Con más recaudación no alcanza, R. Fernandez deberá gastar menos

El máximo exceso de gasto respecto de sus ingresos que cualquier agente económico puede tener (individuo, familia, banco o empresa), viene dado por los activos que logre vender más la deuda que pueda tomar. Esta es su verdadera restricción presupuestaria.

Para una economía considerada como un todo, la restricción presupuestaria viene dada por la cuenta capital de la balanza de pagos que indica la "apuesta", valuada en dólares, que los no residentes hacen por los residentes.
En otros términos, el ingreso de capitales no es más que la deuda que la economía puede tomar en el extranjero y/o la reducción operada en sus activos contra el resto del mundo
(ej.: la reducción de depósitos en el extranjero por parte de residentes argentinos y el posterior ingreso al país de las divisas).

Los fondos ingresados de esta manera, pueden ser ahorrados (aumento de las reservas internacionales del Banco Central) o gastados (déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos). En éste último caso la erogación puede ser realizada por el sector público (déficit fiscal de la Nación o de las Provincias) o por el sector privado (exceso de inversión respecto del ahorro).

Cuando la tasa de interés internacional se encontraba en el 3% y Argentina privatizaba las empresas públicas con mayor "upside" de capital (ENTel, OSN; SEGBA; YPF; etc.) y crecía a una tasa anual del 7,4%, medida en promedio anual en el trienio 1992-1994, la entrada de fondos externos fue de u$s 9.987 millones (ver el cuadro adjunto), el aumento de las reservas internacionales del BCRA de u$s 2.715 millones y el déficit en cuenta corriente de u$s 7.272 millones se formaba por u$s 1.768 millones de déficit fiscal del sector público consolidado y u$s 5.504 millones de exceso de inversión respecto del ahorro del sector privado.

El efecto tequila provocó que durante 1995 la entrada de capitales cayera a u$s 2.330 millones. Con un déficit fiscal consolidado de u$s 5.529 millones, el ahorro neto del sector privado privado fue de u$s 3.130 millones y la caída en el PBI llegaba al 4,4%.

En ausencia de crisis serias en el Plan de Convertibilidad y para un período relevante para la toma de decisiones, la situación que la Argentina podría esperar desde 1996 en adelante, debido a que la tasa de interés internacional hoy es casi el doble del nivel que experimentó durante el período 1992-1994 y porque ya dejó de privatizar las empresas públicas más valiosas, sería la de una tasa de ingreso de capitales casi un 30% inferior a la del período mencionado anteriormente
(u$s 7.000 millones por año). Sin déficits fiscales importantes (u$s 1.500 millones para el consolidado del sector público), la tasa de crecimiento de la economía, si bien no volvería a los niveles del 7,4%, podría estar cerca del 3,5%/4,0%

Sin embargo, la situación descripta en el cuadro adjunto para 1996 (válida para años subsiguientes) es engañosa debido a que un déficit fiscal para el consolidado Nación-Provincias de u$s 8.300 millones (estimando lo que puede ocurrir en 1996) con una entrada de capital de u$s 7.000 millones, generaría una necesidad de ahorro privado casi tan grande como en 1995 por lo que que sería imposible que la economía creciera.
Además, tampoco se lograría el financiamiento para un déficit fiscal de esa magnitud, por lo que no hay alternativa alguna a ajustar las cuentas públicas de manera profunda. Este es el problema de primer orden hoy en Argentina: ajustar fiscalmente porque cambió la restricción presupuestaria para todo el país que es la entrada de capital.

Lo que nunca debería haber ocurrido es la existencia de casi equilibrio fiscal (u$s 216 millones de superávit fiscal promedio anual) para la Nación (las Provincias, mientras no se elimine la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, no tienen solución a su adicción a gastar cada peso que reciben desde la Nación) durante el período 1992-1994 porque en esos años ya la recaudación de impuestos era más de u$s 10.000 millones anuales superior a la del inicio del Plan de Convertibilidad (neta de la adecuada eliminación de impuestos distorsivos), se había dado de baja, solamente en el Gobierno Federal (o sea, sin tomar en cuenta la reducción de 200.000 empleos públicos por la privatización de empresas públicas), a más de 200.000 personas y finalmente se procedió (correctamente) a la eliminación del Estado Empresario con un ahorro de u$s 1.500 millones anuales netos de los costos de las indemnizaciones por despido que asumió la Nación previo al comienzo del proceso de privatización de empresas públicas.

Posteriormente llegó en setiembre de 1994 la reforma del Sistema Nacional de Previsión Social con un costo fiscal de u$s 2.600 millones anuales (recién a partir de 1995-1996) y la baja de aportes patronales con una pérdida de recursos para la Nación de u$s 1.800 millones anuales (recién desde 1995 en adelante), con lo cual se agregaron desde 1995 u$s 4.400 millones de déficit al casi equilibrio fiscal que se traía del período 1992-1994

La indisciplina fiscal de la gestión económica anterior (la evasión de impuestos que sin dudas debe ser combatida con el máximo rigor no tiene la culpa de haber aumentado el gasto público 60% en dólares desde el inicio de la convertibilidad)
en medio de un importante cambio en el contexto internacional hace que el ajuste fiscal sea extremadamente conflictivo.
En realidad, con un poco menos de populismo se podría haber evitado llegar a una inconsistencia entre la regla cambiaria y la política fiscal similar a la de 16 años atrás con la diferencia que entre al hiperinflación y Ley de Convertibilidad (inepta para frenar el aumento del gasto público aunque útil para evitar el financiamiento monetario de los déficits fiscales) hay que solucionarla de otra manera: recaudando más o bajando nominalmente el gasto público.

La estrategia mostrada hasta ahora por el equipo económico de Roque Fernández es la de generar la idea al que financia el déficit fiscal que la reforma estructural que se está realizando en el sistema impositivo al generalizar y uniformar tasas le garantiza el cobro futuro de sus acreencias. O sea, así como la gestión económica anterior tenía un "puente" en las privatizaciones (para financiar los déficits fiscales) hasta que la política ofertista diera sus frutos de equilibrio fiscal en el próximo siglo, la actual busca el financiamiento del déficit en el corto plazo al eliminar algunas distorsiones (se crean otras) que harán más eficiente la asignación de recursos en el mediano plazo y por esa vía reducir a niveles financiables el déficit fiscal.

El primero mejor hubiera sido dar un ataque más frontal al déficit bajando nominalmente el gasto público (sabiendo que el grueso es salarios y pensiones) asumiendo las dificultades para sostenerlo (la tasa de desempleo del 17,1% "algo" está diciendo de ésto), salvo con tasas impositivas inconsistentes con cualquier parámetro mínimo de eficiencia o con la inadecuada equiparación del evasor al delincuente común. De todas maneras, lo que no se hizo en esta oportunidad se hará en algún momento del futuro.

Como decía Aristóteles: "No viven mucho los lujuriosos". Sin duda, éste parece ser el caso de la Argentina 1992-1994.