo que el sistema financiero asigna el sector privado versus el sector público, etc.

¿No sería hora de repensar nuestros instituciones fiscales, si es que ellas existen, para romper con la circularidad de nuestras experiencias de ajuste?